CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL

SENTENCIA DE 4 DE JULIO DE 2006

En el caso Ximenes Lopes,

la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Corte Interamericana", "la Corte" o "el Tribunal"), integrada por los siguientes jueces*

Sergio García Ramírez, Presidente;
Alirio Abreu Burelli, Vicepresidente;
Antônio Augusto Cançado Trindade, Juez;
Cecilia Medina Quiroga, Jueza;
Manuel E. Ventura Robles, Juez, y
Diego García-Sayán; Juez

presentes, además,

Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y
Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta;

de acuerdo con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención Americana" o "la Convención") y con los artículos 29, 31, 53.2, 56 y 58 del Reglamento de la Corte (en adelante "el Reglamento"), dicta la siguiente Sentencia.

* El Juez Oliver Jackman informó a la Corte que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y firma de la presente Sentencia.

I

INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA

1. El 1 de octubre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión Interamericana" o "la Comisión") sometió ante la Corte una demanda contra la República Federativa del Brasil (en adelante "el Estado" o "el Brasil"), la cual se originó en la denuncia No. 12.237, recibida en la Secretaría de la Comisión el 22 de noviembre de 1999.

2. La Comisión presentó la demanda en este caso con el objeto de que la Corte decidiera si el Estado es responsable por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes (en adelante "el señor Damião Ximenes Lopes", "el señor Ximenes Lopes" o "la presunta víctima"), por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes, una persona con discapacidad mental; los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de que se indica fue víctima por parte de los funcionarios de la Casa de Reposo Guararapes (en adelante "la Casa de Reposo Guararapes" o "el hospital"); su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico; así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en la impunidad. La presunta víctima fue internada el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psiquiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, la cual era un centro de atención psiquiátrica privado, que operaba dentro del marco del sistema público de salud del Brasil, llamado Sistema Único de Salud (en adelante "el Sistema Único de Salud" o "el SUS"), en el Municipio de Sobral, estado del Ceará. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999 dentro de la Casa de Reposo Guararapes, al final de tres días de internación.

3. Agregó la Comisión que los hechos del presente caso se ven agravados por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapacidad mental, así como por la especial obligación del Estado de brindar protección a las personas que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud que funcionan dentro del Sistema Único de Salud del Estado. Consecuentemente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado que adopte determinadas medidas de reparación indicadas en la demanda y que reintegre las costas y gastos.

II

COMPETENCIA

4. La Corte es competente, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, para conocer el presente caso, en razón de que el Brasil es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de septiembre de 1992 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 10 de diciembre de 1998.

III

PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

5. El 22 de noviembre de 1999 la señora Irene Ximenes Lopes Miranda (en adelante "la peticionaria") presentó una petición ante la Comisión Interamericana contra el Brasil, en la cual denunció los hechos ocurridos en perjuicio de su hermano, el señor Damião Ximenes Lopes.

6. El 14 de diciembre de 1999 la Comisión inició la tramitación de la petición bajo el No. 12.237, y solicitó que el Estado informara sobre "cualquier elemento de juicio que permit[iera] a la Comisión verificar si, en el caso [...], fueron o no agotados los recursos de la jurisdicción interna", para lo que la Comisión concedió al Estado un plazo de 90 días.

7. El 9 de octubre de 2002, durante su 116º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión, en consideración de la posición de la peticionaria y la falta de respuesta por parte del Estado, aprobó el Informe de Admisibilidad No. 38/02. Dicho informe fue transmitido a la peticionaria y al Estado el 25 de octubre de 2002.

8. El 8 de mayo de 2003 la Comisión se puso a disposición de las partes en el marco del procedimiento de solución amistosa.

9. El 17 de octubre de 2003 la Comisión recibió una comunicación de la peticionaria en el cual informó que se tuviera al Centro por la Justicia Global como coticionario en el caso (en adelante "los peticionarios").

10. El 8 de octubre de 2003, durante su 118º Período Ordinario de Sesiones, la Comisión aprobó el Informe de Fondo No. 43/03, mediante el cual concluyó, inter alia, que el Estado es responsable de la violación de los derechos consagrados en los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 25 (Protección Judicial) y 8 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado, por la hospitalización del señor Damião Ximenes Lopes en condiciones inhumanas y degradantes, por las violaciones a su integridad personal, y por su asesinato; y por las violaciones a la obligación de investigar, al derecho a un recurso efectivo y a las garantías judiciales relacionadas con la investigación de los hechos. La Comisión recomendó al Estado la adopción de una serie de medidas para subsanar las mencionadas violaciones.

11. El 31 de diciembre de 2003 la Comisión Interamericana transmitió el Informe de Fondo No. 43/03 al Estado y fijó un plazo de dos meses para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones formuladas en el mismo. Ese mismo día la Comisión notificó a los peticionarios la adopción del informe y su transmisión al Estado y les solicitó a éstos que informaran su posición respecto de someter el caso ante la Corte Interamericana.

12. El 8 de marzo de 2004 la Comisión recibió una comunicación de los peticionarios, en la cual expresaron que era "extremamente importante el envío del caso a la Corte Interamericana,[...] una vez que el Estado a pesar de pocas y eventuales acciones pertinentes al caso, no cumplió con las tres recomendaciones de esa Honorable Comisión, en el informe dirigido al Estado el 31 de diciembre de 2003".

13. Los días 17 de marzo y 18 de junio de 2004 el Estado solicitó a la Comisión la concesión de prórrogas para "implementar las recomendaciones" del Informe de Fondo No. 43/03. Dichas prórrogas fueron otorgadas. En ambas ocasiones el Estado aceptó en forma expresa e irrevocable que la concesión de las prórrogas suspendía el plazo establecido en el artículo 51.1 de la Convención para elevar el caso a la Corte.

14. El 23 de septiembre de 2004 el Estado presentó un informe parcial sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión y el 29 de septiembre siguiente, doce días después de vencido el plazo otorgado, el Estado presentó otra comunicación que contenía la contestación al Informe de Fondo emitido por la Comisión.

15. El 30 de septiembre de 2004 la Comisión decidió someter el presente caso a la Corte.

IV

PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE

16. El 1 de octubre de 2004 la Comisión presentó la demanda ante la Corte, adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial. La Comisión designó delegados a José Zalaquett y Santiago A. Canton, y como asesores legales a Ignacio Álvarez, Ariel Dulitzky, Víctor Madrigal Borloz y Lillly Ching[1] . El 29 de octubre de 2004 la Comisión remitió la demanda en idioma portugués.

[1] Durante el trámite del caso la Comisión realizó cambios en la designación de sus representantes ante la Corte.

17. El 3 de noviembre de 2004 la Secretaría de la Corte (en adelante "la Secretaría"), previo examen preliminar de la demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante "el Presidente"), notificó ésta junto con sus anexos al Estado y le informó sobre los plazos para contestarla y designar su representación en el proceso.

18. El 3 de noviembre de 2004, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.e del Reglamento, la Secretaría notificó la demanda al Centro por la Justicia Global, designado en la demanda como representante de la presunta víctima y sus familiares[2] (en adelante "los representantes") y se le informó que contaba con un plazo de dos meses para presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante "escrito de solicitudes y argumentos").

[2] Durante el trámite del caso se realizaron cambios en la designación de los representantes de la presunta víctima y sus familiares ante la Corte.

19. El 3 de diciembre de 2004 el Estado comunicó la designación de la señora Virgínia Charpinel Junger Cestari como Agente y señaló que se reservaba la prerrogativa de indicar oportunamente a otros representantes para actuar en el referido caso[3] .

[3] Durante el trámite del caso el Estado realizó cambios en la designación de sus representantes ante la Corte.

20. El 14 de enero de 2005 los representantes presentaron su escrito de solicitudes y argumentos, al cual acompañaron prueba documental y ofrecieron prueba testimonial y pericial. Los representantes indicaron que el Estado no cumplió con las obligaciones relativas a la garantía de los derechos tutelados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad  Personal), en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes. Igualmente, señalaron que el Estado había violado los derechos consagrados en los artículos 8 (Derecho a las Garantías Judiciales) y 25 (Derecho a la Protección Judicial) de la Convención, y con la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese tratado, en perjuicio de Damião Ximenes Lopes y sus familiares. Además, solicitaron a la Corte que ordenara el pago de daños materiales e inmateriales, y que ordenara medidas de no repetición, así como que reintegre las costas y gastos.

21. El 8 de marzo de 2005 el Estado presentó el escrito mediante el cual interpuso una excepción preliminar, la contestación de demanda y sus observaciones al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante "escrito de contestación de la demanda"), a lo cual adjuntó prueba documental y ofreció prueba testimonial y pericial.

22. El 29 de marzo de 2005 el Estado designó a los señores Murilo Vieira Komniski, Renata Lúcia de Toledo Pelizón, Carolina Campos de Melo y Cristina Timponi Cambiaghi como agentes alternos.

23. El 6 de mayo de 2005 los representantes y la Comisión presentaron sus alegatos escritos a la excepción preliminar interpuesta por el Estado. Los representantes indicaron que la excepción interpuesta por el Estado es absolutamente extemporánea y no debe ser conocida por la Corte. Por su parte, la Comisión señaló que "[...] no existe razón alguna para reabrir la cuestión de la admisibilidad y [que la Corte] rechace de plano la excepción interpuesta por el Estado; o alternativamente, [...] que la decisión sobre la admisibilidad emitida por la Comisión en el presente caso es conforme con las normas convencionales aplicables, y por lo tanto, no es de recibo la excepción planteada por el Estado".

24. El 22 de septiembre de 2005 el Presidente dictó una Resolución mediante la cual requirió que el señor Milton Freire Pereira, propuesto como testigo por los representantes; y los señores José Jackson Coelho Sampaio, Pedro Gabriel Godinho Delgado, Braz Geraldo Peixoto, Jurandir Freire Costa, Domingos Sávio do Nascimento Alves, Benilton Bezerra Júnior y Luís Fernando Farah Tófoli, propuestos como testigos por el Estado, prestaran testimonios a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). También requirió que los señores Eric Rosenthal y João Baptista Breda, propuestos como peritos por la Comisión, y el señor Dalmo de Abreu Dallari, propuesto como perito por los representantes, aportaran dictámenes a través de declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). El Presidente otorgó a las partes plazo hasta el 24 de octubre de 2005 para presentar todas las declaraciones rendidas ante fedatario público (affidávit). Además, en la referida Resolución, el Presidente convocó a la Comisión, a los representantes y al Estado a una audiencia pública que se celebraría en la sede de la Corte Interamericana a partir del 30 de noviembre de 2005, para escuchar sus alegatos finales orales sobre la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas, así como los testimonios de la señora Irene Ximenes Lopes Miranda y el señor Francisco das Chagas Melo, propuestos por la Comisión; del señor João Alfredo Teles, propuesto por los representantes; y de los señores Luiz Odorico Monteiro de Andrade y Emilio de Medeiros Viana, propuestos por el Estado; así como el peritaje de la señora Lídia Dias Costa, propuesta por los representantes. Por último, la Corte informó a las partes que contaban con plazo improrrogable hasta el 9 de enero de 2006 para presentar sus alegatos finales escritos en relación con la excepción preliminar y eventuales fondo, reparaciones y costas.

25. El 13 de octubre de 2005 el Estado comunicó que designaba al señor Milton Nunes Toledo Junior, como nuevo agente, en sustitución de la señora Virgínia Charpinel Junger Cestari.

26. El 24 de octubre de 2005 la Comisión presentó el peritaje rendido ante notario público por el señor Eric Rosenthal. El 27 de octubre de 2005 la Comisión informó que desistía de la presentación del peritaje del señor João Batista Breda.

27. El 27 de octubre de 2005 el Estado remitió las declaraciones con firma autenticada por notario público de los señores José Jackson Coelho de Sampaio, Braz Geraldo Peixoto, Domingos Sávio do Nascimento Alves y Luís Fernando Farah de Tofóli. Además, informó que el señor Emílio de Medeiros Viana tenía impedimento legal para prestar testimonio, una vez que la legislación interna brasileña "prohibe a los magistrados emitir opinión sobre el proceso que esté bajo su responsabilidad" y remitió una declaración con firma reconocida por notario público rendida por el referido señor. En consecuencia, el Estado solicitó la sustitución del señor Emílio de Medeiros Viana por el señor Gabriel Godinho Delgado, para que el último comparezca como testigo en la mencionada audiencia pública. Por último, el Estado informó que desistía de presentar las declaraciones de los señores Jurandir Freire Costa y Benilton Bezerra Júnior.

28. El 28 de octubre de 2005 los representantes presentaron la declaración con firma autenticada por notario público rendida por el señor Milton Freire Pereira.

29. El 9 de noviembre de 2005 la Comisión presentó sus observaciones a las declaraciones de testigos y peritaje remitidas por el Estado y los representantes, así como respecto a la solicitud de sustitución de un testigo por parte del Estado. La Comisión observó que la declaración del señor José Jackson Coelho Sampaio "no es en realidad un testimonio [...], sino que corresponde en realidad a un informe pericial" y que "él no fue convocado como perito por el Tribunal". De esta forma, la Comisión estimó que las conclusiones u opiniones del señor Coelho Sampaio no deben ser considerados como prueba y que el Tribunal no debe considerar los otros elementos de su declaración como prueba suficiente para acreditar, por sí misma, hecho alguno en el proceso. En lo relativo a la sustitución del testigo propuesta por el Estado, la Comisión consideró que aunque el testigo Emílio de Medeiros Viana no comparecerá a la audiencia pública, el Estado ya presentó su declaración por escrito, así que "lo que ha habido es un cambio en la modalidad de declaración del testigo [...] por lo que no procedería sustituirlo". No presentó observaciones respecto a las declaraciones de Braz Geraldo Peixoto, Domingos Sávio do Nascimento Alves, Luís Fernando Farah Tófoli y Milton Freire Pereira, pero mencionó que se reservaba el derecho de efectuar observaciones en oportunidades procesales futuras.

30. El 9 de noviembre de 2005 los representantes presentaron sus observaciones a las declaraciones de los testigos y peritaje remitidas por las Comisión y por el Estado. Los representantes indicaron, en cuanto a la solicitud del Estado de que la Corte admita como prueba la declaración del señor Emílio de Medeiros Viana, que la misma no debe ser acogida una vez que ese señor se encuentra impedido por las normativas del derecho interno de prestar testimonio sobre el caso. Asimismo, los representantes objetaron la sustitución del testigo de Medeiros Viana por Pedro Gabriel Godinho Delgado propuesta por el Estado, por considerar que no tiene justificativa y produce un desequilibrio procesal entre las partes que les podría causar perjuicios. Los representantes hicieron algunas observaciones a las declaraciones rendidas por los señores José Jackson Coelho Sampaio, Domingos Sávio do Nascimento, Alves Braz Geraldo Peixoto y Luís Fernando Farah de Tófoli. El 11 de noviembre de 2005 los representantes presentaron el dictamen del señor Dalmo de Abreu Dallari.

31. El 18 de noviembre de 2005 el Estado designó al señor Sérgio Ramos de Matos Brito como agente alterno del Estado y solicitó que la Corte se pronunciara en la audiencia pública sobre la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado (supra párr. 21).

32. El 24 de noviembre de 2005 la Corte dictó una Resolución, mediante la cual convocó el señor Pedro Gabriel Godinho Delgado, propuesto por el Estado, para que compareciera como testigo en la audiencia pública convocada para el 30 de noviembre de 2005 (supra párr. 24).

33. El 29 de noviembre de 2005 la Corte dictó una Resolución, mediante la cual resolvió encargar a su Presidente, Juez Sergio García Ramírez, a su Vicepresidente, Juez Alirio Abreu Burelli, al Juez Antônio Augusto Cançado Trindade, a la Jueza Cecilia Medina Quiroga y al Juez Manuel E. Ventura Robles, para que asistieran a la audiencia pública convocada en el presente caso (supra párr. 24).

34. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 se celebró la audiencia pública en la cual comparecieron ante la Corte: a) por la Comisión Interamericana: los señores Florentín Meléndez, Ignacio J. Álvarez, Víctor Madrigal Borlotz, Leonardo Jun Ferreira Hidaka, y la señora Lilly Ching; b) por los representantes: los señores James Louis Cavallaro y Fernando Delgado, y las señoras Renata Verônica Côrtes de Lira y Deborah Popowski; c) por el Estado: los señores Milton Nunes de Toledo Junior, Francisco Soares Alvim Neto, Christiano Sávio Barros Figuerôa, Alfredo Schechtmann y Alexandre Pinto Moreira, y las señoras Maria Luiza Ribeiro Viotti, Carolina Campos de Melo, Renata Lucia de Toledo Pelizon y Márcia Adorno Ramos. La audiencia pública se idió en dos partes. En la primera parte de la audiencia pública el Estado, la Comisión y los representantes se refirieron a la excepción preliminar interpuesta por el Estado.

35. El mismo 30 de noviembre de 2005 la Corte dictó Sentencia sobre la Excepción Preliminar, en la cual resolvió:

1. Desestimar la excepción preliminar de no agotamiento de los recursos internos interpuesta por el Estado.

2. Continuar con la celebración de la audiencia pública convocada mediante Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 22 de septiembre de 2005, así como los demás actos procesales relativos al fondo, y eventuales reparaciones y costas en el presente caso.

[...]

36. La Sentencia sobre la Excepción Preliminar fue notificada a las partes y se continuó con la celebración de la segunda parte de la audiencia pública. Al inicio de ésta, el Estado manifestó su reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en el presente caso (infra párrs. 63 y 66). Al respecto, tanto la Comisión como los representantes se refirieron al reconocimiento efectuado por el Estado (infra párrs. 64 y 65). Luego la Corte decidió continuar con la audiencia pública para escuchar los testimonios y peritaje de las personas que habían sido convocadas a comparecer ante el Tribunal y escuchar los alegatos finales en relación con el fondo, y las eventuales reparaciones y costas, teniendo en cuenta el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado. El testigo João Alfredo Teles Melo presentó algunos documentos al rendir su declaración. Asimismo, durante la audiencia pública los representantes y el Estado presentaron algunos documentos.

37. El 23 de diciembre de 2005 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos. El 4 de enero de 2006 la Comisión remitió los anexos a dichos alegatos e indicó que éstos corresponden a documentos producidos con posterioridad a la presentación de la demanda y que, por lo tanto, son prueba superviniente, de conformidad con el artículo 44.3 del Reglamento.

38. El 9 de enero de 2006 los representantes y el Estado remitieron sus alegatos finales escritos.

39. El 13 de junio de 2006 la Secretaría requirió a la Comisión, a los representantes y al Estado, siguiendo instrucciones del Presidente, de acuerdo con el artículo 45 del Reglamento, ersos documentos como prueba para mejor resolver.

40. El 22 y 26 de junio de 2006 la Comisión y los representantes, respectivamente, remitieron parte de la prueba para mejor resolver. Los días 26 y 28 de junio de 2006 el Estado presentó parte de la prueba para mejor resolver.

V

PRUEBA

41. Antes de examinar las pruebas ofrecidas, la Corte realizará, a la luz de lo establecido en los artículos 44 y 45 del Reglamento, algunas consideraciones desarrolladas en la propia jurisprudencia del Tribunal y aplicables a este caso.

42. En materia probatoria rige el principio del contradictorio, que respeta el derecho de defensa de las partes. Este principio se recoge en el artículo 44 del Regamento, en lo que atañe a la oportunidad en que debe ofrecerse la rueba para que haya igualdad entre las partes[4] .

[4] Cfr. Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 60; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 30; y Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144, párr. 183.

43. Según la práctica del Tribunal, al inicio de cada etapa procesal las partes deben señalar qué pruebas ofrecerán en la primera oportunidad que les concede para pronunciarse por escrito. Además, en ejercicio de las potestades discrecionales contempladas en el artículo 45 de su Reglamento, la Corte o su Presidente podrán solicitar a las partes elementos probatorios adicionales como prueba para mejor resolver, sin que ello se traduzca en una nueva oportunidad para ampliar o complementar los alegatos, salvo que el Tribunal lo permita expresamente[5] .

[5] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 61; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 31; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 184.

44. La Corte ha señalado, en cuanto a la recepción y valoración de la prueba, que los procedimientos que se siguen ante ella no están sujetos a las mismas formalidades que las actuaciones judiciales internas, y que la incorporación de determinados elementos al acervo probatorio debe ser efectuada prestando particular atención a las circunstancias del caso concreto y teniendo presentes los límites que impone el respeto a la seguridad jurídica y al equilibrio procesal de las partes. Además, la Corte ha tenido en cuenta que la jurisprudencia internacional, al considerar que los tribunales internacionales tienen la potestad de apreciar y valorar las pruebas según las reglas de la sana crítica, no ha establecido una rígida determinación del quantum de la prueba necesaria para fundar un fallo. Este criterio es especialmente válido en relación con los tribunales internacionales de derechos humanos, los cuales disponen, para efectos de la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado por violación de derechos de la persona, de amplia flexibilidad en la valoración de la prueba rendida ante ellos sobre los hechos pertinentes, de acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia[6] .

[6] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 62; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 32; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 185.

45. Con fundamento en lo anterior, la Corte procederá a examinar y valorar los elementos probatorios documentales remitidos por la Comisión, los representantes y el Estado en ersas oportunidades procesales o como prueba para mejor resolver que les fue solicitada por el Presidente, todo lo cual conforma el acervo probatorio del presente caso. Para ello el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentro del marco legal correspondiente.

A) PRUEBA DOCUMENTAL

46. Los representantes remitieron una declaración testimonial, el Estado remitió cuatro declaraciones testimoniales, y la Comisión remitió un peritaje, todos rendidos mediante declaraciones con firma autenticada, excepto la del perito propuesto por la Comisión que fue rendido ante notario público, en respuesta a lo dispuesto por el Presidente en su Resolución de 22 de septiembre de 2005 (suprapárr. 24). Dichas declaraciones y dictamen se resumen a continuación:

1. Declaración propuesta por los representantes:

a)        Milton Freire Pereira, ex paciente de instituciones psiquiátricas

Durante diez años fue paciente de instituciones psiquiátricas, y actualmente es director del Instituto Franco Baságlia y miembro del "Movimento Antimanicomial". Todavía tiene fuertes recuerdos de los cuartos de los hospitales en que estuvo internado y de los electrochoques que ahí recibió. Su rehabilitación ocurrió fuera de los hospitales.

Le causó gran tristeza la degradante y humillante muerte del señor Damião Ximenes Lopes. Su muerte se enmarcó en la cultura de mortificación existente con respecto a las personas con enfermedad mental. Existe una creencia de que no se puede curar la discapacidad mental, lo que es consecuencia de la segregación, clausura, violencia y ausencia de vínculos sociales a que son sometidas aquellas las personas.

La atención de salud mental en el Estado cambió mucho con la implantación de servicios sustitutivos al modelo del hospital psiquiátrico. En el actual modelo hay participación multidisciplinaria de profesionales como psicólogos, asistentes sociales y terapeutas ocupacionales. Sin embargo, la hegemonía del modelo manicomial centrado en los hospitales todavía permanece. Ese modelo continúa matando, esclavizando y evitando para siempre, a las personas que necesitan de atención de salud mental, la participación en su propio tratamiento, sin posibilidad de rehabilitarse.

2. Declaraciones propuestas por el Estado:

a)        José Jackson Coelho Sampaio, médico psiquiátra

Desde el año 1962 hasta el año 1991 la asistencia psiquiátrica se daba mediante la internación en hospitales privados, método iniciado durante la dictadura militar. En el estado del Ceará había seis hospitales privados, todos asociados a la administración pública, inclusive la Casa de Reposo Guararapes, en Sobral. Hubo un movimiento de reforma psiquiátrica que resultó en la creación del Centro de Atención Psicosocial (en adelante "Centro de Atención Psicosocial" o "CAPS") en la ciudad de Iguatu y la emisión de la Ley "Mario Mamede". Entre los años 1991 y 1998, fueron creados varios otros Centros de Atención Psicosocial, y entre los años 1999 y 2000, ese modelo de atención fue ampliado. Entre los años 2001 y 2005 el estado del Ceará impulsó el crecimiento de la red de Centros de Atención Psicosocial, e incluyó a la ciudad de Sobral.

La Casa de Reposo Guararapes atendía una región de casi un millón de habitantes, pero dicho hospital tenía solamente ciento diez camas de internación. La asistencia ambulatoria era precaria.

La atención de salud mental cambió mucho después de que la Casa de Reposo Guararapes fue cerrada en julio de 2001. Dicha fecha marca el proceso de transición de un modelo de asistencia enfocado en la atención médico-hospitalaria y de manicomios, para un abordaje descentralizado, regionalizado, con nuevos equipos y proponiendo la rehabilitación y reinserción social de las personas con enfermedades mentales.

b)        Domingos Sávio do Nascimento Alves, médico y exordinador de Salud Mental del Ministerio de la Salud del Brasil

El Instituto Franco Basaglia tiene como objetivo principal desarrollar acciones para la formulación de políticas públicas que promuevan y protejan los derechos de los usuarios del servicio de salud mental.

En el año 1992 se creó un proyecto innovador llamado "SOS Derechos del Paciente Psiquiátrico", que recibe denuncias de usuarios del sistema de salud mental, sus familiares, médicos, entre otros. Al inicio del proyecto eran más frecuentes las denuncias sobre malos tratos y tratamientos abusivos, pero actualmente las denuncias han cambiado y se refieren al ejercicio de ciudadanía y a las dificultades de acceso a la justicia de las personas con enfermedad mental. Dicho cambio demuestra los avances en relación con las quejas sobre los servicios y los profesionales.

A partir del año 1990 el Ministerio de Salud emitió ersas normas que regulan la práctica de los hospitales psiquiátricos en el marco del Sistema Único de Salud; promovió el nuevo registro nacional de las unidades del sistema, y creó el grupo de asistencia psiquiátrica hospitalaria, que realiza visitas de monitoreo.

Entre los años 1993 y 1994 fueron cerradas nueve mil camas hospitalarias y la tasa de muertes en hospitales psiquiátricos se redujo en un 12%. Los hospitales han sido sustituidos por una red de servicios comunitarios, en la cual se incluyen los ersos Centros de Atención Psicosocial (CAPS) y de asistencia en la red básica de salud. En los últimos años, el Ministerio de la Salud, por medio del Programa Nacional de Evaluación de Servicios Hospitalarios Psiquiátricos, ha intervenido en ersas instituciones, y ha reestructurado la asistencia psiquiátrica.

La política de salud mental en el Estado se ha enfocado en la humanización de la atención y la defensa de los derechos de las personas con enfermedades mentales.

c)        Luís Fernando Farah de Tófoli, médico psiquiátrico de la Secretaría de Desarrollo Social de Salud de la Ciudad de Sobral

La influencia del caso Ximenes Lopes en la reorganización de la atención a la salud mental en Sobral es un hecho innegable. El 10 julio de 2000 se inició el funcionamiento de la Red de Atención Integral a la Salud Mental de Sobral (RAISM) que es, simbólicamente, la misma fecha en que terminó el Convenio de la Casa de Reposo Guararapes con el Sistema Único de Salud. Dicha Red está compuesta por un Centro de Atención Psicosocial General, una residencia terapéutica, una unidad de internación psiquiátrica en un hospital general y por acciones de monitoreo y enseñanza sobre el programa de salud familiar. Ese modelo de atención ganó ersos premios nacionales por la experiencia exitosa en salud mental.

En el año de 1998 se creó el Centro de Atención Psicosocial General que tenía capacidad limitada hasta el cierre de la Casa de Reposo Guararapes, cuando su responsabilidad y atención aumentó. También se creó una unidad ambulatoria macro-regional de psiquiatría para dar atención ambulatoria a personas que viven en otros municipios y evitar su internación, y el primer servicio público residencial terapéutico en el noreste del Brasil, llamado "Residencia Terapéutica Lar Renacer".

No siempre es posible evitar la internación psiquiátrica. Para los casos de mayor riesgo, se construyó una enfermaría, y para los otros casos, se reservaron camas en la enfermaría de una clínica regular. Los resultados obtenidos han sido buenos, especialmente en la reducción del número de días de internación de cada paciente y el costo medio de ésta. Los familiares son invitados a acompañar a los pacientes, para mantener el vínculo con ellos durante la internación, la cual debe ser la más breve posible.

La red de Sobral en varios aspectos es única y ejemplar y ofrece un servicio de alta calidad técnica para sus habitantes y poblaciones cercanas. La muerte del señor Ximenes Lopes llevó a la reformulación de la política de salud mental en Sobral y a una respuesta adecuada a las condiciones insostenibles de funcionamiento de la Casa de Reposo Guararapes.

d)        Braz Geraldo Peixoto, familiar de usuario del sistema de salud mental, elegido representante de familiares ante la Comisión Nacional de Reforma Psiquiátrica del Ministerio de Salud y ante la Comisión Estadual de la Secretaría de Salud del estado de São Paulo

Los hechos del caso del señor Damião Ximenes Lopes fueron consecuencia del antiguo y obsoleto tratamiento psiquiátrico, que ha disminuido de forma significativa en razón de la nueva política de salud mental que empezó a ser aplicada a partir de los años 70. Sin embargo, fue a partir de la II Conferencia Nacional de Salud Mental, que contó con la participación masiva de usuarios, familiares y profesionales en el área de la salud, realizada en el año de 1992, que  una reorientación en el modelo asistencial fue implementada, en el marco de la reforma psiquiátrica en el Estado. En ese contexto nuevos conceptos fueron desarrollados, a partir de recursos humanos formados con una visión dirigida a la reorientación del modelo asistencial y capacitados para actuar en el área con esa finalidad. Igualmente, los familiares y los usuarios del sistema de salud mental pasaron a ejercer un papel fundamental en la determinación de la política de salud mental. Mediante la aprobación de la Ley No. 10.216, de 2001, se lograron grandes avances, aunque dicha ley no haya alcanzado todos los objetivos perseguidos por los familiares y los usuarios del sistema de salud mental. En la Conferencia Brasileña sobre Centros de Atención Psicosocial (CAPS), realizada en junio de 2004, con la participación de familiares, usuarios y trabajadores del sistema de salud mental, se analizaron ampliamente ersos aspectos de la legislación que rige la materia. Es loable el esfuerzo realizado por el Ministerio de Salud respecto de la reforma a la atención de salud mental.

3. Peritaje propuesto por la Comisión:

a)        Eric Rosenthal, experto internacional en la materia de derechos humanos de las personas con enfermedades mentales.

Las personas con discapacidad mental están sujetas a prejuicios y fuertes estigmas, constituyendo un grupo vulnerable a violaciones de derechos humanos a nivel global. Cuatro relatores de las Naciones Unidas constataron que las personas con discapacidades mentales sufren de las más perversas formas de discriminación, así como de difíciles condiciones de vida frente a cualquier otro grupo vulnerable de la sociedad. Estas prácticas violatorias de los derechos de personas con discapacidades mentales siguen patrones similares en todo el mundo. Dichas personas son arbitraria e innecesariamente segregadas de la sociedad en instituciones psiquiátricas, donde se encuentran sujetas a tratamiento inhumano y degradante o a tortura.

Se ha demostrado que la gran mayoría de las personas con discapacidades mentales pueden recibir tratamiento de manera segura y digna dentro de su comunidad, y decidir responsablemente sobre su propio tratamiento. Muchas veces, normas proteccionistas pueden causarles grandes daños al negarles la capacidad de tomar decisiones importantes para sus vidas. La falta de un lenguaje específico concerniente a personas con discapacidad mentales en los instrumentos internacionales de derechos humanos dificulta la aplicación de estas normas a dichas personas.

Como resultado de su marginación, las personas con enfermedades mentales no cuentan con los recursos o el reconocimiento necesarios, para formar organizaciones que defiendan sus derechos a nivel nacional e internacional.

La Convención Interamericana sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad es el primer instrumento internacional de derechos humanos específicamente dedicado a personas con discapacidad y representa un invaluable compromiso de los Estados Americanos para garantizarles el goce de los mismos derechos que gozan los demás. Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de las Naciones Unidas son las normas más amplias de derechos humanos en relación con el ejercicio de la asistencia para el tratamiento de salud mental. Dichos principios son particularmente últiles como guía para la interpretación de los derechos establecidos en los tratados de derechos humanos.

El derecho internacional de los derechos humanos reconoce que iniduos con enfermedades mentales internados en una institución psiquiátrica, tal como lo estaba el señor Ximenes Lopes, tienen derecho al consentimiento informado y por ello, el derecho a rechazar el tratamiento. De manera excepcional, el tratamiento coercitivo puede ser justificado en caso de emergencia, cuando sea considerado por una autoridad médica como necesario para  prevenir un riesgo inminente para la persona o terceros; en casos de ausencia de emergencia, se justifica solamente bajo la revisión de una autoridad médica independiente. En el caso del señor Ximenes Lopes no existía un riesgo inminente o inmediato, y tampoco existía información respecto de una decisión emitida por una autoridad médica independiente. En ausencia de tales garantías, el señor Damião Ximenes Lopes tenía derecho a rechazar el tratamiento, y cualquier intento de aplicación de tratamiento coercitivo resultaría una violación del derecho internacional de los derechos humanos.

Dada la naturaleza potencialmente peligrosa y además dolorosa que producen los efectos colaterales de las medicaciones psicotrópicas, el uso injustificado e impuesto de dicha medicación, en contravención de lo dispuesto por los estándares internacionales, debe ser considerado una forma de tratamiento inhumano y degradante y una violación del artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La contención[7] física en tratamientos psiquiátricos, cuando es utilizada adecuadamente, tiene el objetivo de prevenir cualquier daño que pueda ocasionar el paciente a sí mismo o a terceros. Causar daño al paciente bajo la excusa de querer controlar sus emociones es un indicador claro de la falta de una adecuada capacitación del personal de la institución para el empleo de métodos correctos para la utilización de la contención.

En el caso del señor Ximenes Lopes no hay evidencias de que él representara un peligro inminente para sí mismo o terceros. No se ha comprobado que se intentara utilizar un método menos agresivo para controlar un posible episodio de violencia de dicho señor. Por lo tanto, el uso de cualquier forma de fuerza física para ese caso fue ilegal. Una vez sujetado, con las manos amarradas hacia atrás, le correspondía al Estado el deber supremo de proteger al señor Damião Ximenes Lopes debido a su condición de extrema vulnerabilidad. El uso excesivo de fuerza física y la golpiza constituyó una violación de su derecho a una atención humanitaria. Existen otras alternativas que pueden ser utilizadas antes de hacer uso de la fuerza o decidir el aislamiento de un paciente. Los programas de salud mental deberían esforzarse por mantener un ambiente y una cultura de cuidado que minimice la utilización de dichos métodos. El uso injustificado y excesivo de la fuerza en el presente caso constituye una práctica inhumana y un tratamiento degradante.

Cuando el aislamiento y la fuerza son utilizados como medios de castigo, coerción o para objetivos impropios, la violación de los derechos humanos es todavía más grave. En los casos en que el uso de la fuerza haya provocado un gran dolor o sufrimiento físico o psíquico, su indebida utilización con fines impropios podrá constituir tortura. Jamás resulta necesario golpear a un paciente psiquiátrico u ocasionarle cualquier tipo de daño o sufrimiento. El hecho de que el señor Ximenes Lopes estaba desarmado y bajo la custodia del Estado, demuestra que una acción de esa naturaleza no sería proporcional a la eventual amenaza que él pudiera representar. Dada la gran vulnerabilidad de una persona con crisis psiquiátrica, cabe a las autoridades del Estado un nivel mayor de responsabilidad en la protección de estos iniduos. La golpiza al señor Damião Ximenes Lopes -y su posterior muerte- podría haber sido evitadas si el Estado hubiese cumplido con su obligación de proporcionarle una institución con funcionarios capacitados para asistirle en su enfermedad mental.

[7] La contención es una forma de sujeción, entendida ésta como "cualquier palabra o acción que interfiera con la capacidad de un paciente de tomar decisiones o que restringe su libertad de movimiento". Para efectos de la presente Sentencia la Corte utilizará el término "contención" para designar la sujeción física a que fue sometido el señor Damião Ximenes Lopes.

B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL

47. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005 la Corte recibió en audiencia pública las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión Interamericana, los representantes y el Estado y el dictamen del perito propuesto por los representantes (supra párr. 24). A continuación, el Tribunal resume las partes relevantes de dichas declaraciones.

1.        Testimonios propuestos por la Comisión

a)        Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana de Damião Ximenes Lopes

El señor Damião Ximenes Lopes había sido internado en el año 1995 y, otra vez, en el año 1998. En la última internación la testigo observó que su hermano tenía cortes, heridas en los tobillos y en la rodilla, razón por la cual pidió explicaciones al funcionario de la Casa de Reposo Guararapes, quien le manifestó que las heridas fueron consecuencia de una tentativa de fuga. La testigo creyó en esa versión.

El día 4 de octubre de 1999 cuando la madre de la testigo visitó al señor Damião Ximenes Lopes, él estaba agonizando, y pidió socorro al médico Francisco Ivo de Vasconcelos, porque creía que su hijo iba a morir debido a las condiciones en que se encontraba. Sin embargo, el médico no atendió sus pedidos. El señor Ximenes Lopes murió ese mismo día. Su cadáver presentaba marcas de tortura; sus puños estaban desgarrados y totalmente morados, y sus manos también estaban perforadas, con marcas de uñas y una parte de la nariz la tenía golpeada. La causa de muerte fue descrita por los médicos como "muerte natural, paro cardio-respiratoria" y no se indicó nada más. Luego el cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes fue llevado a la ciudad de Fortaleza para efectuarle una autopsia, la cual concluyó "muerte indeterminada". La familia no creyó en esa pericia, piensa que hubo manipulación y omisión a la verdad. A raíz del caso de su hermano, encontró muchas personas que sufrieron malos tratos o que tuvieron parientes golpeados dentro de la Casa de Reposo Guararapes, pero las familias y las víctimas no tenían interés en denunciar los hechos, porque sentían miedo de enfrentar a la policía y al hospital.

La testigo señaló que de los ersos familiares que tenía el señor Damião Ximenes Lopes, su madre y su padre, así como ella y su hermano Cosme Ximenes Lopes, eran las personas afectivamente más ligadas a él. La testigo sufrió mucho, se sacrificó a sí misma y a su familia con la muerte de su hermano, ya que inició la lucha por obtener justicia. En la época de los hechos tenía una hija recién nacida, y debido al impacto emocional que sufrió, dejó de producir leche materna y no pudo seguir amamantándola. Padeció de depresión por tres años y perdió la motivación de trabajar. Perdió su empleo en la Municipalidad, veintiséis días después de la muerte de su hermano. Sufrió de pesadillas relacionadas con la muerte de su hermano. Pidió justicia por la muerte de su hermano, pues juró que su alma no descansaría mientras no hubiera justicia.

El señor Cosme Ximenes Lopes se identificaba mucho con el señor Damião Ximenes Lopes por ser su hermano gemelo, eran muy próximos y cuando éste falleció, Cosme Ximenes Lopes entró en estado de shock, necesitó de ayuda médica, padeció de depresión y dejó de trabajar. La testigo tuvo que ayudar a mantener la familia de su hermano por algún tiempo, mientras se recuperaba. El padre de la testigo si bien estaba separado de la madre de la presunta víctima, nunca interrumpió los lazos familiares con su hijo, Damião Ximenes Lopes y sufrió por su muerte. Decía que "no [era] fácil perder [un hijo todavía] joven". Estuvo mucho tiempo con un deseo de venganza.

Su madre todavía sufre los efectos de la muerte de su hijo Damião Ximenes Lopes. Quedó con la vida completamente arruinada, hasta hoy padece de depresión y dice que quiere morir. Perdió el gusto por la vida, tuvo gastritis nerviosa y en consecuencia una úlcera duodenal que fue tratada con dificultad porque ella desarrolló un miedo enorme a los hospitales. Su madre parece sufrir de una cierta "psicosis de defensa a la vida", porque no quiere tocar nada vivo, como animales, o insectos, porque no quiere matarlos. Todo le trae recuerdos de la muerte de su hijo Damião Ximenes Lopes.

El día de la muerte de su hermano presentaron una denuncia en la Comisaría de Policía de la Séptima Región de Sobral (en adelante "Comisaría Regional de Sobral") pero, como ésta no inició una investigación, hicieron una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. La muerte del señor Damião Ximenes Lopes todavía continua impune en todas las instancias. El proceso ha demorado mucho.

En relación con el proceso penal señaló que faltaron diligencias en el expediente del proceso, principalmente declaraciones como las de los señores Francisco Ivo de Vasconcelos, João Alves da Silva y Sebastião Vieira Filho, consideradas importantes por la testigo, ya que los testimonios comprometían tanto al hospital como al Estado.

La madre de la testigo, así como toda la familia, rehúsa recibir la pensión vitalicia ofrecida por el Estado por considerar que se trata de una pensión que está por debajo de lo que podría reparar los daños causados. Consideran la propuesta del Estado humillante. Valora la designación del Centro de Atención Psicosocial (CAPS) con el nombre de su hermano, pero no considera que eso signifique justicia, ya que era lo mínimo que podían hacer.

b)        Francisco das Chagas Melo, ex paciente de la Casa de Reposo Guararapes

En la época en que estuvo internado en la Casa de Reposo Guararapes fue víctima de actos de violencia y no denunció los hechos a la policía. Supo de otros casos de violencia y muerte dentro de la Casa de Reposo Guararapes, sin que hubiese investigaciones al respecto. Identificó a las personas que cometieron actos de violencia como Eliésio, Cosmo, Carlão y Nonato. Escuchó que Carlão era muy violento y el testigo vió a Cosmo practicar actos de violencia y masturbándose cuando miraba a mujeres desnudas. La Casa de Reposo era un lugar de violencia, de abuso de poder y sin ningún tipo de atención para los pacientes.

2. Testimonio propuesto por los representantes

a)        João Alfredo Teles Melo, en la época de los hechos era diputado de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará, en donde presidía la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía. Actualmente es diputado federal.

La Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía funciona como una oficina en donde la población puede presentar demandas, quejas y reclamaciones, las cuales son dirigidas a los órganos responsables. La comisión tiene la función de monitorear el seguimiento de dichas quejas sea por medio de informes o audiencias públicas en materia de derechos humanos. En el caso del señor Damião Ximenes Lopes se invitó a su hermana, a su madre y a otros pacientes que estuvieron en la Casa de Reposo Guararapes para prestar declaración, fueron dirigidos oficios y aprobadas mociones que fueron enviadas a distintas autoridades solicitando medidas, en el ámbito administrativo y disciplinario -para el Consejo de Medicina, la Municipalidad de Sobral, a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud del Estado-, como también a las autoridades policiales y judiciales.

En la visita que realizó a la Casa de Reposo Guararapes pudo ver que ésta se encontraba en pésimas condiciones de higiene, los pacientes estaban en malas condiciones, sin ningún responsable del área médica o administrativa. El Estado no fiscalizó adecuadamente la Casa de Reposo Guararapes.

La demora de más de cinco años del proceso que investiga la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, demuestra que la justicia brasileña es lenta y parcial. La presión del poder político y económico influencia mucho la justicia. Muchas veces hay complicidad entre esos poderes, ellos son muy fuertes y pueden determinar o no el juzgamiento.

En el caso de Damião Ximenes Lopes, recibió informes sobre las investigaciones realizadas por el Consejo Regional de Medicina, entre otros. Sin embargo, nunca le contestaron sobre la investigación disciplinaria del comisario de policía que habría hecho desaparecer pruebas, o sobre el hecho de que la investigación haya sido instaurada apenas el día 7 u 8 de noviembre de 1999 cuando la muerte ocurrió el 4 de octubre de 1999. El Ministerio Público demoró tres años para ampliar la denuncia. Hubo una demora injustificada. El testigo considera que un caso que tuvo una repercusión tan grande y que contiene una cantidad de pruebas como el del señor Damião Ximenes Lopes, pueda dilatarse tanto y sospecha que quede impune, con la prescripción del delito.

Después de la muerte de Damião Ximenes Lopes, la atención de salud mental en la ciudad Sobral avanzó, pero aún está lejos de alcanzar la concepción ideal de reforma psiquiátrica.

3. Testimonios propuestos por el Estado

a)        Luiz Odorico Monteiro de Andrade, es Secretario Municipal de Salud de Fortaleza, y en época de la muerte de Damião Ximenes Lopes era Secretario del Desarrollo Social y Salud de la ciudad de Sobral.

El hospital en el cual murió el señor Damião Ximenes Lopes ya había tenido varias amonestaciones y se estaba creando un sistema de salud mental con el objetivo de desactivar dicho hospital. Dado que era hospital regional, era difícil cerrarlo inmediatamente, por su importancia. Tan pronto como se enteraron de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, se creó una comisión de investigación administrativa, la cual verificó una serie de problemas en el hospital y, enseguida, se intervino para tener el control de los pacientes internados. La comisión hizo un diagnóstico completo de la situación de trastorno mental de cada paciente, y gradualmente fueron dados de alta los pacientes de la cuidad de Sobral y vinculados al Programa de Salud de la Familia, con apoyo domiciliario y comunitario. Posteriormente, el hospital fue cerrado.

A partir de 1 de enero de 1997 comenzaron una serie de reestructuraciones administrativas en el ámbito del Gobierno Municipal para ajustar las políticas del Sistema Único de Salud. A finales del año 1998 ya se contaba con el Centro de Atención Psicosocial, que brinda atención ambulatoria y atención diaria a los pacientes con discapacidades mentales. Ese sistema evolucionó, y hoy existe el tratamiento de intra-pacientes con trastornos agudos en el área de salud mental en hospitales generales. Se tiene también el CAPS para trastornos en el área general y uno para personas con problemas de alcohol y droga. Recientemente se inauguró un CAPS con el nombre del señor Damião Ximenes Lopes para homenajearlo.

Actualmente la calidad de la atención es mucho mejor que en el año 1999. A partir de la descentralización hubo un intenso proceso de disminución de los hospitales y manicomios; se humanizó la asistencia psiquiátrica en los municipios brasileños. El Municipio de Sobral es considerado una de las experiencias exitosas en esa área, no sólo desde el punto de vista local, sino también nacional e internacional. Ha ganado varios premios, entre ellos el del glorioso sanitarista David Capistrano y otros premios de reconocimiento de inclusión social. El Estado ha sido una referencia en la disminución de las hospitalizaciones y avance en contra de los manicomios en América.

A partir de los CAPS se estableció una estructura con un equipo interdisciplinario de médicos, asistentes sociales, psicólogos, farmaceutas, terapeutas. Los pacientes realizan trabajos para insertarse económicamente en la sociedad, cuando antes estaban destinados a vivir en manicomios.

b)        Pedro Gabriel Godinho Delgado, Coordinador Nacional del Programa de Salud Mental del Ministerio de la Salud

Desde la muerte del señor Damião Ximenes Lopes hubo en el Estado una reducción de 19.000 camas hospitalarias psiquiátricas en instituciones semejantes a la Casa de Reposo Guararapes. Además, entre los años 1999 y 2005 fueron creados de quinientos a seiscientos servicios extrahospitalarios, capaces de atender las situaciones graves de salud mental, sin necesidad de hospitalizar al paciente. También se crearon otros tipos de servicio, como las residencias terapéuticas capaces de recibir a pacientes menos graves. Fue un período en el que todo el país enfrentó un debate significativo sobre las condiciones de vida de los pacientes del sistema psiquiátrico.

En el año 2001 se aprobó la Ley No. 10.216, basada en la defensa de los derechos del paciente mental, en el cambio del modelo de asistencia en instituciones como la Casa de Reposo Guararapes por una red de cuidados abierta y localizada en la comunidad, en el control externo de la internación psiquiátrica involuntaria, y en los términos propuestos por la Declaración de Derechos del Paciente Mental de las Naciones Unidas de 1991.

En el año 1999 cerca del 90% de los recursos financieros que la salud pública destinaba al campo de la asistencia psiquiátrica y salud mental eran dirigidos al Modelo Hospitalario Céntrico, y la red externa recibía apenas 10% de los recursos. Hoy los recursos a la salud mental en el Estado aumentaron globalmente y el 63% de los mismos todavía son destinados a hospitales con equipos costosos, pero del 37% al 40% de los recursos ya son destinados a servicios extra-hospitalarios. Hoy en el Estado se vive un proceso de transición hacia un modelo de atención psiquiátrica basada en los derechos del paciente, en la atención integral, en el respeto a sus derechos iniduales y en la participación de los familiares en el tratamiento.

La evaluación de los hospitales se hace mediante un Programa de Evaluación Anual al cual todos son sometidos, en el cual participa también la sociedad por medio de asociaciones de familiares, de usuarios, consejos municipales y consejos estatales de salud. El proceso de cambio de la política consiste en reducir los hospitales grandes para hospitales más pequeños, que tienden a preservar y respetar más los derechos de los pacientes.

El documento llamado "Principios de Brasilia", que contiene la evaluación de la Declaración de Caracas, reafirma que hubo avances en ersos países y cita expresamente al Brasil como ejemplo de país con experiencia relevante.

En el año 1999 se desarrollaba el proceso de modernización de la asistencia en salud mental. El monitoreo del Sistema Único de Salud no se basa en denuncias, sino en la supervisión regular de los servicios. En ese sentido, las medidas tomadas disminuyen el riesgo de violaciones de derechos humanos. Las denuncias referentes a la situación de pacientes con enfermedades mentales son rápidamente investigadas. Las violaciones a los derechos humanos de pacientes en el Estado han disminuido, porque los hospitales son más pequeños y las instituciones que los han sustituido son más abiertas y cuentan con mayor participación de los familiares y control social.

4. Peritaje propuesto por los representantes

a)      Lídia Dias Costa, médica psiquiátra

Acompaña el caso del señor Ximenes Lopes desde noviembre de 1999. Estuvo presente en la exhumación del cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes, el cual se encontraba en proceso de descomposición y sólo existía la parte esquelética. En la exhumación del cadáver del señor Damião Ximenes Lopes pudo constatar que su cerebro había sido abierto como se hace en las autopsias, pero que no encontraba motivos justificados para que ello no fuera expresado o descrito en el acta de autopsia realizada en el año 1999. Según la perito éste es un procedimiento de rutina y no hay justificativa para no examinar el cerebro o no describir lo que fue examinado. Asimismo, expresó que se podría formular un diagnóstico con base en la evolución clínica del paciente de muerte violenta causada por traumatismo cráneo cefálico.

Existen patrones nacionales e internacionales sobre las formas apropiadas de tratamiento de personas con enfermedades mentales, que son los principios de "tratamiento de personas con problemas mentales y de mejoramiento de la asistencia a la salud", publicadas por la Naciones Unidas en el año 1991. Esos principios fueron aceptados por el Estado mediante la Resolución Federal No. 1.407.

La testigo visitó la Casa de Reposo de Guararapes en mayo de 2000, período en que la institución estaba bajo intervención, y encontró trabajando a empleados acusados en el proceso penal. La Casa de Reposo Guararapes no tenía condiciones de funcionamiento.

La contención aplicada en la Casa de Reposo Guararape no podía ser considerado como un procedimiento médico, ya que los pacientes u otros internos eran llamados hacer contención a otros pacientes cuando éstos entraban en un período de agitación. La contención era hecha de una forma violenta. Esa situación fue descrita por los propios profesionales de la Casa de Reposo Guararapes, inclusive el doctor Francisco Ivo de Vasconcelos, mencionó que cuando llegaba al Hospital, los pacientes habían sido amarrados por los auxiliares y que él los mandaba a soltar. Esa es una de las situaciones que hacían parte de la rutina de aquel hospital, además de otros actos de violencia. Es posible hacer contenciones sin que resulten hematomas, utilizando procedimientos técnicos para que eso no ocurra, infelizmente, en el sistema de salud brasileño, muchas personas todavía sufren el procedimiento de contención de esa manera, constituyendo un tratamiento cruel e inhumano.

Las personas que tienen problemas similares al del señor Damião Ximenes Lopes pueden, hoy en día, dependiendo de los cuidados que reciban, tener acceso a la convivencia con otras personas, a la vivienda, a la alimentación y pueden vivir mucho. No es exactamente la enfermedad mental que dificulta su convivencia, sino las condiciones de vida de la persona, como pasa con todos los seres humanos en general.

Puede concluir que el señor Damião Ximenes Lopes tuvo una muerte violenta causada por agentes externos por las lesiones traumáticas que tenía en el cuerpo. Hoy, los médicos tienen disponible el Protocolo de Estambul, que orienta sobre cómo caracterizar lesiones que se encuentran en los cuerpos de personas con muerte sospechosa. Las lesiones encontradas en el cuerpo del señor Ximenes Lopes son lesiones consideradas por dicho Protocolo como lesiones típicas de traumas que son comúnmente vistas en el cuerpo de personas que fueron torturadas. Según la evaluación de los legistas de la ciudad Fortaleza, después de la insistencia del Fiscal del caso, la muerte del señor Damião Ximenes Lopes fue causada por lesiones traumáticas que podrían ser definidas, según la perita, como puñetazos, pedradas o punta pies. La autopsia realizada por el Instituto Médico Legal señala que el cuerpo presentaba equimosis, excoriaciones y hematomas, las cuales son lesiones que sugieren que hubo traumatismo en el cuerpo, posteriormente, esclarecidas como causadas por objetos contundentes.

C) VALORACIÓN DE LA PRUEBA

Valoración de la Prueba Documental

48. La Corte admite en este caso, como en otros[8] , el valor probatorio de los documentos presentados por las partes en su debida oportunidad procesal o como prueba para mejor resolver, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuya autenticidad fue puesta en duda.

[8] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 65; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 36; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 189.

49. La Corte agrega al acervo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento y por estimarlos útiles para resolver este caso, los documentos presentados por los representantes[9] , el Estado[10] y el testigo João Alfredo Teles Melo[11] , durante la audiencia pública celebrada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2005, documentos que conocieron todas las partes presentes en dicha audiencia, así como los documentos aportados por la Comisión como anexos a sus alegatos finales escritos[12] (supra párrs. 36 y 37).

[9] A saber: copia de la "Recomendação de Aditamento da Denúncia" de 27 de marzo de 2001; oficio No. 155/05 JG/RJ, dirigido por Justicia Global al Coordinador del Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud el 18 de noviembre de 2005; oficio No. 154/05 JG/RJ, dirigido por Justicia Global al Vicepresidente del Consejo Federal de Psicología el 18 de noviembre de 2005; oficio No. 08/2000, Recomendación del Centro de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia al responsable por la administración de la Casa de Reposo Guararapes, de 25 de mayo de 2000, y acta de adición No. 013/99 al contrato No. 053007/98 celebrado en el Municipio de Sobral y la Casa de Reposo Guararapes de 26 de diciembre de 1999.

[10] A saber: folleto titulado "Como encaminhar demandas de saúde mental em Sobral. Orientações ao Programa Saúde da Família", SOBRAL-Secretaría de Desenvolvimiento Social y Salud; y folleto titulado "CAPS-Centro de Atenção Psicossocial Damião Ximenes Lopes", SOBRAL-Secretaría de Salud y Acción Social.

[11] A saber: libro titulado "Relatório da cidadania, Atividades da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembléia Legislativa do Ceará - Ano 1999".

[12] A saber: declaración de Francisco das Chagas Melo rendida ante el Juzgado de Ipueiras el 2 de marzo de 2005; declaración de Albertina Viana Lopes rendida ante el Juzgado Vinculado de Varjota el 5 de abril de 2005; y carta de intimación emitida por el Juzgado de Sobral para la audiencia designada para el 17 de noviembre de 2005.

50. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.1 del Reglamento, la Corte incorpora al acervo probatorio los documentos presentados como parte de la prueba para mejor resolver requerida por el Tribunal por la Comisión[13] , los representantes[14] y el Estado[15] (supra párr. 40).

[13] A saber: decisión Administrativa del Ministerio de Salud No. 224/92 de 29 de enero de 1992; Decisión Administrativa del Ministerio de Salud No. 407/92 de 30 de junio de 1992; Decisión Administrativa del Ministerio de Salud /SASS No. 147/94 de 25 de agosto de 1994; Decisión Administrativa del Ministerio de Salud No. 145/94 de 29 agosto de 1994; Resolución del Consejo Federal de Medicina No. 1407/94 de 30 de septiembre de 1957; Resolución del Consejo Federal de Medicina No. 1.408/94 de 8 de junio de 1994 sobre los Principios para la Protección de Personas que padecen de Trastorno Mental y para mejorar la Asistencia de Salud Mental; y Código de Ética Médica.

[14] A saber: decisión Administrativa SNAS No. 224/92 de 29 de enero de 1992; Decisión Administrativa /SAS No. 147/94 de 25 de agosto de 1994; decisión Administrativa /SAS No. 145/94 do Ministerio de Salud de 25 de agosto de 1994; Resolución del Consejo de Medicina No. 1407/94 de 30 de septiembre de 1957; Resolución del Consejo Federal de Medicina No. 1.408/94 de 8 de junio de 1994 sobre los Principios para la Protección de Personas que padecen de Trastorno Mental y para mejorar la Asistencia de Salud Mental; Código de Ética Médica; comprobantes relacionados con pensión de la señora Albertina Viana Lopes; y listado de actualización procesal del proceso criminal y civil relacionados con la muerte de Damiao Ximenes Lopes, proveniente de la página web del Tribunal de Justicia del estado de Ceará.

[15] A saber: documento titulado "Legislação em Saúde Mental 1990-2004", publicación del Ministerio de la Salud del Brasil, en el que consta entre otras, Decisión Administrativa SNAS No. 224/92 de 24 de enero de 1992; Decisión Administrativa /SAS No. 147/94 de 25 de agosto de 1994; Decisión Administrativa SAS No. 145/94 de 25 de agosto de 1994; acta de la inspección realizada por la Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud y Asistencia Social en la Casa de Reposo Guararapes el 21 de octubre de 1999; acta de inicio del proceso No. 002/99 emitida por la Coordinación de Control y Evaluación el 20 de octubre de 1999; acta de la audiencia de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral celebrada el 17 de noviembre de 2005; acta de audiencia de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral celebrada el 1 de diciembre de 2005; "comprobantes de pago" de la pensión vitalicia de que es beneficiaria la señora Albertina Viana Lopes, emitidos por el estado del Ceará, impresos de la Internet el 21 de junio de 2006; y Ley No. 13.491 de 16 de junio de 2004.

51. Asimismo, la Corte agrega los siguientes documentos al acervo probatorio, en aplicación del artículo 45.1 del Reglamento, por considerarlos útiles para la resolución de este caso: Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución No. 46/119 de 17 de diciembre de 1991; Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidades, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución No. 48/96, el 20 de diciembre de 1993; Organización Panamericana de Salud, Declaración de Caracas, adoptada por la Conferencia Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina el 14 de noviembre 1990; Asociación Psiquiátrica Mundial (APM), Declaración de Madrid Sobre los Requisitos Éticos de la Práctica de la Psiquiatría, aprobada por la Asamblea General de la APM el 25 de agosto 1996, revisada el 26 de agosto 2002; Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, 1996; Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 5, "Personas con Discapacidad"; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental adoptada mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Documento A/8429, de 1971; Programa de Acción Mundial para los Impedidos, Resolución No. 37/52 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Documento A/37/51 (1982); Normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004; World Psychiatric Association (WPA), Declaration of Hawaii/II, adopted by the WPA General Assembly on 10th July 1983; American Hospital Association/National Association of Psychiatric Health Systems, Guiding Principles on Restraint and Seclusion for Behavioral Health Services, 25 February 1999; American Geriatrics Society Position Statement: Guidelines For Restraint Use, Last Updated January 1, 1997, y American Medical Association, Guidelines for the Use of Restraints in Long-Term Care Facilities, June 1989.

52. En relación con las declaraciones testimoniales con firma autenticada por notario público y que no fueron rendidas ante fedatario público por los señores Milton Freire Pereira (supra párr.46.1.a), José Jackson Coelho Sampaio, Domingos Sávio do Nascimento Alves, Luís Fernando Farah Tófoli y Braz Geraldo Peixoto (supra párr. 46.2.a, 46.2.b, 46.2.c y 46.2.d), este Tribunal las admite en cuanto concuerden con su objeto señalado en la Resolución de 22 de septiembre de 2005 (supra párr. 24) y las aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica. Al respecto, la Corte ha tomado en cuenta las observaciones presentadas por la Comisión respecto a la declaración rendida por el señor José Jackson Coelho Sampaio (supra párr. 29). El Tribunal ha admitido en otras ocasiones declaraciones juradas que no fueron rendidas ante fedatario público, cuando no se afecta la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes[16] .

[16] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 66; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 42; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 191.

53. Respecto del dictamen rendido por el señor Eric Rosenthal (supra párr. 46.3.a), la Corte lo admite en cuanto concuerde con su objeto señalado en la Resolución de 22 de septiembre de 2005 (supra párr. 24) y lo aprecia en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana crítica. La Corte ha admitido en otras ocasiones dictámenes que no fueron rendidos ante fedatario público, cuando no se afectan la seguridad jurídica y el equilibrio procesal entre las partes[17] .

[17] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 67; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 42; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 192.

54. En lo que se refiere a la declaración con firma autenticada por notario público rendida por el señor Emílio de Medeiros Viana, en consideración de lo expresado por dicho señor y el Estado, de que tenía impedimento para rendir testimonio de acuerdo a la legislación brasileña, esta Corte no admite la declaración que fue presentada al efecto por el Estado (supra párr. 27) como parte del acervo probatorio del caso. En relación con el dictamen del señor Dalmo de Abreu Dallari, el mismo fue presentado extemporáneamente, el 11 de noviembre de 2005, es decir, catorce días después del plazo fijado para hacerlo, por lo que este Tribunal no lo considerará parte del acervo probatorio del caso (supra párr. 30).

55. En cuanto a los documentos de prensa presentados por los representantes, este Tribunal considera que podrían ser apreciados cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso[18] .

[18] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 70; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 45; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 199.

Valoración de la Prueba Testimonial y Pericial

56. El Tribunal admite, igualmente, el testimonio rendido ante la Corte por la señora Irene Ximenes Lopes Miranda (supra párr.47.1.a), en cuanto concuerde con el objeto de la declaración, y la valora en el conjunto del acervo probatorio. La Corte estima que por tratarse de un familiar de la presunta víctima y tener interés directo en este caso, sus manifestaciones no pueden ser valoradas en forma aislada, sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso. Las declaraciones de los familiares de las presuntas víctimas son útiles en la medida en que proporcionen mayor información sobre las consecuencias de las presuntas violaciones perpetradas[19] .

[19] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 66; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 37; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 203.

57. Los testimonios de los señores Francisco das Chagas Melo (supra párr. 47.1.b), João Alfredo Teles Melo (supra párr. 47.2.a), Luiz Odorico Monteiro de Andrade (supra párr. 47.3.a), Pedro Gabriel Godinho Delgado (supra párr. 47.3.b), así como el peritaje de la señora Lídia Dias Costa (supra párr. 47.4.a), este Tribunal los admite por estimar que son útiles para resolver el presente caso, y los incorpora al acervo probatorio aplicando las reglas de la sana crítica.

58. Por lo expuesto, la Corte apreciará en este caso el valor probatorio de los documentos, declaraciones y peritajes presentados por las partes. Además, la prueba presentada durante todas las etapas del proceso ha sido integrada a un mismo acervo probatorio que se considera como un todo.

VI

CONSIDERACIONES PREVIAS

59. A continuación la Corte procederá a pronunciarse sobre: a) los alcances del reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado; b) los fundamentos de las obligaciones del Estado en el marco de la responsabilidad estatal generada por violaciones a la Convención Americana, y c) la especial atención que los Estados deben a las personas que sufren de discapacidadaes mentales en razón de su particular vulnerabilidad.

a)       ALCANCES DEL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL EFECTUADO POR EL ESTADO

60. El artículo 53.2 del Reglamento dispone que

[s]i el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas, sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte procederá a determinar, cuando fuere el caso, las reparaciones y costas correspondientes.

61. La Corte Interamericana, en ejercicio de su función contenciosa, aplica e interpreta la Convención Americana y, cuando un caso ha sido sometido a su jurisdicción, está facultada para declarar la responsabilidad internacional de un Estado Parte en la Convención por violación a las disposiciones de ésta[20] .

[20] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 37; Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005.Serie C No. 138,párr. 54; y Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005.Serie C No. 137,párr. 173.

62. La Corte, en el ejercicio de sus poderes de tutela judicial internacional de los derechos humanos, podrá determinar si un reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por un Estado demandado ofrece una base suficiente, en los términos de la Convención Americana, para continuar o no con el conocimiento del fondo y la determinación de las eventuales reparaciones y costas. Para estos efectos, el Tribunal analizará la situación planteada en cada caso concreto[21] .

[21] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 38; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.Serie C No. 136, párr. 28;y Caso de la Masacre de Mapiripán. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 65.

63. Durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 2005 (supra párrs. 34 y 36) el Estado manifestó que:

a)       reconoce la procedencia de la petición de la Comisión Interamericana en lo que se refiere a la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana;

b)       reconoce los hechos de la demanda relacionados con la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, y la falta de prevención para superar las condiciones que permitieron que ocurriera tal incidente, puesto que en aquel momento era precario el sistema de atención mental en el Estado, lo que constituyó una violación del artículo 4 de la Convención;

c)       reconoce los hechos de la demanda relacionados con los malos tratos a que fue sometido el señor Damião Ximenes Lopes antes de su muerte, lo que generó una violación del artículo 5 de la Convención;

d)       solicita que sea cesada la controversia sobre los citados artículos y que se prosiga con las demás cuestiones pertinentes;

e)       no reconoce la solicitud de reparaciones derivadas de la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención, la cual permanece abierta a debate, y

f)       no reconoce la violación de los derechos consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención.

64. Por su parte, la Comisión Interamericana señaló, en la misma audiencia pública, que reconocía "la actitud positiva, ética, responsable y constructiva del [... Estado] manifestada en su declaración cuando reconoce la responsabilidad por la violación de los artículos 4 y 5 [de la Convención]". La Comisión además manifestó que "[u]na actitud de esta naturaleza contribuye a resolver el caso presente, pero también contribuye a sentar un precedente muy importante en el Brasil y en la región de cómo los Estados deben actuar responsablemente cuando los hechos son incuestionables y cuando también es incuestionable la responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano". Finalmente, la Comisión señaló que entendía que ya había cesado la controversia sobre los hechos y el derecho en relación con los artículos 4 y 5 de la Convención.

65. A su vez, los representantes manifestaron, en la audiencia pública, que reconocían la importancia de la declaración efectuada por el Estado respecto al reconocimiento de su responsabilidad por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana.

66. Posteriormente, en sus alegatos finales el Estado expresó que en una evidente demostración de su efectivo compromiso con la tutela de los derechos humanos, optó éticamente por admitir las fallas en el deber de fiscalizar la Casa de Reposo de Guararapes en el período de internamiento del señor Damião Ximenes Lopes. En vista de la muerte y los malos tratos de que fue objeto dicho paciente, el Estado reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención (supra párrs. 36 y 63).

67. En sus alegatos finales la Comisión manifestó que de conformidad con el reconocimiento de responsabilidad del Estado, no hay controversia en relación con los hechos descritos en la demanda relacionados con la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, dentro de los cuales quedan incluidos los párrafos 38 al 88, así como los párrafos 147 al 168, referentes a los fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Agregó la Comisión que quedó confirmada la veracidad de los hechos sobre la muerte del señor Ximenes Lopes, y también aquellos relacionados con las condiciones de hospitalización inhumanas y degradantes en la época de los hechos por la falta de fiscalización y prevención por parte del Estado, tal como fue alegado en la demanda (supra párrs. 2, 16 y 37).

68. Por su parte, los representantes manifestaron en sus alegatos finales que entienden que la Corte aceptó la responsabilidad del Estado conforme a los términos establecidos en la demanda de la Comisión Interamericana (supra párr. 38).

1. En cuanto a los hechos

69. En atención al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado, el Tribunal considera que ha cesado la controversia sobre los hechos establecidos entre los párrafos 38 al 88 de la demanda interpuesta por la Comisión Interamericana en el presente caso, y por otra parte, que el Estado no objetó los hechos expuestos en la demanda relacionados con el deber del Estado de investigar, identificar, y sancionar a los responsables de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, alegados por la Comisión y los representantes.

70. Al respecto, la Corte considera pertinente abrir un capítulo acerca de los hechos del presente caso, que abarque tanto los hechos reconocidos por el Estado, como los que resulten probados del conjunto de elementos que obran en el expediente (infra párrs. 112 al 112.71).

2. En cuanto a las pretensiones de derecho

71. En atención al reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, la Corte ha tenido por establecidos los hechos a que se refieren los párrafos 112 al 112.71 de esta Sentencia, y con base en ellos y ponderando las circunstancias del caso, procede a precisar las distintas violaciones a los derechos consagrados en los artículos alegados.

72. La Corte considera que es pertinente admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 (Derecho a la Vida) y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes.

73. El Tribunal observa que el Estado no objetó los hechos expuestos en la demanda relacionados con su deber de investigar, identificar y sancionar a los presuntos responsables, sino la calificación de los mismos, por lo que el Estado considera que no es responsable por la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de ese instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Ximenes Lopes, alegada por la Comisión y los representantes.

3. En cuanto a las pretensiones sobre reparaciones

74. Esta Corte considera que el Estado no se ha allanado a ninguna de las pretensiones sobre reparaciones y costas planteadas por la Comisión, ni por los representantes.

4. Extensión de la controversia subsistente

75. El artículo 38.2 del Reglamento establece que

[e]l demandado deberá declarar en su contestación si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradice, y la Corte podrá considerar como aceptados aquellos hechos que no hayan sido expresamente negados y las pretensiones que no hayan sido expresamente controvertidas.

76. El Estado expresamente señaló en la audiencia pública que no reconocía su responsabilidad internacional por la presunta violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes. En los alegatos finales escritos, el Estado señaló que no violó el derecho a la protección y a las garantías judiciales, ya que respetó los principios del debido proceso legal, del contradictorio y de la amplia defensa. Según el Estado, la seriedad estatal en busca de justicia fue debidamente demostrada en la tramitación del caso en la jurisdicción interna, así como por los argumentos presentados a la Corte en la contestación de la demanda, en la cual se hizo una descripción histórica de todas las medidas adoptadas por el Estado con la finalidad de investigar las circunstancias del fallecimiento del señor Damião Ximenes Lopes y sancionar a los responsables de los malos tratos y muerte de ese paciente de la Casa de Reposo de Guararapes.

77. La Comisión, al presentar sus alegatos finales orales en la audiencia pública, manifestó que reiteraba a la Corte su solicitud efectuada en la demanda respecto de que el Estado fuera condenado por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, ya que el Estado no ha cumplido los deberes que se desprenden de los citados artículos. Igualmente, en los alegatos finales escritos la Comisión señaló que toda la materia relacionada con la investigación policial y el proceso penal, han vulnerado los referidos artículos, en perjuicio de los familiares del señor Ximenes Lopes.

78. Por su parte, los representantes en la audiencia pública y en los alegatos finales solicitaron a la Corte declarar la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes y sus familiares. Los representantes señalaron que a más de seis años después de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes el procedimiento judicial contra los responsables de su muerte todavía no ha concluido, como consecuencia de los atrasos indebidos, atribuidos exclusivamente al Estado. Asimismo, en sus alegatos finales solicitaron que la Corte declare que el Estado ha violado el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes.

79. Conforme a los términos en que se han expresado las partes, la Corte considera que subsiste la controversia en cuanto a:

a)  la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención, en relación con el artículo 1.1. de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, con respecto al deber del Estado de realizar una investigación efectiva dentro de un plazo razonable a la luz de los citados artículos;

b)  la alegada violación del derecho consagrado en el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, y

c)  lo referente a la determinación de las reparaciones, costas y gastos.

*

80. La Corte considera que el allanamiento del Estado constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana[22] en el Brasil.

[22] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 55; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 20, párr. 60; y Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 59.

81. Sin embargo, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger los derechos humanos y dada la naturaleza del presente caso, el Tribunal estima que dictar una sentencia en la cual se determine la verdad de los hechos y los elementos del fondo del asunto, así como las correspondientes consecuencias, constituye una forma de reparación para el señor Damião Ximenes Lopes y sus familiares y, a la vez, una manera de contribuir a evitar que se repitan hechos similares[23] .

[23] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 56; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 69.

b)       FUNDAMENTOS DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN EL MARCO DE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL GENERADA POR VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA

82. Una vez establecido el alcance del reconocimiento parcial de responsabilidad parcial realizado por el Estado, este Tribunal considera necesario, de acuerdo a los hechos del presente caso, las pruebas presentadas y los alegatos de las partes, determinar los fundamentos de las obligaciones del Estado, en el marco de la responsabilidad estatal que se genera por las violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana.

83. En el ámbito de dicha Convención, las obligaciones contenidas en sus artículos 1.1 y 2 constituyen la base para la determinación de responsabilidad internacional de un Estado. El artículo 1.1 de la Convención pone a cargo de los Estados Partes los deberes fundamentales de respetar y de garantizar los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención. A su vez, el deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, y por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías[24] .

[24] Cfr. Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 91; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 109; y Caso Lori Berenson Mejía. Sentencia 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 219.

84. Es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la que un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente, por acción u omisión[25] , uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en el artículo 1.1 de la Convención.

[25] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 81; Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrs. 111 y 112; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 110.

85. La Corte, además, ha establecido que la responsabilidad estatal también puede generarse por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Las obligaciones erga omnes que tienen los Estados de respetar y garantizarlas normas de protección, y de asegurar la efectividad de los derechos, proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-iniduales[26] .

[26] Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 113; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 111; y Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 140.

86. Los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos consagrados en la Convención, pueden ser tanto las acciones u omisiones atribuibles a órganos o funcionarios del Estado, como la omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos humanos. No obstante, entre esos dos extremos de responsabilidad, se encuentra la conducta descrita en la Resolución de la Comisión de Derecho Internacional[27] , de una persona o entidad, que si bien no es un órgano estatal, está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atribuciones de autoridad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona física o jurídica, debe ser considerada un acto del Estado, siempre y cuando estuviere actuando en dicha capacidad.

[27] Cfr. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Comisión de Derecho Internacional 53° sesión, 2001. Documento de la ONU A/56/10. Texto introducido en el anexo de la Resolución 56/83 de 28 de enero de 2002, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

87. Es decir, la acción de toda entidad, pública o privada, que está autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de responsabilidad por hechos directamente imputables al Estado, tal como ocurre cuando se prestan servicios en nombre del Estado.

88. La Corte ha establecido, además, que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos, derivan deberes especiales, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[28] .

[28] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 111.

89. En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado.

90. La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad internacional en razón de que los Estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como privadas que prestan atención de salud, ya que bajo la Convención Americana los supuestos de responsabilidad internacional comprenden los actos de las entidades privadas que estén actuando con capacidad estatal, así como actos de terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos. La obligación de los Estados de regular no se agota, por lo tanto, en los hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier institución de salud.

*

91. En el Estado, "[l]a salud es derecho de todos y deber del Estado, garantizado mediante políticas sociales y económicas que tengan como objetivo la reducción del riesgo de enfermedad y otros agravios y el acceso universal e igualitario a las acciones y servicios para su promoción, protección y recuperación", según lo dispuesto en el artículo 196 de su Constitución. Además, según el artículo 197 de la Constitución, compete "al Poder Público disponer, en los términos de la ley, sobre su reglamentación, fiscalización y control[,... y su] ejecución debe ser realizada directamente o a través de terceros, y también por persona física o jurídica de derecho privado".

92. El artículo 199 de la Constitución dispone que "[l]a asistencia de salud es libre a la iniciativa privada", es decir, las empresas privadas pueden prestar atención privada de salud, la cual será totalmente pagada por los usuarios. Sin embargo, el párrafo primero del mismo artículo 199 establece que "[l]as instituciones privadas podrán participar de forma complementaria en el [S]istema [Ú]nico de [S]alud, de acuerdo con las directrices del mismo, mediante contrato de derecho público o convenio, dándose preferencia a las entidades filantrópicas y las sin fines lucrativos". La iniciativa privada puede también proveer servicios para el sistema público de salud, caso en el cual la atención que presta es financiada por el Estado y tendrá carácter público.

93. La Ley No. 8.080 de 19 de septiembre de 1990 es la que "regula, en todo el territorio nacional, las acciones y servicios de salud, ejecutados de manera aislada o conjunta, con carácter permanente o eventual, por personas naturales o jurídicas de derecho público o privado". En su artículo 4 establece que el Sistema Único de Salud corresponde al "conjunto de las acciones y servicios de salud, prestado por órganos e instituciones públicas federales, estaduales* y municipales, de la administración directa e indirecta y de las fundaciones mantenidas por el poder público", y corrobora el dispositivo constitucional al establecer que "[la] iniciativa privada podrá participar del Sistema Único de Salud (SUS), con carácter complementario".

* La palabra "estaduales" se refiere a "estados", que son las unidades de la federación brasileña.

94. De lo anterior se desprende que en el Estado la prestación de servicios de salud puede ser pública o privada; en este último caso, las prestaciones son privadas y se cubren por el propio paciente, pero el Estado conserva su potestad de supervisarlas.

95. Cuando la atención de salud es pública, es el Estado el que presta el servicio directamente a la población, mediante su Sistema Único de Salud. El servicio de salud público del SUS es primariamente ofrecido por los hospitales públicos; sin embargo, la iniciativa privada, de forma complementaria, y mediante la firma de convenios o contratos, cuando en cierta región del país no existan hospitales públicos suficientes para atender a la demanda de pacientes[29] , también provee servicios de salud bajo los auspicios del SUS. En ambas situaciones, ya sea que el paciente esté internado en un hospital público o en un hospital privado que tenga un convenio o contrato con el SUS, la persona se encuentra bajo cuidado del servicio público de salud brasileño, es decir, del Estado.

[29] Cfr. artículo 24 de la Ley No. 8.080/1990.

96. La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, la cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden delegar su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible.

97. Los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[30] , extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad.

[30] Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 142; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 153; y Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99,párr. 142.

98. Los Estados deben, según el artículo 2 de la Convención Americana, crear un marco normativo adecuado para establecer los parámetros de tratamiento e internación a ser observados por las instituciones de atención de salud. Los Estados tienen la obligación de consagrar y adoptar en su ordenamiento jurídico interno todas las medidas necesarias para que lo establecido en la Convención sea cumplido y puesto en práctica[31] , y que tal legislación no se transforme en una mera formalidad, distanciada de la realidad.

[31] Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhomaxa, supra nota 4, párr.110; Caso Gómez Palomino, supra nota21, párrs. 90 y 91; y Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135,párr. 89.

99. Por todas las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud. Deben, inter alia, crear mecanismos adecuados para inspeccionar las instituciones psiquiátricas, presentar, investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes[32] .

[32] Cfr. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 46/119.46, p.189, ONU Documento A/46/49 (1991), principio 22.

100. En el presente caso, la Casa de Reposo Guararapes, en donde falleció Damião Ximenes Lopes, era un hospital privado de salud que fue contratado por el Estado para prestar servicios de atención psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único de Salud, y actuaba como unidad pública de salud en nombre y por cuenta del Estado (infra párr. 112.55). Por consiguiente, el Estado es responsable por la conducta del personal de la Casa de Reposo Guararapes, la que ejercía los elementos de autoridad estatal al prestar el servicio público de salud bajo la dirección del Sistema Único de Salud.

c)       LA ESPECIAL ATENCIÓN A LAS PERSONAS QUE SUFREN DE DISCAPACIDADES MENTALES EN RAZÓN DE SU PARTICULAR VULNERABILIDAD

101. Para los efectos del presente caso, cuya presunta víctima, el señor Damião Ximenes Lopes, padecía de discapacidad mental y falleció mientras recibía tratamiento en un hospital psiquiátrico, el Tribunal no puede dejar de pronunciarse sobre la especial atención que los Estados deben a las personas que sufren discapacidades mentales en razón de su particular vulnerabilidad.

102. En ese sentido, la Corte Europea ha manifestado que,

en particular, con respecto a personas que necesitan de tratamiento psiquiátrico, la Corte observa que el Estado tiene la obligación de asegurar a sus ciudadanos su derecho a la integridad física, bajo el artículo 8 de la Convención. Con esa finalidad, existen hospitales administrados por el Estado, que coexisten con hospitales privados. El Estado no puede absolverse completamente de su responsabilidad al delegar sus obligaciones en esa esfera a iniduos u organismos privados. [...] La Corte encuentra que [...] en el presente caso el Estado mantenía el deber de ejercer la supervisión y el control sobre instituciones psiquiátricas privadas. Tales instituciones, [...] necesitan no sólo una licencia, sino también una supervisión competente y de forma regular, para averiguar si el confinamiento y el tratamiento médico están justificados[33] .

[33] Cfr. European Court of Human Rights, Case of Storck v. Germany, Application No. 61603/00, judgment of 16 June, 2005, p. 103. El texto original en inglés es el siguiente: "With regard to persons in need of psychiatric treatment in particular, the Court observes that the State is under an obligation to secure to its citizens their right to physical integrity under Article 8 of the Convention. For this purpose there are hospitals run by the State which coexist with private hospitals. The State cannot completely absolve itself of its responsibility by delegating its obligations in this sphere to private bodies or iniduals. [. . . ] The Court finds that, similarly, in the present case the State remained under a duty to exercise supervision and control over private psychiatric institutions. Such institutions, [...] need not only a licence, but also competent supervision on a regular basis of whether the confinement and medical treatment is justified. "

103. La Corte Interamericana considera que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos. La Corte reitera que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre[34] , como la discapacidad.

[34] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota4, párr. 81; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 154; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota25, párr. 111.

104. En tal sentido, los Estados deben tomar en cuenta que los grupos de personas que viven en circunstancias adversas y con menos recursos, tales como las personas que viven en condiciones de extrema pobreza; niños y adolescentes en situación de riesgo, y poblaciones indígenas, enfrentan un incremento del riesgo para padecer discapacidades mentales, como era el caso del señor Damião Ximenes Lopes. Es directo y significativo el vínculo existente entre la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión social, por otro. En razón de lo anterior, entre las medidas positivas a cargo de los Estados se encuentran aquellas necesarias para prevenir todas las formas de discapacidad prevenibles, y dar a las personas que padecen de discapacidades mentales el tratamiento preferencial apropiado a su condición[35] .

[35] Cfr. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, aprobada en Ciudad de Guatemala, Guatemala, el 7 de junio de 1999, artículo III.2; y Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 5, "Personas con Discapacidad". Naciones Unidas, Documento E/1995/22 (1994), párr. 9.

105. Las personas con discapacidad a menudo son objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con las discapacidades mentales sea eliminada, y para propiciar la plena integración de esas personas en la sociedad[36] .

[36] Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, supra nota 35, Preámbulo y Artículo III.1.

106. Con relación a la salvaguarda de la vida y la integridad personal, es necesario considerar que las personas con discapacidad que viven o son sometidas a tratamientos en instituciones psiquiátricas, son particularmente vulnerables a la tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. La vulnerabilidad intrínseca de las personas con discapacidades mentales es agravada por el alto grado de intimidad que caracteriza los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas, que torna a esas personas más susceptibles a tratos abusivos cuando son sometidos a internación (infra párr. 129).

107. En los entornos institucionales, ya sea en hospitales públicos o privados, el personal médico encargado del cuidado de los pacientes, ejerce un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. Este desequilibrio intrínseco de poder entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad, se multiplica muchas veces en las instituciones psiquiátricas. La tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, cuando infligidas a esas personas afectan su integridad psíquica, física y moral, suponen una afrenta para su dignidad y restringen gravemente su autonomía, lo cual podría tener como consecuencia agravar la enfermedad.

108. Todas las anteriores cirunstancias exigen que se ejerza una estricta vigilancia sobre dichos establecimientos. Los Estados tienen el deber de supervisar y garantizar que en toda institución psiquiátrica, pública o privada, sea preservado el derecho de los pacientes de recibir un tratamiento digno, humano y profesional, y de ser protegidos contra la explotación, el abuso y la degradación.

109. La atención de salud mental debe estar disponible a toda persona que lo necesite. Todo tratamiento de personas que padecen de discapacidades mentales debe estar dirigido al mejor interés del paciente, debe tener como objetivo preservar su dignidad y su autonomía, reducir el impacto de la enfermedad, y mejorar su calidad de vida[37] (infra párrs. 135, 138 y 139).

[37] Cfr. Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental (1996), principios 2, 4 y 5.

110. Al analizar las violaciones a la vida y a la integridad personal en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes, la Corte se remitirá a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, instrumento que forma parte del marco normativo de protección de los derechos humanos en el sistema interamericano y que fue ratificado por el Estado el 15 agosto de 2001, como fuente de interpretación para determinar las obligaciones del Estado en relación con la Convención Americana en el presente caso.

111. Asimismo, en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud, como de la Organización Panamericana de la Salud, se han establecido los principales estándares aplicables al tratamiento de salud mental. La Corte considera que dichos instrumentos, tales como los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de las Naciones Unidas, y Normas Uniformes a la Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, así como los estándares técnicos dispuestos en la Declaración de Caracas y la Declaración de Madrid, son particularmente importantes para el análisis y el escrutinio de la conformidad del tratamiento prestado al señor Damião Ximenes Lopes con los estándares internacionales sobre la materia. Este Tribunal tendrá especialmente presente dichos instrumentos en el capítulo sobre la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en este caso.

VII

HECHOS PROBADOS

112. Efectuado el examen de los elementos probatorios que constan en el expediente del presente caso, las manifestaciones de las partes, así como el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado, la Corte considera probados los hechos que se detallan a continuación. Este capítulo contiene hechos que este Tribunal tiene por establecidos con base en el reconocimiento de responsabilidad parcial del Estado, y que corresponden a los hechos expuestos en la demanda presentada por la Comisión Interamericana. Adicionalmente, la Corte ha establecido como probados otros hechos, en particular aquellos relativos a la investigación policial y a los procedimientos judiciales, de conformidad con las pruebas aportadas por la Comisión, los representantes y el Estado.

A)       Historia clínica del señor Damião Ximenes Lopes

112.1. El señor Damião Ximenes Lopes nació el 25 de junio de 1969, y era hijo de Albertina Viana Lopes y Francisco Leopoldino Lopes. Dos de sus hermanos son Irene Ximenes Lopes Miranda y Cosme Ximenes Lopes.El señor Damião Ximenes Lopes fue un joven creativo, a quien le gustaba la música y las artes, y deseaba adquirir mejores condiciones financieras[38] .

[38] Cfr. certificado civil de nacimiento de Damião Ximenes Lopes (expediente de anexos a la demanda, anexo 21, folio 160); testimonio de Irene Ximenes Lopes Miranda rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 30 de noviembre de 2005; e informe de la psiquiátra Lidia Días Costa rendido, a pedido de Irene Ximenes Lopes Miranda, el 14 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la demanda, anexo 22, folios 161 al 164). En lo que se refiere al señor Cosme Ximenes Lopes, en los escritos presentados por las partes aparece indistintamente el nombre Cosme o Cosmo Ximenes Lopes. Esta Corte entiende que se trata de la misma persona, en razón de lo cual en la presente Sentencia utilizará el nombre de Cosme Ximenes Lopes.

112.2. El señor Damião Ximenes Lopes, durante su juventud, desarrolló una discapacidad mental de origen orgánico, proveniente de alteraciones en el funcionamiento de su cerebro. El señor Ximenes Lopes esporádicamente presentaba dificultades y necesidades específicas vinculadas a su circunstancia particular. En la época de los hechos, el señor Damião Ximenes Lopes tenía 30 años de edad y vivía con su madre en la ciudad de Varjota, situada aproximadamente a una hora de la ciudad de Sobral, sede de la Casa de Reposo Guararapes.

112.3. En el año 1995 el señor Damião Ximenes Lopes fue internado por primera vez en la Casa de Reposo Guararapes, durante un período de dos meses. Al regresar a su casa, se encontraba en mejor estado, pero tenía heridas en las rodillas y tobillos, las que el señor Ximenes Lopes justificó diciendo que había sido víctima de violencia. Sus familiares creyeron la versión de un funcionario de la Casa de Reposo Guararapes, quien afirmó, cuando fue cuestionado sobre la causa de dichas heridas, que el señor Ximenes Lopes se las había autoinflingido al intentar fugarse.

112.4. En días anteriores al 1 de octubre de 1999, el señor Damião Ximenes Lopes tuvo "problemas de nervios, él no quería comer ni dormir, [debía tomar medicinas], pero en ese momento no las estaba tomando". El viernes 1 de octubre, la señora Albertina Viana Lopes decidió internar a su hijo en la Casa de Reposo Guararapes. Mientras esperaba que fuese admitida, la presunta víctima le preguntaba a su madre "de manera muy calmada [...] si él se iría a quedar allí o si regresaría a casa con ella".

112.5. El señor Damião Ximenes Lopes fue admitido en la Casa de Reposo Guararapes, como paciente del Sistema Único de Salud (SUS), en perfecto estado físico, el 1 de octubre de 1999. Al momento de su ingreso no presentaba señales de agresividad ni lesiones corporales externas.

112.6. En el historial médico del señor Damião Ximenes Lopes en la Casa de Reposo Guararapes de 2 de octubre de 1999 consta una única observación en la que se indica que el paciente se encontraba "calmo, desorientado, [...] confuso". No le fue prescrita medicación alguna ese día[39] .

[39] Cfr. libro de evolución clínica del paciente Damião Ximenes Lopes (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folio 1736).

112.7. El 3 de octubre de 1999 el señor Damião Ximenes Lopes tuvo una crisis de agresividad y estaba desorientado. La presunta víctima entró a un baño en la Casa de Reposo Guararapes, y se negaba a salir de ahí, por lo que fue dominado y retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería, señor Elías Gomes Coimbra y por otros dos pacientes, quienes, según dicho auxiliar, podían ayudarle a retirar al señor Ximenes Lopes del baño porque eran "orientados y [...] tenían un cierto porte físico robusto". En el momento en que fue dominado por uno de los pacientes y sacado del baño, la presunta víctima sufrió una lesión en su rostro, a la altura de las cejas. Enseguida, el señor Damião Ximenes Lopes fue sometido a contención física y el médico presente en la Casa de Reposo Guararapes determinó que se le suministrara "haldol [y] fernagan intramuscular"[40] .

[40] Cfr. declaración de Elias Gomes Coimbra rendida ante la Comisaría Regional de Sobral el 26 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 29, folios 179 al 180).

112.8. Por la noche del mismo día, la presunta víctima tuvo un nuevo episodio de agresividad, y volvió a ser sometido a contención física, a la que estuvo sometido entre la noche del domingo y el lunes por la mañana[41] .

[41] Cfr. declaración de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de abril de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 12, folios 108 al 110).

B)       Malos tratos y muerte del señor Damião Ximenes Lopes

112.9. El 4 de octubre de 1999, aproximadamente a las 9:00 a.m. , la madre de Damião Ximenes Lopes llegó a visitarlo a la Casa de Reposo Guararapes y lo encontró sangrando, con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad para respirar, agonizante, y gritando y pidiendo auxilio a la policía. El señor Ximenes Lopes seguía sometido a la contención física que le había sido aplicada desde la noche anterior, ya presentaba excoriaciones y heridas, y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. Posteriomente, un auxiliar de enfermería lo acostó en una cama, de la cual se cayó. Entonces lo acostaron sobre una colchoneta en el piso[42] .

[42] Cfr. declaración de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de abril de 2000, supra nota 41; declaración de André Tavares do Nascimento rendida ante la Comisaría Regional de Sobral el 26 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 29, folio 180); y declaración de Albertina Viana Lopes rendida ante la Comisaría Regional de Sobral el 7 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 32, folios 213 y 214).

112.10. La señora Albertina Ximenes Lopes solicitó a los funcionarios de la Casa de Reposo Guararapes que lo bañaran y buscó un médico que atendiera a su hijo. Encontró a Francisco Ivo de Vasconcelos, director clínico y médico de la Casa de Reposo Guararapes, quien, sin practicar exámenes físicos al señor Damião Ximenes Lopes, le prescribió algunas medicinas, y enseguida se retiró del hospital. Ningún médico quedó a cargo de la institución en ese momento[43] .

[43] Cfr. declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Coordinadora Municipal de Control,  Evaluación y Auditoría el 5 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 14, folios 112 y 113); declaración de Albertina Viana Lopes rendida ante la Comisiaría Regional de Sobral el 7 de diciembre de 1999, supra nota 42; e informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 31, folios 185 al 212).

112.11. El señor Damião Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999, a las 11:30 a.m. , en la Casa de Reposo Guararapes, en circunstancias violentas, aproximadamente dos horas después de haber sido medicado por el director clínico del hospital, y sin ser asistido por médico alguno en el momento de su muerte, ya que la unidad pública de salud en que se encontraba internado para recibir cuidados psiquiátricos no contaba con ningún doctor en aquel momento. No se prestó al señor Damião Ximenes Lopes una asistencia adecuada, y el paciente se encontraba, en razón de la falta de cuidados, a la merced de todo tipo de agresiones y accidentes que pudieran colocar en riesgo su vida[44] .

[44] Cfr. declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría el 5 de noviembre de 1999, supra nota 43; declaración de María Salete Morais Melo de Mesquita rendida ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría el 5 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 14, folios 113 y 114); informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43; y dictamen de examen de cuerpo del delito -cadavérico- realizado a Damião Ximenes Lopes en el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto el 4 de octubre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 41, folio 246).

112.12. Posteriormente a la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, el médico Francisco Ivo de Vasconcelos fue llamado y regresó a la Casa de Reposo Guararapes. Examinó el cuerpo de la presunta víctima, declaró su muerte e hizo constar que el cadáver no presentaba lesiones externas y que la causa de la muerte había sido un "paro cardio-respiratorio"[45] . El médico no ordenó la realización de una autopsia al cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes. La señora Albertina Viana Lopes se enteró de la muerte de su hijo al llegar a su casa, en el Municipio de Varjota.

[45] Cfr. declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Coordinadora Municipal de Control,  Evaluación y Auditoría el 5 de noviembre de 1999, supra nota 43.

112.13. El mismo día de su muerte los familiares del señor Damião Ximenes Lopes solicitaron la realización de una autopsia y su cuerpo fue trasladado de la ciudad de Sobral a la ciudad de Fortaleza, en donde se realizaría la autopsia. Durante el trayecto, el cadáver presentó un fuerte sangrado, de modo que la sábana que lo cubría estaba impregnada de sangre cuando llegaron al destino.

112.14. El 4 de octubre de 1999 el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto, en donde Francisco Ivo de Vasconcelos también era médico, realizó la autopsia del cadáver del señor Damião Ximenes Lopes. El informe del examen de autopsia señaló lo siguiente:

A las 22:40 horas del día 04 [de octubre de] 1999 se dio entrada en la morgue del [Instituto Médico Legal] el cuerpo de un hombre acompañado de la guía policial No. 796/99 de la Comisaría Regional de Sobral - [Ceará], informando que "el mismo se encontraba internado en el hospital Guararapes para enfermos mentales hacía 03 días y hoy por la mañana su madre fue a visitarlo [y lo encontró] en crisis nerviosa, con la nariz sangrando y con señales de golpizas, habiendo fallecido a las 11:30 horas de hoy en el dicho Hospital en Sobral - [Ceará]". Se trata de un cuerpo del sexo masculino, color pardo, cabellos negros, bigote cultivado, barba rasurada, envuelto en una sábana blanca. Presenta rigidez cadavérica generalizada, pupilas dilatadas, hipóstasis de decúbito dorsal y ausencia de cualquier manifestación vital. Examen Externo: excoriaciones localizadas en la región nasal, hombro derecho, parte anterior de las rodillas y del pie izquierdo, equimosis localizadas en la región del ojo izquierdo, hombro homolateral y puños (compatibles con contención)". Examen Interno: no observamos señales de lesiones de naturaleza traumática internamente; tiene edema pulmonar y congestión, sin otras alteraciones macroscópicas de interés médico legal en los demás órganos de esas cavidades. Enviamos fragmentos del pulmón, corazón, estómago, hígado, riñón, para el examen histopatológico, que concluyó que se trataba de edema y congestión pulmonar moderada, hemorragia pulmonar y discreta esteatose hepática moderada. CONCLUSIÓN:[...] inferimos que se trata de una muerte real de causa indeterminada.

Respuesta a las preguntas:

1-[PRIMERO - ¿Hubo muerte?];  si.

2-[SEGUNDO - ¿Cual fue la causa de muerte?]; indeterminada.

3-[TERCERO - ¿Cual fue el instrumento o medio que produzco la muerte?]; sin elementos para contestar.

4-[CUARTO - ¿Fue producida por medio de veneno, fuego, explosivo, asfixia o tortura o por otro medio insidioso o cruel?]; sin elementos para contestar.

Sin nada más, se ordenó a la autoridad cerrar el laudo que, después de leído y encontrado conforme, va debidamente firmado[46] .

[46] Cfr. dictamen de examen de cuerpo del delito -cadavérico- realizado a Damião Ximenes Lopes en el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto el 4 de octubre de 1999, supra nota 44.

112.15. Posteriormente, el 17 de febrero de 2000, en respuesta a una solicitud del Ministerio Público, para que los médicos que realizaron la autopsia "defin[iesen] si las lesiones [encontradas en el cadáver] p[udieron] haber sido consecuencia de golpes o caídas sufridos [por el señor Damião Ximenes Lopes]", el Instituto Médico Legal amplió el contenido de sus conclusiones, e informó que "las lesiones descritas [en el laudo del examen cadavérico] fueron provocadas por acción de instrumento contundente (o por múltiples golpes o caídas) no siendo posible afirmar el modo específico"[47] .

[47] Cfr. oficio No. 173/2000 del Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto de 17 de febrero de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 44, folio 251).

112.16. En el año 2002 la Quinta Sala Civil del Juzgado de Sobral (en adelante "la Quinta Sala Civil"), durante el trámite del proceso civil instaurado por la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, ordenó que se practicara la exhumación del cuerpo de la presunta víctima para el esclarecimiento de las causas de su muerte (infra párrs. 112.52 y 112.54). La exhumación fue practicada el 6 de abril de 2002 por el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto. El informe del examen pos-exhumático describió lo siguiente:

Exhumamos y autopsiamos a las 10:10 horas del día 06 [de abril de] 2002 en el Municipio de Varjota - Ceará, en el cementerio São Raimundo el cadáver de Damião Ximenes Lopes, a solicitud de la jueza Sobral, Dra. Maria Valdenisa de Sousa Bernardo, conforme oficio No. 372/2001.[...] Después de la identificación del local donde fue inhumada la víctima, la sepultura en gaveta fue abierta, observándose un ataúd de madera en estado precario de conservación, conteniendo los restos mortales de la víctima en avanzado proceso de descomposición cadavérica, o sea, verificamos la presencia apenas de los huesos de éste cuerpo. Después de un minucioso examen pericial, hueso por hueso, constatamos que el cráneo presentaba craniotomia transversal (resultado de examen pericial anterior) y en ese elemento corporal no fueron encontradas fracturas, o sea, el cráneo presentaba integridad de todos sus huesos. Los demás huesos de ese cuerpo tampoco presentaban fracturas. Conclusión: por lo expuesto y en la ausencia de otros hallazgos necroscópicos  en virtud del avanzado estado de descomposición cadavérico del cuerpo, concluimos que se trató de un caso de muerte real de causa indeterminada.

Respuesta a las preguntas:

1-[PRIMERO - ¿Hubo muerte?]; si.

2-[SEGUNDO - ¿Cual fue la causa de la muerte?]; indeterminada.

3-[TERCERO - ¿Cual fue el instrumento o el medio que produzco la muerte?]; sin elementos para contestar.

4-[CUARTO - ¿Fue producido por medio de veneno, fuego, explosivo, asfixia o tortura o por otro medio insidioso o cruel]; sin elementos para contestar.

Sin nada más, se ordenó a la autoridad cerrar el laudo que, después de leído y encontrado conforme, va debidamente firmado[48] .

[48] Cfr. dictamen de examen cadavérico (pos-exhumación) emitido por el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto el 6 de abril de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2549).

C)       Investigación policial sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes

112.17. El 13 de octubre de 1999 la señora Albertina Viana Lopes presentó una denuncia ante la Coordinadora Municipal de Control y Evaluación de la Secretaría de Salud y Asistencia Social sobre la muerte de su hijo, el señor Damião Ximenes Lopes. En octubre de 1999 la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana del señor Ximenes Lopes, presentó una denuncia ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará, en la que pedía justicia y la sanción de los responsables por la muerte de su hermano[49] .

[49] Cfr. denuncia de Albertina Viana Lopes presentada ante la Coordinadora Municipal de Control,  Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social el 13 de octubre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 25, folios 174 y 175); e informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control y Evaluación de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43.

112.18. El 8 de noviembre de 1999 el Fiscal del Ministerio Público, Alexandre de Oliveira Alcântara, solicitó la instauración de una investigación policial para esclarecer la muerte del señor Damião Ximenes Lopes ocurrida el 4 de octubre de 1999 en las instalaciones de la Casa de Reposo Guararapes.El 9 de noviembre de 1999, 36 días después de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, la Comisaría de Policía de la Séptima Región de Sobral, mediante Resolución Administrativa No. 172/99, instruyó investigación sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes[50] .

[50] Cfr. escrito del Fiscal de Ministerio Público presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 8 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1537); yauto del Comisario de la Policía de Sobral dictado el 9 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1535 y 1536).

112.19. El 11 de noviembre de 1999 la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará remitió al Comisario de Policía de Sobral un escrito en el cual solicitó celeridad en el caso de Damião Ximenes Lopes, a fin de que los responsables fuesen sancionados[51] .

[51] Cfr. escrito de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará dirigido al Comisario de la Policía de Sobral el 11 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1544 al 1546).

112.20. El 26 de noviembre de 1999 los señores Antônio Vitorino de Sousa Rufino, Elias Gomes Coimbra, André Tavares do Nascimento, Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, Maria Verónica Miranda Bezerra, Francisco Alexandro Paiva Mesquita y Sérgio Antunes Ferreira Gomes, rindieron declaración ante la Comisaría Regional de Sobral[52] .

[52] Cfr. declaraciones de Antônio Vitorino de Sousa Rufino, Elias Gomes Coimbra, André Tavares do Nascimento, Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, Maria Verónica Miranda Bezerra, Francisco Alexandro Paiva Mesquita y Sergio Antunes Ferreira Gomes rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 26 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1540 al 1543).

112.21. Los días 3, 4, 7, 9, 15, 16 y 20 de diciembre de 1999 los señores Francisco Ivo de Vasconcelos, Marcelo Messias Barros, Maria Salete Morais Melo de Mesquita, Albertina Viana Lopes, Antônio Airton Miranda, Irene Ximenes Lopes Miranda, João Alves da Silva, Francisco das Chagas Melo, Mairton Paiva de Oliveira, Sebastião Vieira Filho, Francisco Magalhães de Aquino, Maria Cladenice Silva Porfírio, Maria Gorete Marques, André Tavares do Nascimento, Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, José Elieser Silva Procópio, Francisco Raimundo Alves y Evaldo Castilho Aragão Oliveira, rindieron declaración ante la Comisaría Regional de Sobral[53] .

[53] Cfr. declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Comisaría Regional de Sobral el 3 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1572 al 1574); declaraciones de Marcelo Messias Barros y Maria Salete Morais Melo de Mesquita rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 4 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1577 al 1580); declaraciones de Albertina Viana Lopes, Antônio Airton Miranda e Irene Ximenes Lopes Miranda rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 7 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1582 al 1586); declaraciones de João Alves da Silva, Francisco das Chagas Melo, Mairton Paiva de Oliveira y Sebastião Vieira Filho rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 9 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1671 al 1680); declaraciones de Francisco Magalhaes de Aquino, Maria Cladenice Silva Porfírio y Maria Gorete Marques rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 15 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1599 al 1601 y 1608); declaraciones de André Tavares do Nascimento, Carlos Alberto Rodrigues dos Santos y José Elieser Silva Procópio rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 16 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1609 al 1611); y declaraciones de Francisco Raimundo Alves y Evaldo Castilho Aragão Oliveira rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 20 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1618 y 1619).

112.22. El 8 de diciembre de 1999 el Comisario de Policía de la Séptima Región de Sobral remitió al Ministerio Público su Informe Conclusivo respecto de la denuncia No. 404/99, en el que indicó que había una "probable responsabilidad [de la Casa de Reposo Guararapes] y de las personas que estén vinculadas con los malos tratos, torturas y homicidio denunciados por la familia del enfermo Damião Ximenes Lopes"[54] .

[54] Cfr. informe Conclusivo de la Comisaría Regional de Sobral en la causa No. 404/99 emitido el 8 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folio 1588 al 1593).

112.23. Con posterioridad a esa fecha, los días 8, 11 y 15 de febrero de 2000 se realizó ante la Comisaría Regional de Sobral el careo de los testigos Sebastião Alves Costa Filho, André Tavares do Nascimento, Francisco Ivo de Vasconcelos y Albertina Viana Lopes, y la recepción de las declaraciones de los señores Sebastião Alves Costa Filho, Cândida Martins Vieira, João Paulo Melo, Maria Gorete Silva y Maria Expedita Sousa Lira[55] .

[55] Cfr. acta de careo de testigos ante la Comisaría Regional de Sobral el 8 de febrero de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1694 al 1695);declaración de Sebastião Alves Costa Filho rendido ante la Comisaría Regional de Sobral el 8 de febrero 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1692 y 1693); declaraciones de Cândida Martins Vieira y João Paulo Melo rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 11 de enero de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1766 y 1767); y declaraciones de Maria Gorete Silva y Maria Expedita Sousa Lira rendidas ante la Comisaría Regional de Sobral el 15 de febrero de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomos I y II, folios 1789 al 1795).

112.24. El 25 de febrero de 2000 la Comisaría Regional de Sobral remitió al Juez Titular de Sobral las investigaciones seguidas por la denuncia No. 404/99[56] .

[56] Cfr. oficio No. 365/2000 del Comisario de la Policía de Sobral dirigido al Juez Titular de Sobral el 25 de febrero de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folio 1416).

D)       Proceso penal sobre malos tratos y muerte del señor Damião Ximenes Lopes

112.25. El 27 de marzo de 2000 el representante del Ministerio Público presentó ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral acusación criminal en contra de Sérgio Antunes Ferreira Gomes, Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, André Tavares do Nascimento y Maria Salete Moraes de Mesquita, por suponerlos culpables del delito de malos tratos con resultado de muerte, tipificado en el artículo 136, párrafo segundo, del Código Penal del Brasil, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes[57] .

[57] Cfr. escrito del Fiscal del Ministerio Público presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 27 de marzo 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1409 al 1414).

112.26. El 10 de abril de 2000 la Tercera Sala del Juzgado de Sobral citó a los acusados a fin de interrogarlos, so pena de ser declarados en rebeldía. El 24 de abril de 2000 rindieron declaración ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral los acusados Maria Salete Moraes Melo de Mesquita, Sérgio Antunes Ferreira Gomes y Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, y el 26 de abril de 2000 rindió declaración el señor André Tavares do Nascimento[58] .

[58] Cfr. auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 10 de abril de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1842); declaraciones de Maria Salete Moraies Melo de Mesquita, Sérgio Antuns Ferreira Gomes y Carlos Alberto Rodrigues dos Santos rendidas ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de abril de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1844 al 1851); y declaración de André Tavares do Nascimento rendida ante Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 26 de abril de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, Tomo I, folios 1853 y 1854).

112.27. Los días 27 de abril, y 17 y 24 de mayo de 2000 los acusados Maria Salete Moraes Melo de Mesquita, Sérgio Antunes Ferreira Gomes, André Tavares do Nascimento, y Carlos Alberto Rodrigues dos Santos, contestaron la acusación del Ministerio Público, negando los hechos que se les imputaban, reservándose el derecho de presentar defensas en las alegaciones finales y ofreciendo nuevos testigos[59] .

[59] Cfr. escrito de Maria Salete Morais Melo de Mesquita presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 27 de abril de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1856); escrito de Sérgio Antunes Ferreira Gomes presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 17 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1860); escrito de André Tavares do Nascimento presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1863); y escrito de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1864).

112.28. El 10 de agosto de 2000 la señora Albertina Viana Lopes, madre de Damião Ximenes Lopes, solicitó su admisión como coadyuvante civil en la acción penal interpuesta por el Ministerio Público (en adelante "coadyuvante civil en la acción penal"). El 26 de enero de 2001 el Ministerio Público manifestó su conformidad con el pedido, y el 1 de marzo de 2001 el Juzgado de la Tercera Sala de Sobral admitió a la señora Albertina Viana Lopes como coadyuvante civil en la acción penal[60] .

[60] Cfr. escrito de Albertina Viana Lopes presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 10 de agosto de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1929); manifestación del Ministerio Público de 26 de enero de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, Tomo II, folio 1933); y auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral de 1 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1934).

112.29. Desde el 24 de mayo de 2000 y durante alrededor de dos años, el Juzgado de la Tercera Sala de Sobral se limitó a celebrar audiencias, de las cuales muchas fueron aplazadas por distintos motivos, realizándose días o meses después de la fecha original, como se detalla a continuación:

a)       la audiencia fijada para el 16 de agosto de 2000 se suspendió en razón de la "imposibilidad de asistencia de la Jueza" responsable de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral, realizándose el 11 de octubre de 2000, fecha en que rindieron declaración los testigos Francisco Ivo de Vasconcelos, José Cláudio Aguiar y Elias Gomes Coimbra, y la audiencia fue suspendida "por la avanzada hora"[61] ;

b)       la audiencia de 9 de febrero de 2001 no fue realizada por el Juzgado de la Tercera Sala de Sobral "en virtud de fuerza mayor", y la misma fue postergada para el 16 de febrero de 2001, fecha en que rindió declaración el testigo Francisco das Chagas Melo[62] ;

c)       los días 13 y 14 de marzo de 2001 rindieron declaración Antônio Vitorino de Sousa Rufino, Maria Gorete Silva, Maria Claudenice Silva Porfírio y Marcelo Messias Barros, y el 15 y el 21 de mayo de 2002 declararon Idelson Pinto Batista y João Arnóbio B. de Mesquita[63] ;

d)       en la audiencia de 29 de noviembre de 2001 la defensa solicitó su suspensión alegando que se debería escuchar antes a la madre de la presunta víctima, y dado que no hubo oposición del Ministerio Público, la Tercera Sala del Juzgado de Sobral resolvió suspender la audiencia, disponer que la señora Albertina Viana Lopes fuera escuchada, y designar nueva audiencia para el 8 de marzo de 2002. El 7 de marzo de 2002 la Directora de Secretaría de dicho Juzgado informó que faltaban las cartas de intimación de los testigos para la audiencia fijada para el día siguiente, razón por la cual se designó el día 12 de abril de 2002 para oír a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, como testigos informativas, y a los testigos de la defensa José Vilson Barreto Araújo, Olinda Alexandre de Sousa, Ângela Maria Carvalho Parente y Maria Verónica Miranda Bezerra[64] , y

e)       la audiencia fijada en el Juzgado de Ipueiras para el 24 de abril de 2002, con el fin de escuchar a un testigo que no residía en el ámbito de la jurisdicción de Sobral, no fue realizada por falta de notificación con la debida antelación. Fue fijada una nueva audiencia para el 8 de mayo de 2002, y nuevamente faltó la intimación al acusado y a su defensor, razón por la que se designó una tercera fecha, el día 19 de junio de 2002, en la que se tomó la declaración del testigo Antonio Airton Miranda[65] .

[61] Cfr. auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 24 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1866); certificado de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral de 16 de agosto de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1873); y declaraciones de Francisco Ivo de Vasconcelos, José Cláudio Aguiar y Elias Gomes Coimbra rendidas ante de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 11 de octubre de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 1879 al 1892).

[62] Cfr. certificado de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral de 9 de febrero de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1947); y declaración de Francisco das Chagas Melo rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de febrero de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 1949 al 1952).

[63] Cfr. declaraciones de Antônio Vitorino de Sousa Rufino, Maria Gorete Silva y Maria Claudenice Silva Porfírio rendidas ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 14 de marzo 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 1962 al 1966); declaración de Marcelo Mesias Barros rendida ante la Segunda Sala Criminal del Juzgado de Fortaleza el 13 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 1980 al 1982); declaración de Idelson Pinto Batista rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 15 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2094 al 2096); y declaración de João Arnóbio B. de Mesquita rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 21 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2113 al 2116).

[64] Cfr. auto de la Jueza Auxiliar de la Séptima Zona Judicial dictado el 6 de junio de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1986); acta de audiencia celebrada por la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 29 de noviembre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, Tomo II, folios 1993 y 1994); auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 7 de marzo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2024); declaración de Albertina Viana Lopes rendida ante el Juzgado Vinculado de Varjota el 10 de abril de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2036 al 2038); y declaraciones de Irene Ximenes Lopes Miranda, José Vilson Barreto Araújo, Olinda Alexandre de Sousa, Ângela Maria Carvalho Parente y Maria Verónica Miranda Bezerra rendidas ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 12 de abril de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2044 al 2056).

[65] Cfr. acta de audiencia criminal del Juzgado de Ipueiras celebrada el 24 de abril de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2127); acta de audiencia criminal del Juzgado de Ipueiras celebrada el 8 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2132); y declaración de Antonio Airton Miranda rendida ante el Juzgado de Ipueiras el 19 de junio de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2143 al 2146).

112.30. El 9 de diciembre de 2002 la Tercera Sala del Juzgado de Sobral declaró cerrada la etapa de instrucción del proceso y determinó intimar a las partes para que presentaran sus alegatos finales, de conformidad con el artículo 499 del Código Procesal Penal del Brasil[66] .

[66] Cfr. auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 9 de diciembre de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2148).

D.1)    Ampliación de la denuncia y el estado actual del proceso

112.31. El 25 de mayo de 2000 Fiscales del Centro de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia enviaron un oficio al Fiscal del Ministerio Público de Sobral, responsable por la acusación criminal en la causa por la muerte de Damião Ximenes Lopes, en el que manifestaron que "quedó claramente demostrado conforme [se infiere] de las declaraciones tomadas y [...] los informes [producidos en el caso del señor Damião Ximenes Lopes, la] conducta criminal [de] Francisco Ivo [de] Vasconcelos y [de] Marcelo Messias Barros[;] de la enfermera Maria Verónica Miranda Bezerra y [del] empleado José Eliezer Silva Procópio", razón por la cual indicaron que la ampliación de la denuncia penal para investigar la relación de dichas personas con la muerte de Damião Ximenes Lopes, constituía una "imposición institucional y legal"[67] .

[67] Cfr. oficio No. 56/2000 de Fiscales del Centro de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia remitido al Fiscal del Ministerio Público de Sobral el 25 de mayo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 1911 al 1925).

112.32. El 12 de diciembre de 2000 la señora Irene Ximenes Lopes Miranda solicitó al presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará que requiriera al Juez de la Tercera Sala de Sobral la ampliación de la denuncia en contra de las personas mencionadas en el oficio de los Fiscales del Centro de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia[68] .

[68] Cfr. comunicación de Irene Ximenes Lopes Miranda remitida al presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará el 12 de diciembre de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 1908).

112.33. El 22 de septiembre de 2003 la Fiscal del Ministerio Público presentó sus alegatos finales en el proceso penal por la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, así como la solicitud de ampliación de la denuncia en relación con los señores Francisco Ivo de Vasconcelos y Elias Gomes Coimbra, por haber incurrido en la práctica de malos tratos seguido de muerte, conducta tipificada en el artículo 136, párrafo segundo, del Código Penal del Brasil, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes[69] .

[69] Cfr. escrito de alegatos finales de la Fiscal del Ministerio Público presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 22 de septiembre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2166 al 2172); y escrito de ampliación de denunciade la Fiscal del Ministerio Público presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 22 de septiembre de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2174 al 2178).

112.34. El 17 de junio de 2004 el Juez de la Tercera Sala de Sobral, después de indicar que los trabajos en el Juzgado se encontraban atrasados en razón del volumen de servicio, y de que él mismo había estado fuera de sus funciones por 90 días (30 días de vacaciones en enero, más 60 días por permiso médico entre febrero y abril de 2004), recibió la ampliación de la denuncia y determinó la citación de los nuevos acusados, así como su intimación para que prestaran declaración. Sin perjuicio de lo anterior, el Juez reiteró la intimación a la coadyuvante civil en la acción penal y a los abogados de defensa para que "con máxima urgencia" presentasen sus alegatos finales[70] .

[70] Cfr. auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 17 de junio de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2180); y mandado de citación de los acusados Francisco Ivo de Vasconcelos y Elias Gomes Coimbra emitido por la Secretaría de la Tercera Sala de Sobral el 25 de agosto de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2189).

112.35. El 30 de agosto de 2004 no fue posible realizar interrogatorio de los nuevos acusados por la falta de notificación del abogado de la coadyuvante civil en la acción penal, y de algunos de los abogados de la defensa, por lo que el Juez de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral, "en razón de la celeridad que requiere el caso", fijó una nueva audiencia para el 9 de septiembre de 2004[71] .

[71] Cfr. acta de audiencia de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral celebrada el 30 de agosto de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2235).

112.36. El 22 de octubre de 2004 la defensa del señor Elias Gomes Coimbra sustentó su inocencia y ofreció testigos para ser escuchados en audiencia. Ese mismo día el señor Francisco Ivo de Vasconcelos presentó su defensa previa, sustentó la insuficiencia fáctica y jurídica de las alegaciones del Ministerio Público, negó la autoría de los hechos que le eran imputados, y ofreció prueba testimonial[72] .

[72] Cfr. defensa previa de Elias Gomes Coimbra presentada ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 22 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2277 y 2278); y defensa previa del señor Francisco Ivo de Vasconcelos presentada ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 22 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2272 al 2275).

112.37. Los días 3 y 16 de diciembre de 2004 prestaron declaración los señores José Cláudio Aguiar, Maria Gorete Silva y Maria Verónica Miranda Bezerra[73] .

[73] Cfr. declaraciones de José Cláudio Aguiar y Maria Gorete Silva rendidas ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 3 de diciembre 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2283 al 2288); y declaración de Maria Verónica Miranda Bezerra rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral  el 16 de diciembre 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2296 al 2300).

112.38. Después de la apertura de la audiencia de 9 de septiembre de 2004, fijada con la finalidad de oír a los nuevos acusados, el Juez de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral señaló que "la complejidad de los hechos, el elevado número de acusados y, sobretodo, las sucesivas manifestaciones en los autos de entidades ligadas a los derechos humanos, han retrasado la solución de la controversia". Señaló, además, que los "expedientes necesarios para la correcta tramitación del proceso no ha[n] sido realizados como deberían", y que la ausencia de abogados para representar a tres de los acusados impedía efectuar el interrogatorio previsto, por lo que designó el día 19 de octubre de 2004 para su realización y reiteró la intimación a la coadyuvante civil en la acción penal, así como a los abogados de defensa de los acusados originales para presentar alegaciones finales[74] .

[74] Cfr. acta de audiencia de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral celebrada el 9 de septiembre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2254 y 2255).

112.39. Seguidamente, en la misma audiencia, la defensa del señor Sérgio Antunes Ferreira Gomes, acusado en la denuncia original, solicitó la "suspensión [del requerimiento] de la presentación de las alegaciones finales", alegando que la producción de nuevas pruebas en el proceso, consecuencia necesaria de la inclusión de nuevos acusados, podría beneficiar, o bien perjudicar, a los acusados originales, y que su juzgamiento antes del fin de la etapa de instrucción del proceso en contra de los que fueron posteriormente imputados, podría acarrear una contradicción entre la primera y la segunda sentencias a ser emitidas por el Juzgado. En razón de tal solicitud, el Juez determinó que, con posterioridad a la audiencia fijada para el 19 de octubre de 2004, los autos fuesen remitidos a él, para que decidiera sobre el pedido[75] .

[75] Cfr. acta de audiencia de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral celebrada el 9 de septiembre de 2004, supra nota 74.

112.40. El 19 de octubre de 2004 se llevó a cabo el interrogatorio de los acusados Francisco Ivo de Vasconcelos y Elias Gomes Coimbra[76] .

[76] Cfr. declaraciones de Francisco Ivo de Vasconcelos y Elias Gomes Coimbra rendidas ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 19 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folios 2260 al 2268).

112.41. La audiencia fijada para el 26 de enero de 2005 para escuchar al testigo Francisco das Chagas Melo no se llevó a cabo por falta de intimación del acusado Carlos Alberto Rodrigues dos Santos y se realizó el 2 de marzo de 2005[77] .

[77] Cfr. acta de audiencia del Juzgado de Ipueiras celebrada el 26 de enero 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2326); y acta de audiencia del Juzgado de Ipueiras celebrada el 2 de marzo 2005 (expediente de fondo, tomo IV, folios 701 al 710).

112.42. El 14 de febrero de 2005 la Secretaría de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral remitió los "autos concluidos" al Juez para que decidiera sobre la solicitud de suspensión de la presentación de las alegaciones finales. Desde esa fecha, el Juzgado procedió a realizar las audiencias para escuchar al señor Francisco das Chagas Melo y a la señora Albertina Viana Lopes, y a citar a los testigos de la parte acusada en la ampliación de la denuncia. El proceso penal por la muerte de Damião Ximenes Lopes está a la espera de la emisión de un auto interlocutorio que resuelva la solicitud de suspensión de la presentación de alegaciones finales[78] .

[78] Cfr. auto de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral dictado el 14 de febrero de 2005 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo II, folio 2327); acta de audiencia del Juzgado de Varjota celebrada el 5 de abril 2005 (expediente de fondo, tomo IV, folios 712 y 713); y carta de intimación de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral emitida el 17 de noviembre 2005 (expediente de fondo, tomo IV, folio 715).

112.43. El procedimiento penal inició el 27 de marzo de 2000 con la interposición de la denuncia por parte del Ministerio Público, y a la fecha de la emisión de la presente Sentencia aún no se ha dictado fallo de primera instancia.

E)       Acción civil de resarcimiento*

* En el original, en portugués: ação civil de reparação de danos

112.44. El 6 de julio de 2000 Albertina Viana Lopes promovió acción de indemnización ante la Quinta Sala Civil por daños morales en contra de la Casa de Reposo Guararapes, Sérgio Antunes Ferreira Gomes y Francisco Ivo de Vasconcelos, como consecuencia del "dolor, tristeza, sufrimiento y humillación que [...] pasó y pasará por el resto de su vida" por la muerte de su hijo Damião Ximenes Lopes[79] .

[79] Cfr. escrito de Albertina Viana Lopes presentado ante la Quinta Sala Civil el 6 de julio 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2329 al 2343).

112.45. El 2 de octubre de 2000 los representantes de la Casa de Reposo Guararapes y los demandados Sérgio Antunes Ferreira Gomes y Francisco Ivo de Vasconcelos, contestaron la demanda de indemnización planteada en su contra por la señora Albertina Viana Lopes[80] .

[80] Cfr. escrito de los representantes de la Casa de Reposo Guararapes presentado ante la Quinta Sala Civil el 2 de octubre 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2403 al 2411); escrito de Sérgio Antunes Ferreira Gomes presentado ante la Quinta Sala Civil el 2 de octubre 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2413 al 2422); y escrito de Francisco Ivo de Vasconcelos presentado ante Quinta Sala Civil el 2 de octubre 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2424 al 2429).

112.46. El 17 de noviembre de 2000 la señora Albertina Viana Lopes presentó la réplica a la contestación de la demanda de la Casa de Reposo Guararapes, y de los señores Sérgio Antunes Ferreira Gomes y Francisco Ivo de Vasconcelos[81] .

[81] Cfr. escrito de Albertina Viana Lopes presentado ante la Quinta Sala Civil el 17 de noviembre 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2446 al 2448).

112.47. El 6 de diciembre de 2000 la Quinta Sala Civil fijó audiencia de conciliación para el 1 de marzo de 2001. En esa fecha la Quinta Sala Civil, sin presentar justificación, transfirió la audiencia para el 15 de marzo de 2001, día en que se llevó a cabo la misma, sin que existiera ánimo conciliatorio[82] .

[82] Cfr. auto de la Quinta Sala Civil dictado el 6 de diciembre de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2450); auto de la Quinta Sala Civil dictado el 1 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2463 y 2464); y acta de audiencia de la Quinta Sala Civil celebrada el 15 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2466 y 2467).

112.48. El 15 de agosto de 2003 la Quinta Sala Civil solicitó a la Tercera Sala del Juzgado de Sobral información pormenorizada sobre la acción penal que se tramitaba en dicha instancia sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes y el estado procesal en que se encontraba. El 19 de agosto de 2003 el Juez de la Tercera Sala de Sobral informó que el proceso se encontraba en la fase del artículo 499 del Código Procesal Penal, es decir, en la presentación de alegaciones finales por las partes. El 29 de agosto del mismo año la Quinta Sala Civil resolvió suspender el proceso civil por el plazo máximo de un año para esperar la resolución de la acción penal[83] .

[83] Cfr. auto de la Quinta Sala Civil dictado el 15 de agosto de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2576); oficio No. 521/03 de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral emitido el 19 de agosto de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2580); y auto de la Quinta Sala Civil dictado el 29 de agosto de 2003 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2582).

112.49. El 15 de octubre de 2004 la Quinta Sala Civil solicitó a la Tercera Sala del Juzgado de Sobral para que informara si había sido dictada sentencia en el caso del señor Damião Ximenes Lopes y, en su caso, remitiera copia de la decisión. El 21 de octubre de 2004 la Tercera Sala de Sobral informó que el 24 de septiembre de ese mismo año había sido ampliada la denuncia contra los señores Elias Gomes Coimbra y Francisco Ivo de Vasconcelos, a quienes se había interrogado el 19 de octubre de 2004 y que, con relación a los demás acusados, el proceso se encontraba concluso para decisión respecto del pedido de uno de los abogados de defensa sobre la suspensión del plazo para la presentación de alegaciones finales[84] (supra párr. 112.42). No se ha dictado sentencia de primera instancia en la acción civil de resarcimiento, para la fecha de la presente Sentencia.

[84] Cfr. auto de la Quinta Sala Civil dictado el 15 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2633); y oficio No. 1545/04 de la Tercera Sala del Juzgado de Sobral emitido el 21 de octubre de 2004 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2636).

F)       Exhumación del cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes

112.50. El 15 de marzo de 2001 la Quinta Sala Civil decidió acoger el pedido de realización de la prueba pericial de exhumación del cadáver del señor Damião Ximenes Lopes, solicitado por los representantes de la Casa de Reposo Guararapes, y dispuso que el Director del Departamento Técnico de Pericia debería nombrar a dos peritos para realizar dicha prueba[85] .

[85] Cfr. acta de audiencia de la Quinta Sala Civil celebrada el 15 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2466 y 2467).

112.51. Los días 25 y 27 de marzo de 2001 el demandado Francisco Ivo de Vasconcelos, así como la señora Albertina Viana Lopes, presentaron los puntos a ser analizados en la exhumación del cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes[86] .

[86] Cfr. escrito de Francisco Ivo de Vasconcelos presentado ante la Quinta Sala Civil el 25 de marzo 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2468 y 2469); y escrito de la Albertina Viana Lopes presentado ante la Quinta Sala Civil el 27 de marzo 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2470 y 2471).

112.52. El 26 de marzo de 2001 el representante de la Casa de Reposo Guararapes desistió del pedido de exhumación. El 19 de junio del mismo año la señora Albertina Viana Lopes se manifestó a favor de la realización de la prueba pericial, como condición para el esclarecimiento de la verdad. El 20 de junio de 2001 la Quinta Sala Civil resolvió mantener la realización de la exhumación[87] .

[87] Cfr. escrito de Francisco Ivo de Vasconcelos presentado ante la Quinta Sala Civil el 26 de marzo 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2473 y 2474); escrito de Albertina Viana Lopes presentado ante Quinta Sala Civil el 19 de junio 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2500 y 2501); y auto de la Quinta Sala Civil dictado el 20 de junio de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2502 y 2503).

112.53. El 24 de septiembre de 2001 la Quinta Sala Civil solicitó por segunda vez al Director del Departamento Técnico de Pericia del Instituto Médico Legal, que nombrara a dos peritos para la realización de la exhumación. Dicha solicitud fue reiterada el 30 de octubre de 2001[88] .

[88] Cfr. auto de la Quinta Sala Civil dictado el 11 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2512 y 2513); oficio No. 372/2001 de la Quinta Sala Civil emitido el 24 de septiembre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2514); y oficio No. 468-M/2001 de la Quinta Sala Civil emitido el 30 de octubre de 2001 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2522).

112.54. El 21 de febrero de 2002 la Dirección Técnica-Científica del Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto, dispuso el día 6 de abril de 2002 a las 8:00 horas para la realización de la exhumación del cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes y designó a dos peritos al efecto. El 6 de abril de 2002 fue realizada la pericia, la cual concluyó que el caso del señor Damião Ximenes Lopes se trató de una muerte real "de causa indeterminada" (supra párr. 112.16)[89] .

[89] Cfr. oficio No. 170/200-CPD-02 de la Dirección Técnica Científica del Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto emitido el 21 de febrero de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folio 2525); oficio No. 795/2002 de la Comisaría Regional de Sobral emitido el 2 de mayo de 2002 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2548 y 2549); y dictamen de Examen Cadavérico (exhumación) realizado por el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto al cadáver de Damião Ximenes Lopes el 6 de abril de 2002, supra nota 48.

G)      Casa de Reposo Guararapes

112.55. La Casa de Reposo Guararapes era un hospital privado de salud, propiedad de Sérgio Antunes Ferreira Gomes, la que fue contratada por el Estado para prestar servicios de atención psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único de Salud, y actuaba como unidad pública de salud en nombre y por cuenta del Estado. En el mes de octubre de 1999, alrededor de 54 camas de internación de dicho hospital estaban afiliadas al SUS y las personas que ocupaban esas camas eran pacientes del sistema público de salud. Era la única institución de internación o de servicios ambulatorios o abiertos, sea de carácter público o privado, de personas con discapacidades mentales de toda la región de Sobral, ciudad que está localizada a 200 Km. de la ciudad de Fortaleza, capital del estado del Ceará[90] .

[90] Cfr. decisión Administrativa No. 026 dictada por la Secretaría de Salud y Asistencia Social del Municipio de Sobral el 2 de marzo de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 2, folios 76 al 81); Decisión Administrativa No. 113 dictada por la Secretaría de Salud y Asistencia Social del Municipio de Sobral el 10 de julio de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 3, folios 82 y 83); declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de agosto de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 4, folios 84 al 89); y escrito de Sérgio Antunes Ferreira Gomes presentado ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 26 de marzo de 2001 (expediente de anexos a la demanda, anexo 7, folios 95 y 96).

112.56. En la Casa de Reposo Guararapes existía un contexto de violencia, agresiones y malos tratos, en que ersos internos frecuentemente presentaban lesiones en los miembros superiores e inferiores, las cuales eran causadas por empleados de la Casa de Reposo Guararapes; los auxiliares de enfermaría y vigilancia utilizaban a los pacientes para contener a otros; aplicaban la "gravata" (maniobra que implica posibilidad de asfixiamiento) a algunos pacientes, quienes pensaban que tal práctica "era la ley" o era "para mantener el orden"; determinaban la contención física de forma indiscriminada, independientemente de si tal procedimiento había sido indicado por el médico responsable, e incentivaban enfrentamientos físicos entre los pacientes[91] .

[91] Cfr. informe del Grupo de Acompañamiento y Evaluación de la Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria emitido el 5 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 18, folios 118 al 146); informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43; declaración de Francisco das Chagas Melo rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de febrero de 2001, supra nota 62; declaración de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de abril de 2000 (expediente de anexos a la demanda, anexo 12, folios 108 al 110); y constancia del libro de novedades diarias de la Casa de Reposo Guararapes del 29 de diciembre de 1999 (expediente de anexos a la demanda, anexo 13, folio 111).

112.57. Las condiciones de confinamiento en la Casa de Reposo Guararapes eran inhumanas y degradantes; la atención médica a los pacientes frecuentemente era prestada en la recepción e incluso en presencia de visitantes, ya que por mucho tiempo el Hospital no contó con un consultorio médico, y frecuentemente faltaba la medicación apropiada para los pacientes. Ese hospital no ofrecía las condiciones exigibles y era incompatible con el ejercicio ético ofesional de la medicina[92] .

[92] Cfr. informe del Grupo de Acompañamiento y Evaluación de la Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria emitido el 5 de noviembre de 1999, supra nota 91; informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43; y declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de agosto de 2000, supra nota 90.

112.58. En el marco del contexto de violencia en contra de los pacientes, y con anterioridad a la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, ocurrieron en la Casa de Reposo Guararapes al menos dos muertes en circunstancias violentas, que habrían incluido golpes en la cabeza con objetos contundentes, y en que los pacientes ingresaban a la Casa de Reposo en buenas condiciones físicas y fallecían durante el período de internamiento[93] . La señora Raimunda Ferreira de Sousa murió en la Casa de Reposo Guararapes en octubre de 1987, y el señor Gerardo Alves da Silva falleció en el mismo lugar en febrero de 1991.

[93] Cfr. declaración de Maria Expedita Sousa Lira rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 15 de febrero de 2000, supra nota 55; y declaración de Maria Gorete Silva rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 15 de febrero de 2000, supra nota 55.

112.59. Las denuncias sobre malos tratos y delitos practicados en contra de los pacientes, tales como una acusación de estupro y la de que un auxiliar de enfermaría habría quebrado el brazo de un paciente, no eran investigadas por la dirección de la Casa de Reposo Guararapes, cuyo director presidente, señor Sérgio Antunes Ferreira Gomes, no visitaba la institución, ni mantenía contacto alguno con el personal médico o de enfermaría, y tampoco con los familiares de los pacientes internados[94] .

[94] Cfr. informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43; informe del Grupo de Acompañamiento y Evaluación de la Asistencia Psiquiátrica Hospitalaria emitido el 5 de noviembre de 1999, supra nota 91; declaración de Francisco das Chagas Melo rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de febrero de 2001, supra nota 62; declaración de Carlos Alberto Rodrigues dos Santos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 24 de abril de 2000, supra nota 41; constancia del libro de Novedades diarias de la Casa de Reposo Guararapes del 29 de diciembre de 1999, supra nota 91; y declaración de Francisco Ivo de Vasconcelos rendida ante la Tercera Sala del Juzgado de Sobral el 16 de agosto de 2000, supra nota 90.

H)      Intervención de la Casa de Reposo Guararapes

112.60. El 13 de octubre de 1999 la señora Albertina Viana Lopes presentó una denuncia ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social, en contra de la Casa de Reposo Guararapes, en la cual relató las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo Damião Ximenes Lopes, ocurrida el 4 de octubre de 1999[95] .

[95] Cfr. informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43; y denuncia de la señora Albertina Viana Lopes presentada ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social el 13 de octubre de 1999, supra nota 49.

112.61. El 18 de octubre de 1999 la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social, por órdenes del Secretario Municipal de Salud y Asistencia Social del Municipio de Sobral, emitió la Decisión Administrativa* No. 001/CCAA, mediante la cual resolvió instituir una Comisión de Investigación Administrativa** para investigar los hechos denunciados por la señora Albertina Viana Lopes. El 18 de febrero de 2000 la Comisión de Investigación Administrativa, después de realizar dos visitas de supervisión a la Casa de Reposo Guararapes, escuchar a diecinueve personas y analizar distintos documentos, presentó su informe final, en el cual concluyó que la Casa de Reposo Guararapes "no ofrec[ía] las condiciones exigibles y [era] incompatible con el ejercicio ético ofesional de la Medicina" [96] .

* En el original, en portugués: Portaria.

** En el original, en portugués: Comissão de Sindicância.

[96] Cfr. decisión administrativa No. 001/CCAA emitida por la Coodinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría el 18 de octubre de 1999 (anexos de la contestación de la demanda, anexo 1, tomo I, folio 1548); e informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 43.

112.62. La última inspección que se había realizado en la Casa de Reposo Guararapes había sido el 15 de mayo de 1996, por el Grupo de Acompañamiento de Asistencia Psiquiátrica del Ministerio de Salud (GAP), en la cual se recomendó el cierre de dos enfermerías de la Casa de Reposo Guararapes, que funcionaban en el local que era conocido como "sótano", por falta de condiciones de funcionamiento, infiltración y otras irregularidades. El informe constató también la existencia de un número de personas superior al número de camas hospitalarias, lo cual comprobó la existencia de los llamados "lechos-pisos", situación en que los pacientes dormían en el piso[97] .

[97] Cfr. informe del Grupo de Acompañamiento y Evaluación de la Asistencia Psiquiátrica Hospitalar emitido el 5 de noviembre de 1999, supra nota 91; y declaración de Lídia Dias Costa rendida el 31 de julio de 2003 (expediente de anexos a las solicitudes, argumentos y pruebas, anexo 1, folio 897 al 903).

112.63. El 21 de octubre de 1999 el Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud y Asistencia Social realizó una inspección en la Casa de Reposo Guararapes, en la que concluyó que:

desde el punto de vista de la vigilancia sanitaria,[...] el conjunto de las acciones y servicios referentes a la Casa de Reposo Guararapes, se encuentran fuera de los estándares de identidad y calidad aceptables  [...Además,...] se puede afirmar que:

  • la unidad hospitalaria no ofrece a sus empleados aparatos de protección inidual; [...]

  • los empleados no se encuentran vacunados contra el tétanos ni la hepatitis B;

  • los pacientes no tienen actividades de recreación en las áreas libres;

  • el aislamiento de los pacientes es realizado en lugares inadecuados, sin estructura ni higiene;

  • el almacenamiento de los alimentos es inadecuado, lo cual provoca su putrefacción;

  • el uso del congeladores inadecuado;

  • las mesas del comedor están cubiertas con plásticos atornillados, [por lo que son] de difícil higiene;

  • el cuadro de distribución de energía se encuentra dañado, lo cual puede provocar accidentes;

  • las condiciones higiénicas del hospital son precarias (techo, paredes y piso necesitan limpieza)[, y]

  • las condiciones sanitarias son precarias (baños [se encuentran] dañados[,y] sin duchas, sin lavamanos, sin basurero, y el servicio sanitario [se encuentra] sin cobertura ni higiene).

[Por ende,] los resultados [...] evidencian la necesidad de mantenimiento y de [la adopción de] diferentes acciones [...] para la promoción de la salud y la calidad de vida [...] en la Casa de Reposo Guararapes[98] .

[98] Cfr. inspección de la Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud y Asistencia Social realizada en la Casa de Reposo Guararapes el 21 de octubre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1551 al 1553).

112.64. El 4 de noviembre de 1999 la Secretaría de Salud y Asistencia Social dirigió un oficio a la Dirección Administrativa de la Casa de Reposo Guararapes, mediante el cual se refirió a una visita realizada por la Coordinadora de Control, Evaluación y Auditoría y por el Médico del Sistema Municipal de Auditoría, en la que se habían evidenciado las siguientes irregularidades en la Casa de Reposo Guararapes:

a)    ausencia de médico de planta;

b)    no hay oxígeno, "aspirador de secreción", vaporizador, y otros instrumentos médicos, en la sala de emergencias;

c)    no existe sala de curaciones ni "carro de curativo";

d)    los lugares destinados a los aparatos mencionados en los puntos b y c se encuentran en estado de higiene precario, y

e)    en los prontuarios médicos no consta la evolución ni los informes circunstanciados de seguimiento a ser producidos por los profesionales de asistencia social, psicología, terapia ocupacional ni enfermería (nivel superior), "los cuales son de fundamental importancia para los cuidados de salud mental".

En razón de tales hallazgos, la Secretaría de Salud y Asistencia Social concedió a la Casa de Reposo Guararapes un plazo de 15 días para que las irregularidades fuesen corregidas, e informó que en caso de que las mismas persistiesen, se le suspendería con carácter definitivo la emisión de autorizaciones de internación hospitalaria[99] .

[99] Cfr. oficio No. 1024/99 de la Secretaría de Salud y Asistencia Social dirigido a la Dirección Administrativa de la Casa de Reposo Guararapes el 4 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folio 1549).

112.65. El 5 de noviembre de 1999 órganos de la Secretaría de Salud y Asistencia Social realizaron una inspección conjunta en la Casa de Reposo Guararapes, mediante la cual concluyeron que:

a)    se desprende de las entrevistas realizadas a los pacientes, que existen malos tratos, especialmente en contra de pacientes del sexo masculino, y que tal trato empieza cuando los pacientes son llevados a la Casa de Reposo Guararapes por policías;

b)    causa extrañeza que la Coordinadora de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social no haya desactivado la Unidad Ulises Pernambucano. Dicha Unidad ya había sido denunciada en un informe anterior de fecha 15 de mayo de 1996;

c)    las unidades Alice Ferreira Gomes y Ulises Pernambucano deben ser desactivadas, y

d)    es evidente la falta de administración de la Casa de Reposo Guararapes. Las personas que en la práctica asumen tal función, no tienen poder decisorio y el propietario no se encuentra presente de forma asidua.

La inspección concluyó que la Casa de Reposo Guararapes no presentaba condiciones de funcionamiento, y sugirió la intervención por parte del Municipio de Sobral en conjunto con la Secretaría de Salud y Asistencia Social, el cambio en la administración, o bien que se le suprimiera el permiso para prestar servicios en el ámbito del Sistema Único de Salud. Respecto de la muerte de Damião Ximenes Lopes, concluyó que en el caso se evidenciaron una asistencia médica precaria y malos tratos[100] .

[100] Cfr. auditoría conjunta de la Secretaría de Salud y Asistencia Social realizada en la Casa de Reposo Guararapes el 5 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1625 al 1637).

112.66. El 29 de febrero de 2000 el Consejo Municipal de Salud, con base en las conclusiones del informe de la Comisión de Investigación Administrativa, decidió, mediante Resolución/CMSS No. 001/2000, la intervención de la Casa de Reposo Guararapes por parte de un órgano municipal de salud. El 2 de marzo de 2000 el Secretario Municipal de Salud y Asistencia Social, resolvió decretar una junta interventora en la Casa de Reposo Guararapes, por el plazo de noventa días, el que fue prorrogado por treinta días más, con la finalidad de organizarla técnica y administrativamente, controlando los recursos transferidos a dicho hospital por el Sistema Único de Salud[101] .

[101] Cfr. decisión Administrativa No. 026 del Secretario de Salud y Asistencia Social emitida el 2 de marzo de 2000, supra nota 90; y oficio No. 232/2000/SSAS del Secretario de Salud y Asistencia Social dirigido al representante del Ministerio Público en el proceso penal por la muerte de Damião Ximenes Lopes el 3 de marzo de 2000 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo I, tomo I, folios 1419 y 1420).

112.67. Al cabo de una intervención de ciento veinte días, el 10 de julio de 2000 la Secretaría de Salud y Asistencia Social, mediante Decisión Administrativa No. 113, dispuso "cancelar la acreditación de la Casa de Reposo Guararapes como institución psiquiátrica para prestar servicios al [Sistema Único de Salud] en el área de asistencia hospitalaria en psiquiatría"[102] .

[102] Cfr. Decisión Administrativa No. 113 dictada por la Secretaría de Salud y Asistencia Social del Municipio de Sobral el 10 de julio de 2000, supra nota 90.

I)       Pensiones

112.68. El señor Damião Ximenes Lopes recibía del Instituto Nacional de Seguridad Social una pensión del Estado por incapacidad. Como consecuencia de su muerte, y de conformidad con el artículo 3° de la Ley No. 8.212, legislación general aplicable en todo el territorio nacional, que dispone que "[la] seguridad social tiene como objetivo asegurar a sus beneficiarios medios indispensables a su mantenimiento, por motivo de incapacidad [...] y reclusión o muerte de aquellos de quienes dependían económicamente", la señora Albertina Viana Lopes pasó a recibir un beneficio social a título de pensión por muerte, por ser ella la única dependiente económica del señor Damião Ximenes Lopes. La pensión del Instituto Nacional de Seguridad Social a que se hizo beneficiaria la señora Albertina Viana Lopes, a la fecha de la presente Sentencia alcanza la suma de R$350,00 (trescientos cincuenta reales)[103] . Esta pensión se otorga independientemente de la causa y circunstancias de la muerte.

[103] Cfr. carta de concesión de beneficio del Instituto Nacional de Previsión Social a la señora Albertina Viana Lopes, de 21 de noviembre de 1999 (expediente de anexos a la contestación de la demanda, anexo II, folios 2348 y 2349).

112.69. El 16 de junio de 2004, por decisión unilateral de su Asamblea Legislativa, el estado del Ceará aprobó la Ley No. 13.491, que otorgó "a favor de la [s]eñora Albertina Viana Lopes, madre del [s]eñor Damião Ximenes Lopes, fallecido en la Casa de Reposo Guararapes, en la ciudad de Sobral, estado del Ceará, el 4 de octubre de 1999", una pensión mensual y vitalicia, que corresponde al salario mínimo en el estado del Ceará, reajustable por el índice de revisión general anual aplicado a los servidores públicos estaduales, y que para el mes de mayo de 2006 alcanzaba la suma de R$323,40 (trescientos veintitrés reales y cuarenta centavos)[104] .

[104] Cfr. Ley No. 13.491 de 16 de junio de 2004 (expediente de procedimiento ante la Comisión, tomo I, folio 359); y extractos de pago de la pensión vitalicia de la señora Albertina Viana Lopes emitidos por el estado del Ceará -impresos de la Internet- el 21 de junio de 2006 (expediente de prueba para mejor resolver, folios 3706 al 3721). En el "extracto de pago" más actualizado que presentó el Estado, referente a mayo de 2006, consta que el valor de la pensión es de R$323,40 (trescientos veintitrés reales y cuarenta centavos), y que el valor total por reciibir alcanza la suma de R$416,00 (cuatrocientos dieciséis reales), porque incluye un "complemento remuneratorio" de R$92,60 (noventa y dos reales y sesenta centavos).

J)       Los familiares del señor Damião Ximenes Lopes

112.70. Las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, madre y hermana, respectivamente, del señor Damião Ximenes Lopes, han padecido secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de la muerte de la presunta víctima. La señora Albertina Viana Lopes ha sufrido depresiones y problemas de salud, tal como una gastritis nerviosa y una úlcera duodenal. La señora Irene Ximenes Lopes Miranda padeció una depresión por más de tres años. Luego de la muerte de su hermano dejó de  amamantar a su hija, quien estaba recién nacida. Dejó de trabajar y no concluyó su contrato de trabajo que terminaba el 31 de diciembre de 2004. En la búsqueda de justicia que emprendió ante los órganos judiciales y de derechos humanos a raíz de los hechos del presente caso, ha padecido y revivido en forma constante las circunstancias de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, y tuvo que separarse de su familia por largos períodos[105] .

[105] Cfr. testimonio de Irene Ximenes Lopes Miranda rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 30 de noviembre de 2005, supra nota 38; denuncia de Albertina Viana Lopes presentada ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social el 13 de octubre de 1999, supra nota 49; informe de la psiquiátra Lídia Dias Costa rendido, pedido de Irene Ximenes Lopes Miranda, el 14 de diciembre de 2002, supra nota 38; e informe sobre la Investigación Administrativa elaborado a solicitud de la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social emitido el 18 de febrero de 2000, supra nota 38.

112.71. Los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, padre y hermano, respectivamente, del señor Damião Ximenes Lopes, han sufrido como consecuencia de la muerte de la presunta víctima. El señor Francisco Leopoldino Lopes mantenía lazos familiares con su hijo, Damião Ximenes Lopes y ha sufrido por su fallecimiento. El señor Cosme Ximenes Lopes, hermano gemelo de la presunta víctima, quien también estuvo internado en instituciones psiquiátricas, mantenía un vínculo afectivo y una relación de identificación con el señor Damião Ximenes Lopes. Luego que recibió la noticia de la muerte de su hermano, entró en estado de shock; con posterioridad a ello, sufrió de depresión y dejó de trabajar por algún tiempo[106] .

[106] Cfr. testimonio de Irene Ximenes Lopes Miranda rendido en la audiencia pública celebrada ante la Corte Interamericana el 30 de noviembre de 2005, supra nota 38; e informe de la psiquiátra Lidia Días Costa rendido, a pedido de Irene Ximenes Lopes Miranda, el 14 de diciembre de 2002, supra nota 38.

VIII

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4.1 y 5.1 Y 5.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA,

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA

(Derecho a la Vida, a la Integridad Personal y

Obligación de Respetar los Derechos)

Alegatos de la Comisión

113. La Comisión alegó, inter alia, lo siguiente:

a)Respecto de la violación del derecho a la vida:

i. el Estado no cumplió con su obligación de proteger y preservar la vida del señor Damião Ximenes Lopes. Esta violación puede apreciarse no sólo porque sus agentes le causaron la muerte, sino porque el Estado no ejerció debidamente la fiscalización de la Casa de Reposo Guararapes, y

ii. la falta de una investigación seria y sanción a los responsables por la muerte del señor Ximenes Lopes, constituye una violación por parte del Estado a su obligación de garantizar el derecho a la vida.

b)Respecto de la violación del derecho a la integridad personal:

i. las condiciones de hospitalización en la Casa de Reposo Guararapes eran per se incompatibles con el respeto a la dignidad de la persona humana; por el mero hecho de haber sido internado en dicha institución como paciente del SUS, el señor Damião Ximenes Lopes fue sometido a tratamiento inhumano o degradante, y

ii. la contención física aplicada al señor Ximenes Lopes no tomó en cuenta los parámetros internacionales sobre la materia. La presunta víctima no fue mantenida en condiciones dignas, ni bajo el cuidado, la supervisión inmediata y regular de personal calificado de salud mental.

c) Respecto del allanamiento, está de acuerdo con el reconocimiento efectuado por el Estado, no hay controversia en relación con los hechos que antecedieron a la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, los cuales están descritos en la demanda.

Alegatos de los representantes

114. Los representantes señalaron, inter alia, lo siguiente:

a)Respecto de la violación del derecho a la vida:

i. el Estado falló en su obligación de preservar y proteger la vida del señor Damião Ximenes Lopes, ya que no adoptó medidas de prevención para impedir su muerte, no fiscalizó, ni monitoreó el funcionamiento de la Casa de Reposo Guararapes, y

ii. la falta de una investigación seria y efectiva, y sanción de los responsables por la muerte de la presunta víctima constituye una violación del Estado de su obligación de garantizar el derecho a la vida.

b) Respecto de la violación del derecho a la integridad personal, el señor Damião Ximenes Lopes fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes en la Casa de Reposo Guararapes. Las agresiones fueron perpetradas por los iniduos que tenían la guardia del señor Ximenes Lopes, y quienes debían cuidarle, resguardar su salud y su integridad personal. Las condiciones de internación y los cuidados ofrecidos por dicho hospital autorizado por el Sistema Único de Salud, eran per se, atentatorios al derecho a la integridad personal.

c) Respecto del allanamiento, señaló que el Estado violó cuatro deberes que tenía en relación con los pacientes de la Casa de Reposo Guararapes: a) prevenir daños no naturales; b) investigar y permanecer informado sobre las condiciones del hospital; c) monitorear y controlar los funcionarios, y d) no causar, de forma negligente o intencional, la muerte de pacientes que se encuentren bajo su custodia.

Alegatos del Estado

115. El Estado manifestó, inter alia, que reconoce su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana, en demostración de su compromiso con la tutela de los derechos humanos.

Consideraciones de la Corte

116. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

117. El inciso 1 del artículo 4 de la Convención dispone que

[t]oda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

118. El artículo 5 de la Convención Americana establece que:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

[...]

119. La Corte reitera que el reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado por la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes, constituye una contribución positiva al desarrollo de este proceso y tiene fundamental importancia para la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana[107] en el Estado.

[107] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 55; Caso Blanco Romero, supra nota 20, párr. 100; y Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 20, párr. 60.

120. El Tribunal tiene por establecido que en la Casa de Reposo Guararapes existía un contexto de violencia en contra de las personas ahí internadas, quienes estaban bajo la amenaza constante de ser agredidas directamente por los funcionarios del hospital, o bien de que éstos no impidiesen las agresiones entre los pacientes, ya que era frecuente que los empleados no tuviesen entrenamiento para trabajar con personas con discapacidades mentales. Los enfermos se encontraban sujetos a la violencia también cuando entraban en un estado crítico de salud, ya que la contención física y el control de pacientes que entraban en crisis, era frecuentemente realizada con la ayuda de otros pacientes. La violencia, sin embargo, no era el único obstáculo para la recuperación de los pacientes de la Casa de Reposo Guararapes, sino que las precarias condiciones de mantenimiento, conservación e higiene, así como de la atención médica, también constituían una afrenta a la dignidad de las personas ahí internadas. En la Casa de Reposo Guararapes el almacenamiento de los alimentos era inadecuado; las condiciones higiénicas y sanitarias del hospital eran precarias, los baños se encontraban dañados, sin duchas, lavamanos, ni basurero y el servicio sanitario se encontraba sin cobertura ni higiene; no había médico de planta, la atención médica a los pacientes era frecuentemente prestada en la recepción del hospital, y algunas veces faltaba medicación; faltaban aparatos esenciales en la sala de emergencias, tales como tubos de oxígeno, "aspirador de secreción" y vaporizador; en los prontuarios médicos no constaba la evolución de los pacientes ni los informes circunstanciados de seguimiento que debían hacer los profesionales de asistencia social, psicología, terapia ocupacional y enfermaría; el propietario del hospital no se encontraba presente de forma asidua, por lo que era evidente la falta de administración. En resumen, y según señaló la Comisión de Investigación Administrativa instaurada con posterioridad a la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, la Casa de Reposo Guararapes "no ofrec[ía] las condiciones exigibles y [era] incompatible con el ejercicio ético ofesional de la Medicina" (supra párrs. 112.56, 112.57, 112.61, 112.63, 112.64 y 112.65).

121. La Corte ha tenido por probado que al momento de la visita de la señora Albertina Viana Lopes a la Casa de Reposo Guararapes el 4 de octubre de 1999, el señor Damião Ximenes Lopes se encontraba sangrando, con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excrementos, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad para respirar, agonizante, gritando y pidiendo auxilio a la policía.Con posterioridad a ese encuentro, el señor Damião Ximenes Lopes recibió un baño y aún con las manos atadas, se cayó de la cama. La presunta víctima permaneció en el suelo, fue medicado, y posteriormente falleció, sin la presencia o supervisión de médico alguno. La autopsia realizada señaló que el cuerpo presentaba excoriaciones localizadas en la región nasal, hombro derecho, parte anterior de las rodillas y del pie izquierdo, equimosis localizadas en la región del ojo izquierdo, hombro homolateral y puños, por lo que esta Corte consideró probado que la muerte se dio en circunstancias violentas (supra párrs. 112.9, 112.10, 112.11 y 112.14).

122. En el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el Estado reconoció los hechos de la demanda relacionados con el fallecimiento del señor Damião Ximenes Lopes, y la falta de prevención para superar las condiciones que permitieron que ocurriera tal incidente, así como la precariedad del sistema de atención mental al cual la presunta víctima fue sometida, al momento de los hechos, lo que constituyó una violación del artículo 4 de la Convención. El Estado, además, reconoció los malos tratos de que fue víctima el señor Ximenes Lopes antes de su muerte, en violación del artículo 5 de la Convención (suprapárrs. 36, 63 y 66).

123. No obstante ello, la Corte considera pertinente analizar ciertos aspectos relativos a la violación de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención en el presente caso, ya que esta es la primera vez que el Tribunal tiene la oportunidad de pronunciarse sobre la violación de los derechos de una persona que padecía una discapacidad mental. La Corte analizará el tema bajo dos perspectivas: A) los derechos de las personas con discapacidad mental, y B) los deberes del Estado en relación con esas personas.

A) Los derechos de las personas con discapacidad mental

1. El derecho a la vida y a la integridad personal

124. Esta Corte reiteradamente ha afirmado que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo[108] .

[108] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párrs. 82 y 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párrs. 150, 151 y 152; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párrs. 119 y 120; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 30, párrs. 161 y 162; Caso Huilca Tecse. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párrs. 65 y 66; Caso "Instituto de Reeducación del Menor". Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párrs. 156 y 158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrs. 128 y 129; Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párrs. 152 y 153; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 110; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144.

125. En virtud de este papel fundamental que se asigna al derecho a la vida en la Convención, la Corte ha afirmado en su jurisprudencia constante que los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, y en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él[109] . En esencia, el artículo 4 de la Convención garantiza no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino que además, el deber de los Estados de adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho[110] .

[109] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 83; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr.151; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 120; Caso Huilca Tecse, supra nota 108, párr. 65; Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 108, párr. 156; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota108, párr. 128; Caso 19 Comerciantes, supra nota 108, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 108, párr. 152; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 110; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 108, párr. 144.

[110] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 85; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr.153; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 120; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 232; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 30, párr. 162; Caso Huilca Tecse, supra nota 108, párr. 66; Caso "Instituto de Reeducacción del Menor", supra nota 108, párr.158; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párr. 129; Caso 19 Comerciantes, supra nota 108, párr. 153; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 108, párr. 153; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 110; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 108, párr. 144.

126. A su vez, la Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, bien jurídico cuya protección encierra la finalidad principal de la prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este Tribunal ha considerado de forma constante en su jurisprudencia que dicha prohibición pertenece hoy día al dominio del ius cogens[111] . El derecho a la integridad personal no puede ser suspendido bajo circunstancia alguna[112] .

[111] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 117; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 20, párr. 222; Caso Fermín Ramírez.Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No 126, párr. 117; Caso Caesar. Sentencia de 11 de marzo de 2005. Serie C No. 123, párr. 59; Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 24, párr. 100; Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115,párr. 125; Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 143; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párrs. 111 y 112; Caso Maritza Urrutia. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103,párrs. 89 y 92; Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, párr. 154; y Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 95.

[112] Cfr. artículos 5 y 27 de la Convención Americana. Ver en ese sentido, Caso de la Masacre Pueblo Bello, supra nota25, párr.119; y Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 108, párr. 157.

127. La Corte ya ha establecido que "[la] infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene ersas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta"[113] . Es decir, las características personales de una supuesta víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, deben ser tomadas en cuenta al momento de determinar si la integridad personal fue vulnerada, ya que tales características pueden cambiar la percepción de la realidad del iniduo, y por ende, incrementar el sufrimiento y el sentido de humillación cuando son sometidas a ciertos tratamientos.

[113] Cfr. Caso Caesar, supra nota 111, párr. 69; y Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57.

2. El derecho al respeto a la dignidad y autonomía de las personas con discapacidad mental y a una atención médica eficaz

128. Los Estados tienen el deber de asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental[114] . La anterior obligación se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios de salud básicos; la promoción de la salud mental; la prestación de servicios de esa naturaleza que sean lo menos restrictivos posible, y la prevención de las discapacidades mentales[115] .

[114] Cfr. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, supra nota 32, principio 1; Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, supra nota 37, principio 2; Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades. Resolución No. 48/96 de la Asamblea General de la ONU, Documento A/48/49 (1993), art. 2; Declaración de los Derechos del Retrasado Mental. Resolución de la Asamblea General de la ONU, Documento A/8429 (1971), art. 2; y Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Resolución No. 37/52 de la Asamblea General de la ONU, Documento A/37/51 (1982), párrs. 95 al 107.

[115] Cfr. Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, supra nota. 35, artículo III.2; y Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, supra nota 37, principios 1, 2 y 4.

129. Debido a su condición psíquica y emocional, las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud, y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapacidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico. Esa vulnerabilidad aumentada, se da en razón del desequilibrio de poder existente entre los pacientes y el personal médico responsable por su tratamiento, y por el alto grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas[116] .

[116] Cfr. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidades, supra nota 114, art. 9.4; Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, Observación General No. 5, "Personas con Discapacidad", supra nota 35, párr.9; y Normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004, párr. 51. En ese sentido, cfr. European Court of Human Rights, Keenan v. United Kingdom, Application no. 27229/95, judgment of 3 April 2001, p. 111, yEuropean Court of Human Rights, Herczegfalvy v. Austria, Application no. 10533/83, judgment of 24 September 1992, p. 82.

130. La Corte considera que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. No obstante, la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la autoridad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado[117] .

[117] Cfr. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, supra nota 32, principios 9.4 y 11; Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Noemas para la Atención de la Salud Mental, supra nota 37, principios 5, 6 y 9; Organización Panamericana de Salud, Declaración de Caracas, adoptada por la Conferencia Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en América Latina el 14 de noviembre 1990, art. 3; Asociación Psiquiátrica Mundial (APM), Declaración de Madrid Sobre los Requisitos Éticos de la Práctica de la Psiquiatría, aprobada por la Asamblea General de la APM el 25 de agosto 1996, revisada el 26 de agosto 2002, preámbulo y párr. 4; y World Psychiatric Association (WPA), Declaration of Hawaii/II, adopted by the WPA General Assembly on 10th July 1983, p. 2 y 5.

          i) Cuidados mínimos y condiciones de internación dignas

131. Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental de las Naciones Unidas ofrecen una guía útil para determinar si la atención médica ha observado los cuidados mínimos para preservar la dignidad del paciente. Los principios 1, 8 y 9 del mencionado catálogo, establecen las libertades fundamentales y los derechos básicos, y las normas de la atención médica y del tratamiento a ser prestado a las personas con discapacidad mental. Además, el lugar y las condiciones físicas en que se desarrolla el tratamiento deben ser conformes con el respeto a la dignidad de la persona, de acuerdo con el Principio 13.

132. La Corte considera que las precarias condiciones de funcionamiento de la Casa de Reposo Guararapes, tanto en cuanto las condiciones generales del lugar como la atención médica, se distanciaban de forma significativa a las adecuadas para ofrecer un tratamiento de salud digno, particularmente en razón de que afectaban a personas con una gran vulnerabilidad por su discapacidad mental, y eran per se incompatibles con una protección adecuada de la integridad personal y de la vida.

ii) El uso de la sujeción

133. La sujeción se entiende  como cualquier acción que interfiera con la capacidad de un paciente de tomar decisiones o que restringe su libertad de movimiento. La Corte toma nota que el uso de la sujeción posee un alto riesgo de ocasionar daños o la muerte del paciente, y que las caídas y lesiones son comunes durante dicho procedimiento[118] .

[118] Cfr. Normas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2004. Extracto del 8º Informe General CPT/INF(98) 12, párrs. 47 al 49; American Hospital Association/National Association of Psychiatric Health Systems, Guiding Principles on Restraint and Seclusion for Behavioral Health Services, 25 February 1999; American Geriatrics Society Position Statement: Guidelines For Restraint Use, Last Updated January 1º, 1997; y American Medical Association, Guidelines for the Use of Restraints in Long-Term Care Facilities, June 1989, p. 5.

134. El Tribunal considera que la sujeción es una de las medidas más agresivas a que puede ser sometido un paciente en tratamiento psiquiátrico. Para que esté en conformidad con el respeto a la integridad psíquica, física y moral de la persona, según los parámetros exigidos por el artículo 5 de la Convención Americana, debe ser empleada como medida de último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente, o bien al personal médico y a terceros, cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que ésta represente una amenaza a la seguridad de aquéllos. La sujeción no puede tener otro motivo sino éste, y sólo debe ser llevada a cabo por personal calificado y no por los pacientes[119] .

[119] Cfr. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, supra nota 32, principio 11.11.

135. Además, y en consideración de que todo tratamiento debe ser elegido con base en el mejor interés del paciente y en respeto de su autonomía, el personal médico debe aplicar el método de sujeción que sea menos restrictivo, después de una evaluación de su necesidad, por el período que sea absolutamente necesario, y en condiciones que respeten la dignidad del paciente y que minimicen los riesgos al deterioro de su salud[120] .

[120] Cfr. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de Salud Mental, supra nota 32, principio 11.11; Declaración de Madrid Sobre los Requisitos Éticos de la Práctica de la Psiquiatría, supra nota 117, preámbulo; Organización Mundial de la Salud. isión de Salud Mental y Prevención del Abuso de Sustancias. Diez Principios Básicos de las Normas para la Atención de la Salud Mental, supra nota 37, principio 4.3; y Declaration of Hawaii/II, adopted by the WPA General Assembly on 10th July 1983, supra nota 117,p. 1.

136. Al señor Damião Ximenes Lopes se le sujetó con las manos hacia atrás entre la noche del domingo y el lunes por la mañana sin una reevaluación de la necesidad de proseguir en la contención, y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. Esta forma de sujeción física a que fue sometida la presunta víctima no satisface la necesidad de proveer al paciente un tratamiento digno, ni la protección de su integridad psíquica, física o moral.

B) Los deberes del Estado en relación con las personas con discapacidad mental

137. La Corte ya señaló que de la obligación general de garantía de los derechos a la vida y a la integridad física, nacen deberes especiales de protección y prevención, los cuales, en el presente caso, se traducen en deberes de cuidar y de regular.

1. El deber de cuidar

138. Con la finalidad de determinar las obligaciones del Estado en relación con las personas que padecen de una discapacidad mental, la Corte estima necesario tomar en cuenta, en primer lugar, la posición especial de garante que asume el Estado con respecto a personas que se encuentran bajo su custodia o cuidado, a quienes el Estado tiene la obligación positiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna[121] .

[121] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 120; Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párrs. 104 a 106; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 20, párr. 221; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, supra nota 30,párr. 162, Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 24, párr. 102; Caso Tibi, supra nota 111, párr. 150; Caso "Instituto de Reeducación del Menor", supra nota 108, párr. 152; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párr. 98; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 138, y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 111. En el mismo sentido, Caso de la Cárcel de Urso Branco. Medidas Provisionales.Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 21 de septiembre de 2005, considerando sexto; y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 7 de mayo de 2004, considerando décimo tercero.

139. En segundo lugar, el Tribunal considera que lo anterior se aplica de forma especial a las personas que se encuentran recibiendo atención médica, ya que la finalidad última de la prestación de servicios de salud es la mejoría de la condición de salud física o mental del paciente, lo que incrementa significativamente las obligaciones del Estado, y le exige la adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de la condición del paciente y optimizar su salud.

140. Finalmente, los cuidados de que son titulares todas las personas que se encuentran recibiendo atención médica, alcanzan su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental, dada su particular vulnerabilidad cuando se encuentran en instituciones psiquiátricas.

2. El deber de regular y fiscalizar

141. El Tribunal ha establecido que el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicio de salud, como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción, abarca tanto a las entidades públicas y privadas que prestan servicios públicos de salud, como aquellas instituciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud (supra párrs. 89 y 90). En particular, respecto de las instituciones que prestan servicio público de salud, tal y como lo hacía la Casa de Reposo Guararapes, el Estado no sólo debe regularlas y fiscalizarlas, sino que además tiene el especial deber de cuidado en relación con las personas ahí internadas.

142. En el presente caso la Casa de Reposo Guararapes operaba en el marco del sistema público de salud, y el Estado estaba obligado a regularla y fiscalizarla, no sólo en virtud de sus obligaciones derivadas de la Convención Americana, sino también en razón de su normativa interna. Según lo dispuesto en el artículo 197 de la Constitución, "son de relevancia pública las acciones y servicios de salud, y cabe al poder público disponer, de acuerdo con la ley, sobre su reglamentación, fiscalización y control [. . . ]". Asimismo, el artículo 200 de la Constitución señala que "al [S]istema [Ú]nico de [S]alud compete [...] controlar y fiscalizar procedimientos [...y] ejecutar las acciones de vigilancia sanitaria[. . . ]". A su vez, el artículo 6° de la Ley No. 8.080 de 1990 dispone que "[e]stán incluidas en el campo de actuación del Sistema Único de Salud (SUS), [inter alia,] la ejecución de acciones [...tanto] de vigilancia sanitaria, [la cual] se comprende por un conjunto de acciones capaz de eliminar, disminuir o prevenir riesgos a la salud y de intervenir en los problemas sanitarios decurrentes [...] de la prestación de servicios de interés de la salud, [así como] el control y la fiscalización de servicios, productos y substancias de interés de la salud [. . . ]. "

143. El Tribunal observa que el Estado conocía las condiciones de internación que la Casa de Reposo Guararapes ofrecía en la época de los hechos. La violencia en contra de sus pacientes ya había sido el contexto de la muerte de dos personas internadas en dicho hospital (supra párr. 112.58). Además, el 15 de mayo de 1996 el Grupo de Acompañamiento de Asistencia Psiquiátrica del Ministerio de Salud (GAP) había emitido un informe sobre el resultado de la inspección realizada en la Casa de Reposo Guararapes, en el cual se recomendó el cierre de dos enfermerías del hospital, por falta de condiciones de funcionamiento, infiltración y otras irregularidades (suprapárr. 112.62).

144. La Corte observa que fue hasta el 21 de octubre de 1999 que los funcionarios del Departamento de Vigilancia Sanitaria de la Secretaría de Salud y Asistencia Social realizaron una inspección en la Casa de Reposo Guararapes para averiguar si el hospital obedecía las especificaciones de la normativa pertinente. Además, hasta el 4 de noviembre de 1999 la Coordinadora de Control, Evaluación y Auditoría y el Médico Auditor del Sistema Municipal de Auditoria, visitaron la Casa de Reposo Guararapes. Coincidentemente, los tres órganos concluyeron que el hospital no cumplía con las exigencias de la normativa pertinente y recomendaron que se arreglaran de inmediato las irregularidades (supra párrs. 112.63 y 112.64).

145. A pesar de que la competencia contenciosa de la Corte fue reconocida por el Estado el 10 de diciembre de 1998, el Tribunal considera que el lapso de 10 meses y 11 días desde esa fecha hasta el 21 de octubre de 1999, período en que ninguna medida fue adoptada para mejorar las precarias condiciones de la atención de salud en la Casa de Reposo Guararapes, no es compatible con el deber del Estado de regular la atención de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, en razón de que ya había una situación irregular desde el 15 de mayo de 1996.

146. El Estado tiene responsabilidad internacional por incumplir, en el presente caso, su deber de cuidar y de prevenir la vulneración de la vida y de la integridad personal, así como su deber de regular y fiscalizar la atención médica de salud, los que constituyen deberes especiales derivados de la obligación de garantizar los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana.

3. El deber de investigar

147. La obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos[122] . En ese sentido, una de esas condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida y a la integridad personal es el cumplimiento del deber de investigar las afectaciones a los mismos, el cual se deriva del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado[123] .

[122] Cfr. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 167; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25,párr. 142.

[123] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 92; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 142; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 233.

148. Dado lo anterior el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa[124] . Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales[125] .

[124] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párrs. 92 y 93; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 143; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párrs. 219 y 223.

[125] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 94; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 143; y Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 203.

149. Para determinar si la obligación de proteger los derechos a la vida y a la integridad personal mediante una investigación seria de lo ocurrido se ha cumplido a cabalidad, es preciso examinar los procedimientos abiertos a nivel interno destinados a dilucidar los hechos, lo cual se efectuará en el Capítulo X de la presente Sentencia.

*

150. Las anteriores consideraciones llevan a la Corte a concluir que, por haber faltado a sus deberes de respeto, prevención y protección, en relación con la muerte y los tratos crueles, inhumanos y degradantes sufridos por el señor Damião Ximenes Lopes, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes.

IX

VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA

(Derecho a la Integridad Personal y

Obligación de Respetar los Derechos)

151. Los representantes alegaron en el escrito de alegatos finales que los familiares del señor Damião Ximenes Lopes son presuntas víctimas de la violación del artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, con base en los hechos descritos en la demanda sobre la muerte del señor Ximenes Lopes y aceptados por el Estado en su reconocimiento de responsabilidad. Consecuentemente, consideran que el Estado debe reparar debidamente a los familiares del señor Damião Ximenes Lopes por esa violación.

152. Ni la Comisión ni el Estado presentaron alegaciones acerca de la referida violación del artículo 5 de la Convención, respecto a los familiares del señor Damião Ximenes Lopes.

Consideraciones de la Corte:

153. El artículo 1.1 de la Convención Americana establece que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

154. El artículo 5 de la Convención Americana dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

[...]

155. Con respecto a la alegada violación del artículo 5 de la Convención Americana, indicada solamente por los representantes en sus alegatos finales, la cual no fue incluida en el escrito de solicitudes y argumentos, este Tribunal considera que dicha alegación es extemporánea; sin embargo, no tendría impedimento para analizarla de conformidad con el principio iuria novit curia[126]

[126] Cfr. Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No 130, párr. 204; Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No 97, párr. 58; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No 94, párr. 107.

156. Esta Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades[127] , que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. El Tribunal ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de algunos familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento adicional que estos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos[128] .

[127] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 128; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 119; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 154.

[128] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párrs. 128; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 119; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 154.

157. Analizadas las circunstancias del caso, con base en la Convención Americana, y a la luz del principio iura novit curia, la Corte considera probado el sufrimiento de la señora Albertina Viana Lopes, madre del señor Damião Ximenes Lopes, por el tratamiento dado a éste por el Estado, que culminó con el fallecimiento de su hijo. Fue ella quien dejó a su hijo bajo custodia de la Casa de Reposo Guararapes por encontrarse enfermo, en la espera de su recuperación. Tres días después de la internación, sin embargo, lo encontró en condiciones deplorables y no pudo hacer nada por él. Ella se enteró del fallecimiento de su hijo al llegar a su casa depués de haberlo dejado en el hospital. Todo esto le causó gran dolor y tristeza. Después de la muerte de su hijo ha padecido fuertes depresiones y problemas de salud. Al respecto, su hija Irene Ximenes Lopes Miranda en la audiencia pública ante esta Corte, manifestó que:

          [su madre] quedó con la vida completamente arruinada, hasta hoy sufre de depresión y dice que tiene ganas de morir, perdió el gusto por la vida, también tuvo una gastritis nerviosa y en consecuencia, una úlcera duodenal que [...] fue tratada con mucha dificultad [...].

158. Igualmente, de acuerdo con las particularidades del caso, este Tribunal estima necesario considerar la situación del señor Francisco Leopoldino Lopes, padre del señor Damião Ximenes Lopes, de la señora Irene Ximenes Lopes Miranda y del señor Cosme Ximenes Lopes, éstos últimos hermanos de la presunta víctima, ya que según lo alegado por los representantes y manifestado por la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, entre los ersos familiares que tenía el señor Damião Ximenes Lopes, eran su madre y su padre, así como dichos hermanos en particular, las personas afectivamente más cercanas a él.

159. La Corte consideró probado el sufrimiento y angustia del padre de la presunta víctima, señor Francisco Leopoldino Lopes, quien, si bien estaba separado de la madre del señor Damião Ximenes Lopes, no había interrumpido los lazos familiares con su hijo (supra párr. 111.71). El señor Francisco Leopoldino Lopes sufrió por el fallecimiento de su hijo, quien era tan joven cuando murió, y vivió por mucho tiempo con un deseo de venganza, según lo manifestó la señora Irene Ximenes Lopes Miranda ante la Corte.

160. La hermana de Damião Ximenes Lopes, además del sufrimiento y tristeza que le causó la muerte de su hermano, padeció de secuelas psicológicas, tal como una depresión que duró más de tres años, lo que afectó sus relaciones familiares y le hizo perder la capacidad de amamantar a su hija que estaba recién nacida. Teniendo un contrato de trabajo que duraba hasta el 31 de diciembre de 2004, lo abandonó. Ha padecido y revivido en forma constante las circunstancias de la muerte de su hermano Damião Ximenes Lopes ante los órganos judiciales y de derechos humanos, ya que asumió la búsqueda de la verdad y la justicia respecto de estos sucesos, para lo cual ha participado activamente en el proceso judicial interno y en los trámites seguidos ante la Comisión y ahora ante esta Corte. Debido a ello, se ha separado de su familia por largos períodos.

161. La angustia padecida por la hermana del señor Ximenes Lopes se observa a través de su declaración rendida en la audiencia pública ante la Corte, donde manifestó que:

el día del entierro [del] hermano en el cementerio [ella] se arrodilló sobre el ataúd de él y jur[ó] que [su] alma no descansa[ría] mientras no hubiese justicia en el caso [de Damião Ximenes Lopes], y [hace] seis años que [ella] busca justicia[...].

162. El señor Cosme Ximenes Lopes, quien también estuvo internado en instituciones psiquiátricas, en razón del vínculo afectivo y de la identificación que había entre los dos hermanos por el hecho de ser gemelos, ha sufrido con la pérdida del señor Damião Ximenes Lopes. Luego que recibió la noticia de la muerte de su hermano, entró en estado de shock; con posterioridad a ello, sufrió de depresión y dejó de trabajar.

163. De lo expuesto anteriormente, la Corte considera que el Estado tiene responsabilidad por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes.

X

VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA

(Derecho a las Garantías Judiciales, a la Protección Judicial y

Obligación de Respetar los Derechos)

Alegatos de la Comisión

164. En relación con la supuesta violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, la Comisión Interamericana alegó, inter alia, que:

a)    en el caso sub judice la falta de efectividad del proceso interno puede ser demostrada de dos formas: por las omisiones de las autoridades que dejaron de realizar acciones e investigaciones fundamentales para recolectar todas las pruebas posibles a fin de determinar la verdad de los hechos, así como por las deficiencias y fallas en las acciones que fueron efectuadas;

b)    los errores en la investigación evidencian que las autoridades del Estado no buscaron efectivamente dilucidar la verdad sobre la muerte de la presunta víctima a través de una investigación inmediata, seria y exhaustiva;       

c)     la notitia criminis sobre la muerte de la presunta víctimallegó a conocimiento de las autoridades policiales el mismo día, a través de su familia. Sin embargo, el Comisiario de Policía de Sobral no instauró inmediatamente la investigación policial, sino que lo hizo 35 días después, el 9 de noviembre de 1999. Según la Comisión esa demora afectó de forma crucial la eficacia de la investigación;

d)    el Ministerio Público presentó la denuncia el 27 de marzo de 2000, en la cual tipificó la muerte por golpes del señor Damião Ximenes Lopes como una muerte por omisión o privación de cuidados indispensables y alternativamente concluyó que si la muerte hubiera sido causada por golpes, el artículo 136 del Código Penal continuaría siendo la tipificación adecuada;

e)    en el presente caso la actividad procesal de los familiares de la presunta víctima no es relevante para analizar el plazo razonable. En consecuencia, las alegaciones del Estado de que las deficiencias de la investigación y en la producción de prueba podrían haber sido suplidas por la madre del señor Damião Ximenes Lopes, como asistente de la acusación en la acción penal No. 674/00, carecen de fundamento;

f)     el presente caso no puede ser considerado complejo, como lo alegó el Estado, por el supuesto gran número de testimonios. La conducta negligente e injustificada de las autoridades estatales llevaron a la demora del proceso interno, ya que tardaron en iniciar las investigaciones, realizar y comparecer en las audiencias, expedir intimaciones, comisiones y exhortaciones necesarias. Las autoridades se dedicaron a dictar meros autos interlocutorios sin motivación, y por meses no se procedió a la ejecución de decisión o diligencia alguna. El volumen de trabajo del Juzgado de la Tercera Sala de la Secretaría de Sobral no puede servir de excusa para la demora y los lapsos de inercia estatal, y

g)    la inexistencia de una sentencia de primera instancia después de seis años de la muerte violenta del señor Damião Ximenes Lopes y el estado actual del proceso penal interno, aún en la fase de instrucción, indican que los familiares de la presunta víctima se encuentran en una situación de denegación de justicia por parte de las autoridades estatales.

Alegatos de los representantes

165. En relación con la supuesta violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes señalaron, inter alia, que:

a)    la investigación policial tiene una serie de irregularidades que comprometen las investigaciones acerca de la muerte de Damião Ximenes Lopes. Las autoridades competentes ignoraron evidencia material y testigos oculares que corroboran que la muerte del señor Ximenes Lopes fue el resultado de golpes. Entre las faltas están, la indicación de que la muerte de dicho señor fue por "causa indeterminada"; la deficiencia del acta de autopsia, que levanta sospechas sobre la independencia de la investigación, y la desaparición de pruebas importantes en contra de los responsables de la Casa de Reposo de Guararapes; 

b)    después de seis años de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes ninguna persona ni institución ha sido responsabilizada, ya que a la fecha no se ha dictado decisión judicial alguna;

c)     mientras dure la inercia en el procedimiento judicial para sancionar a los responsables por la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, el Estado estará incumpliendo con su obligación de sancionar de forma efectiva y dentro de un plazo razonable, las violaciones de derechos humanos;

d)    el presente caso no presenta ninguna particularidad que lo haga especialmente complejo. Cabe destacar que los hechos fueron objeto de investigación por varios órganos y por particulares, generando abundantes pruebas documentales y testimoniales; tanto los testigos como los acusados se encuentran vivos y localizados, y no existe ningún obstáculo, a no ser la falta de empeño de las autoridades por tales acciones en el juzgamiento de los responsables;

e)    en cuanto a la actividad procesal de los interesados, la familia del señor Damião Ximenes Lopes hizo todo lo que ha estado a su alcance para cooperar con los investigadores del Estado y promover el desarrollo del caso, para lo cual ha realizado innumerables diligencias y acciones en relación con la investigación policial y el proceso penal por la muerte de la presunta víctima;

f)     la posibilidad prevista en la ley brasileña de que los familiares participen activamente y colaboren en el desarrollo del caso, como coadyuvante civil en la acción penal, no puede ser interpretada como sustitución de responsabilidad del Estado en realizar una investigación completa, imparcial, dentro de un plazo razonable, como parte de la garantía del remedio legal;

g)    las acciones de los agentes estatales han obstruído el proceso contra los responsables por los hechos;

h)    el Código Procesal Penal especifica que las acciones criminales deben comenzar y terminar dentro de un período de 81 días. El presente caso lleva más de 2.200 días, más de veintiocho veces la duración estipulada en dicho código, e

i)     los familiares de la presunta víctima, en particular su hermana Irene Ximenes Lopes Miranda, han realizado esfuerzos extraordinarios para cooperar y para avanzar en los procedimientos. Como resultado de estos atrasos indebidos, que son atribuidos exclusivamente al Estado, al señor "Damião [Ximenes Lopes] y su familia [les han sido] negados sus derechos de acuerdo con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana".

Alegatos del Estado

166. En relación con la supuesta violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en perjuicio de los familiares del señor Damião Ximenes Lopes, el Estado señaló, inter alia, que:

a)       la seriedad del Estado en la búsqueda de la justicia fue debidamente demostrada en la instrucción del caso, y en la exposición de los hechos y argumentos presentados en la contestación de la demanda, en la cual se hace una descripción de todas las medidas adoptadas por el Estado para investigar las circunstancias del fallecimiento del señor Damião Ximenes Lopes y sancionar a los responsables por los malos tratos y la muerte de ese paciente de la Casa de Reposo Guararapes;

b)       el Estado adoptó todas las medidas necesarias para sancionar en la esfera penal a los responsables de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes. Sin embargo, no se puede olvidar que en el proceso penal también deben observarse las garantías fundamentales de los acusados;

c)       en lo que se refiere a la investigación efectiva, no hay que hablar de violación por parte del Estado. Las funciones investigativas, acusadoras, de defensa y decisoria son ejercidas por órganos ersos e independientes. La eventual omisión de pruebas en el ámbito de la investigación policial no acarreó perjuicio alguno, ya que éstas podrían ser suplidas en juicio. En el presente caso las pruebas producidas fueron aptas para demostrar al Ministerio Público la materialidad del delito e indicios de una autoría; 

d)       en el presente caso ya está concluida la fase de instrucción de la acción penal, debiendo ser dictada la sentencia en los primeros meses del año 2006, y

e)       el Estado no violó los artículos 8 y 25 de la Convención, ya que las investigaciones sobre la muerte de Damião Ximenes Lopes han obedecido a los dictámenes legales, respetándose los principios del debido proceso legal, de contradicción y de amplia defensa. La demora del proceso penal es razonable, ya que se basa en la búsqueda de la verdad real, en la complejidad de la causa y en las peculiaridades del proceso penal brasileño.

Consideraciones de la Corte

167. El artículo 1.1 de la Convención Americana dispone que:

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

168. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece que

[t]oda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

[...]

169. El artículo 25 de la Convención dispone que:

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

[...]

170. En el presente caso, la Comisión y los representantes alegaron la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de los familiares de la presunta víctima, con fundamento en que el proceso penal que se inició para investigar, identificar y sancionar a los responsables de los malos tratos y muerte del señor Damião Ximenes Lopes, aún se encuentra pendiente, a más de seis años de los hechos, sin que a la fecha se haya dictado sentencia de primera instancia (supra párr. 112.43). Asimismo, la acción civil de resarcimientoque busca una compensación por los daños tampoco ha sido resuelta (supra párrs. 112.49). En consecuencia, la Corte estima necesario examinar las ersas diligencias respecto a la investigación policial y el procedimiento penal y la acción civil de resarcimiento, que actualmente se tramitan a nivel interno. Dicho examen debe hacerse de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los familiares de la presunta víctima.

171. El Tribunal debe determinar si los procedimientos han sido desarrollados con respeto a las garantías judiciales, en un plazo razonable, y si han ofrecido un recurso efectivo para asegurar los derechos de acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de los hechos y la reparación a los familiares.

172. La Corte considera pertinente recordar que es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1 de la Convención Americana[129] .

[129] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 140; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párrs. 111 y 112; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 108.

173. Los artículos 8 y 25 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad por los actos de cualquiera de los órganos del Estado[130] .

[130] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 141; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 28; y Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No 107, párr. 109.

174. En casos similares, esta Corte ha establecido que el esclarecimiento de presuntas violaciones por parte de un Estado de sus obligaciones internacionales a través de la actuación de sus órganos judiciales, puede conducir a que el Tribunal examine los respectivos procesos internos. A la luz de lo anterior, se deben considerar los procedimientos internos como un todo, ya que la función del tribunal internacional es determinar si la integralidad de los procedimientos estuvo conforme a las disposiciones internacionales[131] .

[131] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 142; Caso Lori Berenson Mejía, supra nota 24, párr. 133; y Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 120.

175. Para realizar dicho análisis la Corte considera que, de acuerdo a la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), los cuales deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)[132] .

[132] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 143; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 147; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 169.

176. Del análisis de los hechos del presente caso se desprende que las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda fueron quienes iniciaron, acompañaron e intervinieron en el desarrollo de las gestiones para averiguar lo que había sucedido al señor Damião Ximenes Lopes, razón por la cual el Tribunal pasará a analizar si el Estado les proporcionó un recurso efectivo.

A)       Investigación policial y diligencias relacionadas con la muerte del señor Damião Ximenes Lopes

177. Los Estados tienen el deber de investigar las afectaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal como una condición para garantizar tales derechos, como se desprende del artículo 1.1 de la Convención Americana. En el presente caso, la Corte estableció que el Estado ha faltado a sus deberes de respeto, prevención y protección, y que por lo tanto es responsable por la violación del derecho a la vida y a la integridad personal del señor Damião Ximenes Lopes (suprapárr. 150).

178. Como consecuencia de los hechos, el Estado inició una investigación policial y realizó ersas diligencias relacionadas con la muerte del señor Damião Ximenes Lopes. La Corte analizará si aquéllas han sido serias, imparciales y efectivas, y si no se han emprendido como una simple formalidad[133] .

[133] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párrs. 92 y 93; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párrs. 143 y 144; y Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 77.

179. En consideración de las circunstancias violentas en que se dio la muerte del señor Damião Ximenes Lopes (supra párr. 112.11), este Tribunal estima que es necesario para la investigación de toda muerte violenta observar reglas similares a las contenidas en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben, inter alia: a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con su muerte, con el fin de ayudar en cualquier investigación; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, y se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados[134] .

[134] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 96; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 177; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 224. Véase también, Manual Sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de las Naciones Unidas, Doc. E/ST/CSDHA/12 (1991).

180. Inicialmente, a pesar de la evidencia de que se había ejercido violencia contra el señor Damião Ximenes Lopes, el médico Francisco Ivo de Vasconcelos, de la Casa de Reposo de Guararapes, que examinó a la presunta víctima luego de su muerte, diagnosticó la causa de la muerte como "paro cardio respiratorio" (supra párr. 112.12).

181. En relación con el mencionado examen, el médico Francisco Ivo de Vasconcelos, declaró el 11 de enero de 2000 ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoria de la Secretaría de Salud y Asistencia Social, que el cadáver del paciente "estaba en el piso, en dónde hi[zo] el primer examen para intentar ver la causa de [su] muerte[...]". Asimismo, en la declaración rendida el 11 de octubre de 2000 ante la Sala Tercera del Juzgado de Sobral, manifestó que "pasó a investigar la posible causa de la muerte, y no percibió ningún tipo de objeto que pudiera haber asfixiado al paciente, no había señales de estrangulamiento o traumatismo, no había tampoco sangrado externo, motivo por el cual [el declarante] atestó en el certificado de muerte 'paro cardio-respiratorio'[. El paciente] no presentaba ninguna lesión externa, ninguna excoriación, el sangrado había desaparecido, no presentaba ningún hematoma a nivel del cuero cabelludo, no presentaba señales de estrangulamiento, la cavidad bucal la abri[ó] para ver si se encontrab[a] algún objeto y entonces le pidi[ó] a la enfermera que avisara a la familia del paciente sobre su muerte y que preparara toda la documentación[...]".

182. Esta Corte estima que el referido médico Francisco Ivo de Vasconcelos, al examinar el cuerpo de la presunta víctima, no adoptó las medidas adecuadas, ya que como él lo señaló en su declaración, examinó el cadáver, y no informó que el cuerpo presentaba lesiones externas, las cuales fueron descritas posteriormente en el dictamen de la autopsia, esto pese a que conocía las circunstancias de violencia en la Casa de Reposo de Guararapes, así como las condiciones particulares de la presunta víctima (supra párrs. 112.9 y 112.56). De las referidas declaraciones se desprende que en su examen, el médico descartó posibles causas de la muerte, pero no fundó su diagnóstico de muerte por paro cardio-respiratorio e ignoró la existencia de lesiones, y debió entonces determinar la práctica de una autopsia, para hacer un estudio exhaustivo del cadáver de la presunta víctima.

183. Ante la falta de claridad en relación con las circunstancias que rodearon la muerte del señor Ximenes Lopes, sus familiares llevaron el cuerpo al Instituto Médico Legal de la ciudad de Fortaleza, capital del estado del Ceará, para que se le realizara una autopsia.

184. El Instituto Médico Legal realizó la autopsia del señor Damião Ximenes Lopes, en la cual concluyó que el caso se trataba de una "muerte real de causa indeterminada", y dejó constancia de la existencia de ersas lesiones, pese a lo cual no indicó cómo habrían sido provocadas. Tampoco describió el examen del cerebro de la presunta víctima. Esto motivó al Ministerio Público a solicitar al comisario de policía que requiriera al Instituto Médico Legal una aclaración sobre el contenido de la autopsia referente a las lesiones que se describían en ella. Luego de dos reiteraciones realizadas por el comisario de policía, dicho Instituto aclaró que "[la]s lesiones [...] fueron provocadas por la acción de un instrumento contundente (o por múltiples golpes o caídas)" (suprapárrs. 112.14 y 112.15). Cabe señalar que no se tomaron fotografías del cuerpo del señor Damião Ximenes Lopes.

185. El 20 de junio de 2001 la Quinta Sala Civil que tramita la acción civil de resarcimiento ordenó, como prueba pericial, la realización de la exhumación del cadáver de la presunta víctima. El informe conclusivo señaló nuevamente que la muerte del señor Ximenes Lopes era una "muerte real de causa indeterminada" (supra párrs. 112.16 y 112.54).

186. Al respecto, la señora Lídia Dias Costa, en el peritaje rendido en la audiencia pública ante la Corte, manifestó que en la exhumación del cadáver del señor Damião Ximenes Lopes se pudo constatar que su cerebro había sido abierto como se hace en las autopsias, pero que no encontraba motivos justificados para que ello no fuera expresado o descrito en el acta de autopsia realizada en el año 1999. Según la perito éste es un procedimiento de rutina y no hay justificativa para no examinar el cerebro o no describir lo que fue examinado. Asimismo, expresó que se podría formular un diagnóstico, sobre la base de la evolución clínica del paciente, de muerte violenta causada por traumatismo cráneo cefálico (supra párr. 47.4.a). El informe del examen pos-exhumático confirma que el cráneo presentaba una "craniotomia transversal", resultado de examen pericial anterior (supra párr. 112.16).

187. Esta Corte considera que el protocolo de autopsia que se practicó al señor Damião Ximenes Lopes el 4 de octubre de 1999, no cumplió con las directrices internacionales reconocidas para las investigaciones forenses, ya que no indicó, entre otras, una descripción completa de las lesiones externas y del instrumento que las ocasionó; la apertura y descripción de las tres cavidades corporales (cabeza, tórax y abdomen); en la conclusión se indicó como "causa indeterminada" la muerte, y por consiguiente tampoco se señaló el instrumento que la ocasionó. A su vez, la Dirección Técnica-Científica del Instituto Médico Legal que realizó la exhumación también concluyó que se trató "de un caso de muerte real de causa indeterminada". Este Tribunal estima que los Estados, en atención a sus obligaciones de investigar los delitos, deben asignar a una autoridad competente para que realice las investigaciones forenses, entre las que se incluye la autopsia, en observancia de las normativas interna e internacional. En el presente caso, es claro que el Instituto de Medicina Legal no realizó ni documentó los hallazgos encontrados durante la autopsia como lo establecen las normas y prácticas forenses.

188. Por otra parte, en lo que se refiere a la investigación policial sobre la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, está demostrado que fue iniciada por la Comisaría Regional de Sobral el 9 de noviembre de 1999, 36 días después de lo ocurrido en la Casa de Reposo Guararapes (supra párr. 112.18).

189. Hubo una falta a la debida diligencia de las autoridades estatales al no iniciar inmediatamente la investigación de los hechos, lo que impidió, entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la identificación de testigos oculares. Asimismo, los funcionarios estatales no preservaron ni realizaron una inspección de la Casa de Reposo Guararapes, ni efectuaron una reconstrucción de los hechos para explicar las circunstancias en que murió el señor Ximenes Lopes.

190. Debido a esa falta de investigación, los familiares de la presunta víctima denunciaron ante ersos organismos los hechos relacionados con la muerte del señor Ximenes Lopes y reclamaron justicia en el caso. La señora Albertina Viana Lopes, madre de la presunta víctima, recurrió ante la Coordinadora Municipal de Control y Evaluación de la Secretaría de Salud y Asistencia Social, y la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana de la presunta víctima, recurrió ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del estado del Ceará  (supra párr. 112.17).

191. Todas las falencias mencionadas demuestran la negligencia de las autoridades encargadas de examinar las circunstancias de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes y constituyen graves faltas al deber de investigar los hechos[135] .

[135] Cfr. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 178; y Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 228.

B) Proceso penal

192. El artículo 25.1 de la Convención establece la obligación de los Estados de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales[136] . No basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención[137] . La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la Convención[138] .

[136] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 144; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 214; y Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 137.

[137] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 144; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 213; y Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 137.

[138] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 144; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 138; Caso Palamara Iribarne, supra nota 31, párr. 184; Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 93; Caso Yatama.Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No 127, párr. 169; Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 75; Caso Tibi, supra nota 111, párr. 131; Caso 19 Comerciantes, supra nota 108, párr. 193; Caso Maritza Urrutia, supra nota 111, párr. 117; Caso Juan Humberto Sánchez, supra nota 30, párr. 121; Caso Cantos, supra nota 126, párr. 52; y Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, supra nota 126, párr. 150; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No 79, párr. 112; Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No 74, párr. 135; Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No 71, párr. 90; Caso Bámaca Velásquez, supra nota 111, párr. 191; Caso Cantoral Benavides, supra nota 111, párr. 163; Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 101; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 108, párr. 234.

193. El recurso efectivo del artículo 25 de la Convención debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de ese tratado. De éste, se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación[139] .

[139] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párrs. 93 y 146; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 144; Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 219; Caso de la Comunidad Moiwana, supra nota  125, párr. 147; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 138,párr. 63; Caso 19 Comerciantes, supra nota 108, párr. 186; Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 59; Caso Durand y Ugarte, supra nota 138, párr. 129; y Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros), supra nota 108, párr. 227.

194. En respuesta a los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido el señor Damião Ximenes Lopes y a su posterior muerte, el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial realizado de acuerdo con los requerimientos del artículo 8 de la Convención tendiente al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y el otorgamiento de una compensación adecuada.

195. El artículo 8.1 de la Convención establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. La razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal. En materia penal este plazo comienza cuando se presenta el primer acto de procedimiento dirigido en contra de determinada persona como probable responsable de cierto delito y termina cuando se dicta sentencia definitiva y firme[140] .

[140] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr.150; Caso López Álvarez, supranota 121, párr. 129; y Caso Tibi, supra nota 111, párr. 169.

196. Para examinar si en este proceso el plazo fue razonable, según los términos del artículo 8.1 de la Convención, la Corte tomará en consideración tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de las autoridades judiciales[141] .

[141] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 151; Caso López Álvarez,supra nota 121, párr. 132; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 171.

197. Con fundamento en lo expuesto en el capítulo sobre Hechos Probados, así como en los alegatos de la Comisión, los representantes y el Estado, este Tribunal considera que este caso no es complejo. Hay una sola víctima, quien está claramente identificada y murió en una institución hospitalaria, lo que permite que la realización de un proceso penal en contra de presuntos responsables, quienes están identificados y localizados, sea simple.

198. Además, del acervo probatorio se desprende que la familia del señor Damião Ximenes Lopes ha cooperado en la tramitación de la investigación policial, los procedimientos penal y civil, con el fin de avanzar en el procedimiento, conocer la verdad de lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes. La señora Albertina Viana Lopes es coadyuvante civil en el proceso penal, lo cual ha permitido que la familia de la presunta víctima participe en el proceso y fiscalice el desarrollo del mismo. En ese punto cabe recordar que si bien las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, durante el proceso de investigación y el trámite judicial (supra párr. 193), la investigación debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad[142] .

[142] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 93; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 144; y Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 79.

199. La demora del proceso se ha debido únicamente a la conducta de las autoridades judiciales. El 27 de marzo de 2000 el Ministerio Público presentó la denuncia penal en contra de los presuntos responsables por los hechos, y a más de seis años de iniciado el procedimiento, aún no se ha dictado sentencia de primera instancia. Las autoridades competentes se han limitado a diligenciar la recepción de pruebas testimoniales. Está probado que la Tercera Sala del Juzgado de Sobral tardó más de dos años en celebrar las audiencias destinadas a escuchar las declaraciones de testigos e informantes, y durante algunos períodos no ha realizado ninguna actividad tendiente a terminar el proceso (supra párr. 112.29). Al respecto, esta Corte estima que no procede el argumento del Estado de que el retraso se debe, entre otros, al gran número de declaraciones que ha tenido que recibir, o a haber tenido que comisionar a otros despachos judiciales para recibir las declaraciones de testigos que no residían en Sobral, o al volumen de trabajo del despacho judicial que conoce la causa.

200. El Estado también alegó que el atraso en el procedimiento penal se ha debido a que el 22 de septiembre de 2003 el Ministerio Público amplió la acusación para incluir a otrasdos personas. En este punto es importante resaltar que el Ministerio Público es un órgano del Estado, por lo que sus acciones y omisiones pueden comprometer la responsabilidad internacional del mismo. Ese Ministerio tardó más de tres años en ampliar la acusación para incluir a los señores Francisco Ivo de Vasconcelos, director clínico, y Elias Gomes Coimbra, auxiliar de enfermería, ambos de la Casa de Reposo Guararapes, pese a que el señor Ivo de Vasconcelos fue el médico que atendió al señor Ximenes Lopes el día de su muerte y que el señor Gomes Coimbra fue el enfermero que también había atendido la presunta víctima durante su internación. El Centro de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia del Ministerio Público, el 25 de mayo de 2000, a dos meses de haberse iniciado el proceso penal, manifestó al Fiscal encargado de la causa por la muerte del señor Damião Ximenes Lopes que, de acuerdo con el acervo probatorio recabado al efecto, debía ampliar la denuncia, ya que ello "constitu[ía] una imposición institucional y legal". La Corte considera que la referida alegación del Estado no es procedente para justificar la demora en el procedimiento penal.

201. Finalmente, a más de dos años de la ampliación de la acusación no se ha producido un avance importante en el caso.

202. El Tribunal hace notar que el Estado en sus alegatos finales informó que "ya estaba concluida la fase de instrucción de la acción penal, y que la sentencia debía ser dictada en los primeros meses del año 2006". Sin embargo, ha quedado demostrado por la prueba allegada por las partes a la Corte, que el proceso se encuentra en espera de una decisión interlocutoria sobre el pedido de suspensión de la presentación de los alegatos finales por parte de uno de los acusados originalmente, y no está lista para que el juez dicte sentencia definitiva en el caso (supra párr. 112.42).

203. El plazo en que se ha desarrollado el procedimiento penal en el caso sub judice no es razonable, ya que a más de seis años, o 75 meses de iniciado, todavía no se ha dictado sentencia de primera instancia y no se han dado razones que puedan justificar esta demora. Este Tribunal considera que este período excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana, y constituye una violación del debido proceso[143] .

[143] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 153; Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 20, párrs. 167 al 172; y Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 85.

204. Por otra parte, la falta de conclusión del proceso penal ha tenido repercusiones particulares para las familiares del señor Damião Ximenes Lopes, ya que, en la legislación del Estado, la reparación civil por los daños ocasionados como consecuencia de un hecho ilícito tipificado penalmente puede estar sujeta al establecimiento del delito en un proceso de naturaleza criminal, por lo que en la acción civil de resarcimiento tampoco se ha dictado sentencia de primera instancia. Es decir, la falta de justicia en el orden penal ha impedido que las familiares del señor Ximenes Lopes, en particular su madre, obtengan una compensación civil por los hechos del presente caso.

205. Por lo expuesto, la Corte considera que el Estado no dispuso de un recurso efectivo para garantizar, en un plazo razonable, el derecho de acceso a la justicia de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, madre y hermana, respectivamente, del señor Damião Ximenes Lopes, con plena observancia de las garantías judiciales.

*

206. La Corte concluye que el Estado no ha proporcionado a las familiares del señor Ximenes Lopes un recurso efectivo para garantizar el acceso a la justicia, la determinación de la verdad de los hechos, la investigación, identificación, procesamiento y, en su caso, la sanción de los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. Por lo tanto, el Estado tiene responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial consagrado en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese mismo tratado, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda.

XI

REPARACIONES

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1

OBLIGACIÓN DE REPARAR

207. De conformidad con el análisis realizado en los capítulos precedentes, la Corte ha declarado, con base en el reconocimiento parcial de responsabilidad del Estado, la violación de los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes; con base en los hechos del caso y la prueba presentada ante este Tribunal, la violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y de los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, y la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda. La Corte ha establecido, en varias ocasiones, que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[144] . A tales efectos, el artículo 63.1 de la Convención Americana establece que:

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

[144] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 174; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 195; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 294.

208. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación[145] . Dicha responsabilidad internacional es distinta a la responsabilidad en en el derecho interno[146] .

[145] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 175; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 196; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 295.

[146] Cfr. Caso de la Masacre de Mapiripán, supra nota 21, párr. 211; Caso de las Hermanas Serrano Cruz, supra nota 138, párr. 56; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párr. 73; y Caso Cesti Hurtado. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de enero de 1999. Serie C No. 49, párr. 47.

209. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados[147] u otros modos de satisfacción. La obligación de reparar, que se regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, invocando disposiciones de su derecho interno[148] .

[147] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 176; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 296.

[148] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 175; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 197; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 296.

210. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores[149] .

[149] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 177; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 198; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 297.

211. De conformidad con los elementos probatorios recogidos durante el proceso y a la luz de los anteriores criterios, la Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes y las consideraciones del Estado respecto de las reparaciones, con el objeto de determinar, en primer lugar, quiénes son los beneficiarios de las reparaciones, para luego disponer las medidas de reparación de los daños materiales e inmateriales, medidas de satisfacción y de no repetición y, por último, lo relativo a costas y gastos.

212. La Corte resume ahora los argumentos de la Comisión Interamericana, de los representantes y del Estado sobre las reparaciones.

Alegatos de la Comisión

213. En relación a las reparaciones la Comisión alegó, inter alia, que:

a)       los beneficiarios de las reparaciones son los señores Albertina Viana Lopes, madre; Francisco Leopoldino Lopes, padre; Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana y Cosme Ximenes Lopes, hermano gemelo.

b)       En relación al daño material:

i. solicitaron a la Corte que fije en equidad el monto de la indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante, y

ii. respecto al lucro cesante, la Comisión observó que no hubo pérdida de ingresos en relación con la pensión por invalidez del Instituto Nacional de Seguridad Social que recibía antes de su muerte. Sin embargo, enfatizó que la víctima podría en el futuro realizar actividades productivas que aumentaran su ingreso.

c)       En relación al daño inmaterial:

i. la Corte debe fijar en equidad el pago de una compensación por concepto de daño inmaterial, en razón de la intensidad de los padecimientos y las afectaciones personales de sus familiares como consecuencia de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes, y por la búsqueda de justicia en el caso, y 

ii. la pensión mensual y vitalicia concedida a la señora Albertina Viana Lopes es insuficiente como reparación por daño inmaterial, ya que el Estado no consideró todos los aspectos del concepto de daños material e inmaterial y no respetó los padrones internacionales de compensación por violación de los derechos humanos.

d)       En relación a otras formas de reparación solicitó a la Corte que ordene al Estado que:

i. adopte las medidas necesarias para dar efectividad a su obligación de supervisar las condiciones de hospitalización o internamiento de las personas con discapacidad mental en los centros hospitalarios, incluyendo adecuados sistemas de inspección y control judicial;

ii. adopte las medidas necesarias para evitar la utilización de tratos crueles, inhumanos o degradantes en los centros de salud, incluyendo programas de entrenamiento y capacitación, además de la efectiva prohibición y sanción de este tipo de acciones;

iii. implemente estándares mínimos para la realización de informes médicos, como los establecidos en el Protocolo de Estambul;

iv. haga cesar de forma inmediata la denegación de justicia a la que continúan sujetos los familiares del señor Ximenes Lopes en relación con su muerte;

v. lleve el reconocimiento de responsabilidad parcial del Estado al conocimiento de la opinión pública de forma oficial, y

vi. cree mecanismos de inspección, denuncia y documentación de muertes, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas con discapacidad mental.

e)       En relación a las costas y gastos, señaló que la Corte debe ordenar al Estado el pago de las costas y gastos realizados por los familiares del señor Damião Ximenes Lopes en la tramitación del caso en el ámbito nacional, si las hubieren, así como en la tramitación del caso ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Alegatos de los representantes

214.En relación a las reparaciones señalaron, inter alia, que:

a)       los beneficiarios de las reparaciones son los señores Albertina Viana Lopes, madre; Francisco Leopoldino Lopes, padre; Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana, y Cosme Ximenes Lopes, hermano gemelo.

b)       En relación al daño material:

i. respecto al daño emergente indicaron que, los familiares han incurrido en gastos que incluyen transporte entre los municipios de Sobral y Fortaleza para reunir documentos; gastos funerarios del señor Damião Ximenes Lopes; traslado del cuerpo de la víctima entre Sobral y Fortaleza para la realización de la autopsia, y medicamentos para los padres del señor Ximenes Lopes. Por lo tanto, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América). Dentro de dicho rubro se incluyen gastos en instancias nacionales e internacionales;

ii. respecto al lucro cesante, alegaron que una persona con deficiencia mental puede llegar a tener una vida productiva. Por lo tanto, en consideración de la expectativa de vida de la víctima y el salario mínimo en el Estado, solicitaron que la Corte fije en equidad la cantidad de US$67.550,00 (sesenta y siete mil quinientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a favor del señor Damião Ximenes Lopes. Igualmente, la señora Irene Ximenes Lopes Miranda pasó tres años sin motivación para trabajar y perdió su empleo después de la muerte de su hermano. Solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$41.850,00 (cuarenta y un mil ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a su favor, y

iii. consideraron que la pensión otorgada por la ley No. 13.491 a favor de la señora Albertina Viana Lopes no cubre los daños causados. Dicha señora recibe la pensión por invalidez que antes pertenecía al señor Damião Ximenes Lopes.

c)       En relación al daño inmaterial:

i. por los sufrimientos experimentados por el señor Damião Ximenes Lopes, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$80.000,00 (ochenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a su favor;

ii. respecto de la señora Albertina Viana Lopes, madre de la víctima, indicaron que la muerte de su hijo le causó una depresión, y actualmente padece de algunos disturbios emocionales. La pensión vitalicia establecida por el Estado no puede ser considerada como una reparación para ella, ni para los demás familiares. Por lo tanto, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a su favor. Asimismo, indicaron que dicha señora fue víctima directa de los abusos y malos tratos que sufrió su hijo, ya que presenció los suplicios a los cuales éste fue sometido, y además, fue tratada irrespetuosamente por el director de la Casa de Reposo Guararapes. Por ello, solicitaron a la Corte que aumente la cantidad en US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) para ella;

iii. respecto del señor Francisco Leopoldino Lopes, padre de Damião Ximenes Lopes, señalaron que padeció de depresión por un largo período y cree que la justicia nunca será hecha en el caso de su hijo. Hoy frecuenta la iglesia buscando consuelo espiritual. Por lo tanto, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a su favor;

iv. respecto de la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana de Damião Ximenes Lopes, la muerte de la víctima le trajo sufrimiento físico y psicológico; perdió el empleo 26 días después de los hechos del caso y por tres años sufrió de depresión, que la dejó sin motivación para trabajar. Sufrió desgaste mental y emocional en la búsqueda de justicia, por las innumerables reuniones y audiencias ante órganos ligados a la salud, poder judicial y derechos humanos, y sintió "humillación por mendigar justicia". A su vez, respecto del señor Cosme Ximenes Lopes, hermano gemelo de Damião Ximenes Lopes, la muerte de la víctima le trajo desesperación, ya que él podría eventualmente ser víctima de lo sucedido a su hermano, en caso de volver a necesitar de los servicios psíquico-hospitalarios. Ha sufrido seis años de frustración por la impunidad de los responsables, y constante amargura por la pérdida de su hermano gemelo. En razón de lo anterior, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$15.000,00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de América) para cada uno de ellos.

d)       En relación a otras formas de reparación, señalaron que:

i. reconocen las iniciativas del Estado para mejorar las condiciones de la atención psiquiátrica; 

ii. las denuncias de graves violaciones de derechos humanos cometidas en instituciones de salud mental, deben ser eficazmente investigadas, y todas las personas involucradas deben ser responsabilizadas;

iii. los órganos de fiscalización deben establecer procedimientos de supervisión del funcionamiento de las unidades de salud;

iv. el Estado debe ordenar el cierre de aquellas unidades psiquiátricas reprobadas por el Programa Nacional de Evaluación de los Hospitales Psiquiátricos, que todavía sigan funcionando;

v. el Estado debe aprobar e implementar el Proyecto de Ley No. 429/2003, que establece el "Estatuto de las Personas Portadoras de Deficiencias", y

vi. el Estado debe adoptar las medidas correspondientes para erradicar la utilización de tratamientos crueles, inhumanos o degradantes; adecuar las instituciones psiquiátricas a las condiciones requeridas por los instrumentos internacionales que regulan la materia, y establecer la definitiva prohibición y sanción de esas prácticas.

e)       En relación a las costas y gastos, alegaron que:

i. la familia Ximenes Lopes incurrió en una serie de gastos relacionados con diligencias administrativas y procesales con posterioridad a la muerte de la víctima, por lo que solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$ 10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América), y

ii. Justicia Global incurrió en gastos para proveer los servicios legales en el litigio internacional. Por esto, solicitaron a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$ 20.000,00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América). Adicionalmente, los representantes indicaron los gastos en que incurrieron por concepto de honorarios de sus abogados durante los años del trámite del caso ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y solicitaron que a la Corte que fije en equidad la cantidad de US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a su favor.

Alegatos del Estado

215. Respecto a las reparaciones alegó, inter alia, que:

a)      En cuanto a los beneficiarios, no existe daño que reparar en relación con los señores Francisco Leopoldino Lopes, Irene Ximenes Lopes Miranda y Cosme Ximenes Lopes, y en relación con la señora Albertina Viana Lopes, el daño moral que sufrió ya fue reparado, tanto en forma civil como en forma simbólica.

b)      En relación al daño material:

i. la señora Albertina Viana Lopes no sufrió una pérdida patrimonial ni lucro cesante, ya que percibe una pensión mensual y vitalicia por muerte del Instituto Nacional de Seguridad Social. La pensión por muerte sólo es destinada a personas que dependen financieramente del fallecido. Por lo tanto, no corresponde pagar una pensión por muerte y lucro cesante a los demás familiares de la víctima, ya que éstos tenían ingresos propios y no dependían económicamente del señor Damião Ximenes Lopes;

ii. no existe daño emergente, ya que el proceso penal fue promovido por el Ministerio Público;

iii. en la acción civil de resarcimiento, la señora Albertina Viana Lopes litigó gratuitamente;

iv. los gastos en que han incurrido los familiares del señor Damião Ximenes Lopes fueron efectuados voluntariamente, por lo que no procede al Estado indemnizarlos, y

v. el estado del Ceará concedió a la señora Albertina Viana Lopes una pensión mensual y vitalicia por una cantidad de R$308,00 (trescientos ocho reales). Dicha pensión corresponde al salario mínimo en el estado del Ceará, ajustable por el mismo índice de la revisión general aplicado a los servidores públicos estaduales. Esa pensión contribuye para el presupuesto familiar, y es perfectamente adecuada a la compensación por el daño sufrido, sin que se configure el enriquecimiento sin causa.

c)       En relación al daño inmaterial:

i. la señora Albertina Viana Lopes promovió una acción civil de resarcimiento por "daños morales" en contra de particulares y no contra el Estado. Dicho proceso fue suspendido, en espera del resultado de la acción penal. Existe la posibilidad que ocurra bis in idem en el presente caso, en el supuesto de que en la acción civil de resarcimiento se condene a pagar una indemnización y se efectúe el pago, y que la Corte, a su vez, decidiese condenar al Estado a pagar una indemnización "por daños morales" a la señora Viana Lopes. En consecuencia, el mismo daño estaría siendo doblemente reparado;

ii. el señor Cosme Ximenes Lopes no ha tomado conocimiento de la muerte de su hermano, por lo que no existe daño moral con base en lo desconocido;

iii. la señora Irene Ximenes Lopes Miranda no puede ser considerada parte directamente lesionada, ya que no tenía una relación cercana con el señor Damião Ximenes Lopes;

iv. el padre del señor Damião Ximenes Lopes no mantenía relación familiar con su hijo, por lo que no puede ser beneficiario de indemnización alguna por daño inmaterial;

v. el señor Damião Ximenes Lopes tenía nueve hermanos. En consideración de la noción de "justicia justa", no se puede concebir el pago de indemnización por daños morales apenas a dos hermanos. No hay como medir el dolor familiar que se desprende de la muerte de un pariente, de modo que los mismos criterios para la reparación del dolor moral sufrido por un hermano deben ser utilizados para reparación del daño psíquico de todos los demás, y

vi. ha reconocido "los daños morales" y su deber de indemnizar materialmente a la madre del señor Damião Ximenes Lopes, por lo que ha realizado el pago de una justa indemnización en el ámbito interno, mediante la pensión vitalicia estadual, acumulada con la pensión federal y vitalicia por muerte a favor de la señora Albertina Viana Lopes las cuales deben ser consideradas por la Corte. A la señora Viana Lopes ya le fue reparado el "daño moral" y el civil causados. Los demás familiares de la víctima indicados por la Comisión y los representantes son naturalmente alcanzados por las demás formas de reparación.

d)       En relación a las otras formas de reparación, el Estado alegó que adoptó todas las providencias que se esperan de un Estado democrático de derecho para evitar la repetición de eventos similares a los que sufrió el señor Damião Ximenes Lopes. Ha adoptado numerosas medidas en el Municipio de Sobral, entre las que están las unidades especializadas para el tratamiento de personas con ersas enfermedades. Asimismo, ha adoptado, entre otras, medidas a nivel nacional, tal como la aprobación, en el año 2001, de la Ley No. 10.216 conocida como "Ley de Reforma Psiquiátrica"; ha celebrado un seminario sobre "Derecho a la Salud Mental - reglamentación y aplicación de la Ley No. 10.216", y ha implementado ersos programas relacionados con los servicios de salud. Por último, el Estado señaló que ha realizado reparaciones simbólicas, al renombrar al Centro de Atención Psicosocial de Sobral (CAPS) en homenaje a la víctima, con el nombre "Centro de Atención Psicosocial Damião Ximenes Lopes"; al llevar a cabo la Tercera Conferencia Nacional de Salud Mental, en la denominada Sala Damião Ximenes Lopes, y al declarar públicamente en la audiencia celebrada ante la Corte el reconocimiento parcial de su responsabilidad internacional por violación de los derechos consagrados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana.

e)       En relación a las costas y gastos alegó que no hay nada que resarcir a los familiares del señor Damião Ximenes Lopes a nivel interno, y que tampoco tuvieron gastos con la tramitación del presente caso, ya sea ante la Comisión o ante este Tribunal, y de tenerlos, no fueron probados.

Consideraciones de la Corte

A)       BENEFICIARIOS

216. La Corte considera como "parte lesionada" al señor Damião Ximenes Lopes, en su carácter de víctima de las violaciones a los derechos consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, por lo que será acreedor de las reparaciones que fije el Tribunal por concepto de daño material e inmaterial.

217. Además, este Tribunal considera como "parte lesionada" a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, familiares del señor Damião Ximenes Lopes, en su carácter de víctimas de la violación a los derechos consagrados en los artículos 5, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma (supra párrs. 163 y 206). Asimismo, esta Corte estima como "parte lesionada" a los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, también familiares del señor Ximenes Lopes, en su carácter de víctimas de la violación del derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento (supra párr. 163). En consecuencia, esta Corte considera a dichas personas como acreedores de las reparaciones que fije el Tribunal al respecto.

218.Las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, además, serán acreedoras de las reparaciones que el Tribunal fije como consecuencia de las violaciones cometidas en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes, las cuales serán distribuidas de la siguiente manera:

a)       el ochenta por ciento (80%) de la indemnización correspondiente deberá ser distribuida en partes iguales entre las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, y

b)       el veinte por ciento (20%) de la indemnización correspondiente deberá ser distribuida en partes iguales entre los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes.

219. En el caso de que los familiares acreedores de las indemnizaciones que se establecen en la presente Sentencia fallezcan antes de que les sea entregada la indemnización respectiva, el monto que le hubiera correspondido se distribuirá conforme al derecho interno[150] .

[150] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 192; Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 203; y Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 123.

B)       DAÑO MATERIAL

220. Esta Corte entra a determinar el daño material, que supone la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima y, en su caso, de sus familiares, y los gastos efectuados como consecuencia de los hechos en el caso sub judice[151] . A este respecto, fijará un monto indemnizatorio que busque compensar las consecuencias patrimoniales de las violaciones declaradas en la presente Sentencia. Para resolver sobre el daño material, se tendrá en cuenta los argumentos de las partes, el acervo probatorio, y la jurisprudencia del propio Tribunal.

[151] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 183; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 216; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 301.

B.1. Pérdida de ingresos

221. Los representantes y la Comisión solicitaron a la Corte que determine una indemnización por concepto de pérdida de ingresos a favor del señor Damião Ximenes Lopes.

222. Está probado que el señor Damião Ximenes Lopes recibía una pensión por incapacidad del Instituto Nacional de Seguridad Social, como único ingreso al momento de su muerte. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley No. 8.212/91, como consecuencia de la muerte del beneficiario de la pensión, surgió el derecho a que su dependiente pasara a recibirla. En este caso y en virtud de ley, el Estado mantiene íntegramente la pensión por muerte a favor de la señora Albertina Viana Lopes, considerada como dependiente del señor Damião Ximenes Lopes (suprapárr. 112.68).

223. De lo anteriormente expuesto, y dada la naturaleza de dicha pensión, no se ha producido una disminución en lo percibido por ese concepto, por lo que esta Corte considera que no procede fijar una indemnización por pérdida de ingresos a favor del señor Damião Ximenes Lopes.

224. Por otra parte, los representantes alegaron que la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana de la víctima, dejó su empleo en la Municipalidad de Ipueiras como consecuencia de la muerte de su hermano, y solicitaron a la Corte que fije la cantidad de US$ 41.850,00 (cuarenta y un mil ochocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América) a favor de dicha señora, por concepto de pérdida de ingresos.

225. En consideración de los alegatos de los representantes, esta Corte considera que hay elementos para concluir que la señora Irene Ximenes Lopes Miranda dejó de percibir sus ingresos por algún tiempo al no poder trabajar con motivo de la muerte de su hermano. Por lo tanto, este Tribunal considera procedente fijar en equidad, la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por concepto de daño material a favor de dicha señora, la cual le deberá ser entregada.

B.2)    Daño emergente

226. Analizada la información recibida por las partes, los hechos del caso y su jurisprudencia, el Tribunal observa que pese a que no fueron aportados los comprobantes de gastos, es de presumir que los familiares del señor Damião Ximenes Lopes incurrieron en ersos gastos funerarios[152] , así como los relacionados con el traslado del cuerpo de la víctima de la ciudad de Sobral a la ciudad de Fortaleza para la realización de la autopsia. En consecuencia, la Corte estima pertinente fijar, en equidad, la cantidad de US$1.500,00 (mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) como indemnización por concepto de daño emergente, la cual deberá ser entregada a la señora Albertina Viana Lopes.

[152] Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párr. 207.

C)       DAÑO INMATERIAL

227. El daño inmaterial puede comprender los sufrimientos y las aflicciones, el menoscabo de valores muy significativos para las personas y las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las víctimas. No siendo posible asignar al daño inmaterial un equivalente monetario preciso, la reparación integral a las víctimas sólo puede ser objeto de compensación de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos, que tengan como efecto, entre otros, reconocer la dignidad de la víctima y evitar la repetición de las violaciones[153] .

[153] Cfr.Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 188; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 219; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 308.

228. En el caso sub judice, este Tribunal declaró que el Estado es responsable por la violación de derechos consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes; en el artículo 5 de la Convención, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, y los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes, todos en relación con el artículo 1.1 de ese instrumento. En consecuencia, el Estado debe reparar al señor Ximenes Lopes y a sus familiares por el daño causado.

229. Antes de pasar a determinar las reparaciones que correspondan en el presente caso, esta Corte estima oportuno referirse a la acción civil de resarcimiento interpuesta por la señora Albertina Viana Lopes en la jurisdicción interna, y a la pensión vitalicia constituida por el estado del Ceará, mediante la Ley No.13.491, a favor de dicha señora (supra párr. 112.69).

230. En relación con la acción civil de resarcimiento,el Estado alegó que la Corte debe evitar un bis in idem que ocurriría en el supuesto de que, por un lado, en el trámite ante la jurisdicción interna la acción civil de resarcimiento fuera declarada procedente, con el consecuente pago de una indemnización, y por otro, que la Corte decidiese condenar al Estado a pagar una indemnización por daños inmateriales a favor de la señora Albertina Viana Lopes. En consecuencia, según el Estado, el mismo daño estaría siendo doblemente reparado. A su vez, indicó que el pedido de la acción civil de resarcimiento se interpuso contra particulares y no contra el Estado.

231. Al respecto, la Corte estima que las víctimas o sus familiares conservan el derecho que pudieran tener de reclamar ante la jurisdicción interna una indemnización de los particulares que pudieron ser responsables del daño. En el presente caso, la señora Albertina Viana Lopes ejercitó ese derecho al interponer la acción civil de resarcimiento, la que todavía se encuentra pendiente de resolución.

232. Con motivo de la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado, nace para el Estado una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar[154] , distinta a la reparación que los familiares de la víctima pudieran obtener de otras personas naturales o jurídicas. En consecuencia, el hecho de que se tramite una acción civil de resarcimiento contra particulares en el fuero interno, no impide a la Corte ordenar una reparación económica a favor de la señora Albertina Viana Lopes, por las violaciones de la Convención Americana. Corresponderá al Estado dentro de su jurisdicción resolver las consecuencias que pudiera eventualmente tener la acción civil de resarcimiento que la señora Albertina Viana Lopes interpuso en la jurisdicción interna.

[154] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 175; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota4 párr. 196; y Caso Baena Ricardo y otros. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No 104, párr. 65.

233. En segundo término, el Estado solicitó a la Corte que declare que ha realizado el pago de una justa indemnización en el ámbito interno, por medio de la pensión vitalicia estadual, como compensación del "daño moral". Al respecto, está demostrado que el estado del Ceará dictó la Ley No. 13.491, la cual constituyó una pensión mensual vitalicia a favor de la señora Albertina Viana Lopes desde el 16 de junio de 2004, después de más de cuatro años de la muerte de la víctima, que actualmente asciende a R$323,40 (trescientos veintitrés reales con cuarenta centavos) (supra párr. 112.69).

234. La Corte valora el hecho de que el estado del Ceará constituyera motu propio la referida pensión en beneficio de la señora Albertina Viana Lopes. No obstante, en razón de las consideraciones expuestas anteriormente, este Tribunal estima procedente fijar una indemnización por daño inmaterial a favor de la madre del señor Damião Ximenes Lopes, o de sus familiares, si correspondiere, por las violaciones a sus derechos humanos consagrados en la Convención Americana que han sido declaradas en la presente Sentencia (supra párrs. 163 y 206), sin dejar de observar que la referida pensión constituye un beneficio legal vitalicio concedido a favor de la señora Albertina Viana Lopes, el cual la Corte valora, con independencia a las reparaciones que fije por concepto de daño inmaterial (infra párrs. 237.b y 238.b).

*

235. En el caso sub judice, en consideración delos sufrimientos causados al señor Damião Ximenes Lopes, y que produjeron también a algunos de sus familiares sufrimientos, el cambio de sus condiciones de existencia y otras consecuencias de orden no pecuniario, la Corte estima pertinente determinar el pago de una compensación, fijada equitativamente, por concepto de daños inmateriales[155] .

[155] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 189; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota4,  párr. 220; yCaso López Álvarez, supra nota 121, párr. 200.

236. Este Tribunal reconoce que se ha causado a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, familiares del señor Damião Ximenes Lopes, un daño inmaterial por la falta de una investigación seria, diligente y efectiva por parte de las autoridades estatales para determinar lo sucedido a la víctima y, en su caso, para identificar, y sancionar a los responsables. La Corte estima que en el presente caso no es pertinente ordenar el pago de una compensación económica por concepto de daño inmaterial por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, tomando en cuenta que esta sentencia constituye, per se, una forma de reparación[156] , y considerando que los actos u obras de alcance o repercusión públicos que se detallan en el siguiente apartado significan una debida reparación en los términos del artículo 63.1 de la Convención.

[156] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 189; Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 309; y Caso López Álvarez, supra nota 121, párr. 200.

237. En consideración de los distintos aspectos del daño aducidos por la Comisión y los representantes, la Corte considera los siguientes aspectos:

a)       en lo que se refiere al señor Damião Ximenes Lopes, este Tribunal toma en cuenta para la determinación de la indemnización por concepto de daño inmaterial, que está probado que éste no recibió una atención médica ni tratamiento adecuados como paciente con discapacidad mental, quien por su condición era especialmente vulnerable, fue sometido a tratos crueles inhumanos y degradantes mientras estuvo hospitalizado en la Casa de Reposo Guararapes, situación que se vio agravada con su muerte (supra párrs.112.7, 112.8, 112.9, 112.11, 112.12, 112.56 y 112.57);

b)       en la determinación de la indemnización por concepto de daño inmaterial que corresponde a la señora Albertina Viana Lopes, esta Corte toma en cuenta el hecho de que es la madre del fallecido. Tiene en consideración, además, que fue establecido el profundo sufrimiento y angustia que le causó ver el estado deplorable en que se encontraba su hijo en la Casa de Reposo Guararapes y su consecuente fallecimiento; y las secuelas físicas y psicológicas producidas posteriormente (supra párrs. 112.70 y 157);

c)       respecto del señor Francisco Leopoldino Lopes, con la finalidad de determinar la indemnización por daños inmateriales, el Tribunal considera el hecho de que era el padre del señor Damião Ximenes Lopes, mantenía su vínculo afectivo con éste, y ha sufrido a raíz de la muerte de su hijo (supra párr. 112.71 y 159);

d)       en lo que se refiere a la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, hermana del señor Damião Ximenes Lopes, el Tribunal, para la determinación de la indemnización por concepto de daño inmaterial, considera el sufrimiento causado por la muerte de su hermano, con quien tenía un lazo afectivo estrecho, que le ha causado padecimientos, como las secuelas psicologicas posteriores. Además, la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, aún en detrimento del bienestar de sus hijas, ha buscado justicia a partir de la muerte de su hermano, para lo cual ha acudido a ersos órganos en la jurisdicción interna e internacional, por lo que ha padecido y revivido en forma constante las circunstancias de la muerte de su hermano (supra párrs. 112.70, 160 y 161), y

e)       en la determinación de la indemnización por concepto de daño inmaterial que corresponde al señor Cosme Ximenes Lopes, quien también estuvo internado en instituciones psiquiátricas, la Corte considera el vínculo afectivo y la identificación que existía entre los dos hermanos y el hecho de que el fallecimiento de su hermano le causó dolor y sufrimiento, quien estuvo en estado de shock, sufrió de depresión y dejó de trabajar a raíz de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes (supra párr. 112.71 y 162).

238. En consideración de lo expuesto, la Corte fija en equidad el valor de las compensaciones por dicho concepto, en los siguientes términos:

a)       para el señor Damião Ximenes Lopes, la cantidad de US$50.000,00 (cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América), la cual deberá ser distribuida entre las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, y

b)       para la señora Albertina Viana Lopes, la cantidad de US$30.000,00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América);

c)       para el señor Francisco Leopoldino Lopes la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América),

d)       para la señora Irene Ximenes Lopes Miranda, la cantidad de US$25.000,00 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América), y

e)       para el señor Cosme Ximenes Lopes, la cantidad de US$10.000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

239. La compensación determinada a favor del señor Damião Ximenes Lopes será entregada de conformidad con el párrafo 218 de la presente Sentencia, y la compensación determinada a favor de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, y de los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, será entregada a cada uno de ellos.

D)      OTRAS FORMAS DE REPARACIÓN

(MEDIDAS DE SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN)

240. En este apartado el Tribunal determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas de alcance o repercusión públicos[157] .

[157] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 193; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 228; y Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 264.

241. Para efectos de una disculpa pública para los familiares de la víctima, la Corte valora y aprecia el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional realizado por el Estado durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 2005, en relación con el presente caso (supra párrs. 36 y 63). En esa oportunidad, el Estado manifestó que:

reconoce la procedencia de la petición de la Comisión Interamericana en lo que se refiere a la violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana.

242. Además, este Tribunal destaca el hecho de que el 3 de noviembre de 2005 el Estado renombró el Centro de Atención Psicosocial de Sobral (CAPS), que fue instalado en la ciudad Sobral en el marco de la creación de la Red de Atención Integral a la Salud Mental, con el nombre de "Centro de Atención Psicosocial Damião Ximenes Lopes". Igualmente, el Estado designó la Sala en donde se realizó la Tercera Conferencia de Salud Mental con el nombre Damião Ximenes Lopes. Ello contribuye a despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de la víctima[158] .

[158] Cfr. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, supra nota 108, párr. 236; Caso Myrna Mack Chang, supra nota 108, párr. 286; y Caso Trujillo Oroza. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos  Humanos). Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92, párr. 122.

243. Asimismo, la Corte reconoce que el Estado ha adoptado internamente una serie de medidas para mejorar las condiciones de la atención psiquiátrica en las ersas instituciones dentro del Sistema Único de Salud (SUS). Algunas de esas medidas fueron adoptadas por el Municipio de Sobral, a saber: se constituyó una comisión para investigar la responsabilidad de la Casa de Reposo Guararapes en relación con la muerte del señor Damião Ximenes Lopes; fue implementada la Red de Atención Integral a la Salud Mental de Sobral; en el año 2000 se celebró un convenio entre el Programa Salud en la Familia y el Equipo de Salud Mental del Municipio de Sobral; se estableció una Unidad de Internación Psiquiátrica dentro del Hospital General Estevan Ponte del Municipio de Sobral; un Centro de Atención Psicosocial (CAPS) especializado en el tratamiento de personas con sicosis y neurosis; un Centro de Atención Psicosocial (CAPS) especializado en el tratamiento de personas con dependencia del alcohol y otras sustancias sicotrópicas; el Servicio Residencial Terapéutico; una unidad ambulatorial de Psiquiatría Regionalizada en el Centro de Especialidades Médicas, y equipos del Programa Salud en la Familia. Igualmente, el Estado ha adoptado varias medidas a nivel nacional, entre las que se encuentran la aprobación de la Ley No. 10.216, en el año 2001, conocida como "Ley de Reforma Psiquiátrica"; la realización del Seminario "Derecho a la Salud Mental - reglamentación y aplicación de la Ley No. 10.216" el 23 de noviembre de 2001; la realización de la III Conferencia Nacional de Salud Mental en diciembre del año 2001; la creación a partir del año 2002 del Programa Nacional de Evaluación de los Servicios Hospitalarios Psiquiátricos; la implementación en el año 2004 del Programa de Reestructuración Hospitalaria del Sistema Único de Salud; la implementación del "Programa de Regreso a la Casa", y la consolidación en el año 2004 del Forum de Coordinadores de Salud Mental.

244. Este Tribunal valora que el Estado haya adoptado las referidas medidas, cuya eficaz aplicación permitirá mejorar la atención de salud, su regulación y fiscalización en el marco del Sistema Único de Salud.

a)       Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso

245. Los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos tienen el derecho a un recurso efectivo. El conocimiento de la verdad de lo ocurrido en violaciones de derechos humanos como las del presente caso, es un derecho inalienable y un medio importante de reparación para la víctima y en su caso, para sus familiares y es una forma de esclarecimiento fundamental para que la sociedad pueda desarrollar mecanismos propios de reproche y prevención de violaciones como esas en el futuro[159] .

[159] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 196; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 266; y Caso Gómez Palomino, supra nota 21, párr. 78.

246. En consecuencia, los familiares de las víctimas tienen el derecho, y los Estados la correspondiente obligación, a que lo sucedido sea efectivamente investigado por las autoridades estatales, de que se siga un proceso contra los presuntos responsables de estos ilícitos y, en su caso, de que se les impongan las sanciones pertinentes[160] (supra párrs.170 a 206).

[160] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 197; Caso de la Masacre de Pueblo Bello, supra nota 25, párr. 219; y Caso Blanco Romero, supra nota 20, párrs. 62 y 96.

247. En el presente caso la Corte estableció que, transcurridos más de seis años de los hechos, los autores de los tratos crueles, inhumanos y degradantes así como de la muerte del señor Damião Ximenes Lopes no han sido responsabilizados, prevaleciendo la impunidad.

248. La Corte advierte que el Estado debe garantizar que en un plazo razonable el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos, dando aplicabilidad directa en el derecho interno a la normativa de protección de la Convención Americana.

b)       Publicación de la sentencia

249. Conforme lo ha dispuesto en otros casos, como medida de satisfacción[161] , el Estado deberá publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el capítulo VII relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, y además, la parte resolutiva de la misma. Para estas publicaciones se fija el plazo de seis meses, a partir de la notificación de la presente Sentencia.

[161] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 194; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4 párr. 236; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 313.

c)       Establecimiento de programas de capacitación

250. Quedó probado en el presente caso que al momento de los hechos no existía una adecuada atención para el tratamiento e internación de personas con discapacidad mental, como en el caso de la Casa de Reposo Guararapes, institución que brindaba ese servicio dentro del Sistema Único de Salud. Si bien se destaca el hecho de que el Estado ha adoptado ersas medidas destinadas a mejorar esa atención, este Tribunal considera que el Estado debe continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de Salud Mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato a ser ofrecido a las personas que padecen de discapacidad mental, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la presente Sentencia (supra párrs. 130 al 135).

*

251. La presente Sentencia constituye per se una forma de reparación y satisfacción para las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes.

E) COSTAS Y GASTOS

252. Las costas y gastos están comprendidos dentro del concepto de reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención Americana. Corresponde al Tribunal apreciar prudentemente y con base en la equidad el alcance de aquéllos, considerando los gastos generados ante las jurisdicciones interna e interamericana, y teniendo en cuenta su acreditación, las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisdicción internacional de protección de los derechos humanos[162] .

[162] Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 4, párr. 208; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, supra nota 4, párr. 237; y Caso Acevedo Jaramillo y otros, supra nota 4, párr. 315.

253. A este respecto, el Tribunal estima equitativo ordenar al Estado que reintegre la cantidad de US$10,000,00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda del Brasil, que deberá ser entregada a la señora Albertina Viana Lopes para que, por un lado, compense los gastos en que incurrieron los familiares del señor Damião Ximenes Lopes y, por otro, entregue al Centro por la Justicia Global una cantidad que estime pertinente, para compensar los gastos realizados por esta organización.

F)       Modalidad de Cumplimiento

254. El Estado deberá pagar en efectivo las indemnizaciones y reintegrar las costas y gastos (supra párrs. 225, 226, 238 y 253) dentro de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia. En el caso de las otras reparaciones ordenadas deberá dar cumplimiento a las medidas en un tiempo razonable (supra párr. 248), o en el que esta Sentencia señale específicamente (supra párr. 249).

255. El pago de las indemnizaciones establecidas a favor de las víctimas será hecho directamente a éstos. Si falleciera alguno, el pago se hará a sus herederos.

256. Si por causas atribuibles a los beneficiarios de la indemnización no fuese posible que éstos la reciban dentro del indicado plazo de un año, el Estado consignará dichos montos a favor de aquéllos en una cuenta o certificado de depósito en una institución bancaria brasileña solvente, y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias. Si la indemnización no ha sido reclamada al cabo de diez años, la suma correspondiente será devuelta al Estado, con los intereses generados.

257. El pago destinado a solventar las costas y gastos generados por las gestiones realizadas por los familiares y por los representantes en los procedimientos interno e internacional, según sea el caso, serán hechos a la señora Albertina Viana Lopes (supra párr. 253), quién efectuará los pagos correspondientes.

258. El Estado debe cumplir las obligaciones económicas señaladas en esta Sentencia mediante el pago en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en la moneda nacional del Brasil.

259. Los montos asignados en la presente Sentencia bajo los conceptos de indemnizaciones, gastos y costas deberán ser entregados a los beneficiarios en forma íntegra conforme a lo establecido en la Sentencia. En consecuencia, no podrán ser afectados, reducidos o condicionados por motivos fiscales actuales o futuros.

260. En caso de que el Estado incurra en mora, pagará un interés sobre el monto adeudado, correspondiente al interés moratorio bancario del Brasil.

261. Como lo ha determinado y practicado en todos los casos sujetos a su conocimiento, la Corte supervisará el cumplimiento de la presente Sentencia en todos sus aspectos. Esta supervisión es inherente a las atribuciones jurisdiccionales del Tribunal y necesaria para que éste pueda cumplir la obligación que le asigna el artículo 65 de la Convención. El caso se dará por concluido una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el fallo. Dentro de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado presentará a la Corte un primer informe sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de esta Sentencia.

XII

PUNTOS RESOLUTIVOS

262. Por tanto,

LA CORTE,

DECIDE,

Por unanimidad,

1. Admitir el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes, en los términos de los párrafos 61 a 81 de la presente Sentencia.

DECLARA,

Por unanimidad, que

2. El Estado violó, en perjuicio del señor Damião Ximenes Lopes, tal como lo reconoció, los derechos a la vida y a la integridad personal, consagrados en los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2, de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 119 a 150 de la presente Sentencia.

3. El Estado violó, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, familiares del señor Damião Ximenes Lopes, el derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 155 a 163 de la presente Sentencia.

4. El Estado violó, en perjuicio de las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, familiares del señor Damião Ximenes Lopes, los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma, en los términos de los párrafos 170 a 206 de la presente Sentencia.

5. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación, en los términos del párrafo 251 de la misma.

Y DISPONE,

Por unanimidad,que:

6. El Estado debe garantizar, en un plazo razonable, que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos, en los términos de los párrafos 245 a 248 de la presente Sentencia.

7. El Estado debe publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, el Capítulo VII relativo a los Hechos Probados de esta Sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la presente Sentencia, en los términos del párrafo 249 de la misma.

8. El Estado debe continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de salud mental, en particular, sobre los principios que deben regir el trato de las personas que padecen discapacidades mentales, conforme a los estándares internacionales en la materia y aquellos establecidos en la presente Sentencia, en los términos del párrafo 250 de la misma.

9. El Estado debe pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño material, la cantidad fijada en los párrafos 225 y 226 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 224 a 226 de la misma.

10. El Estado debe pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana Lopes e Irene Ximenes Lopes Miranda, y los señores Francisco Leopoldino Lopes y Cosme Ximenes Lopes, en el plazo de un año, por concepto de la indemnización por daño inmaterial, la cantidad fijada en el párrafo 238 de la presente Sentencia, en los términos de los párrafos 237 a 239 de la misma.

11. El Estado debe pagar en efectivo, en el plazo de un año, por concepto de costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, la cantidad fijada en el párrafo 253 de la presente Sentencia, la cual deberá ser entregada a la señora Albertina Viana Lopes, en los términos de los párrafos 252 a 253 de la misma.

12. Supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado y el Juez Antônio Augusto Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Separado, los cuales acompañan la presente Sentencia.

Redactada en español y en portugués, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa Rica, 4 de julio de 2006.

Sergio García Ramírez

Presidente

Alirio Abreu Burelli

                     

Antônio A. Cançado Trindade

Cecilia Medina Quiroga

                  

Manuel E. Ventura Robles

Diego García-Sayán

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario

Comuníquese y ejecútese,

Sergio García Ramírez

Presidente

Pablo Saavedra Alessandri

       Secretario

VOTO RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCÍA RAMÍREZ

CON RESPECTO A LA SENTENCIA DE LA

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

EN EL CASO XIMENES LOPES VS. BRASIL,

DICTADA EL 4 DE JULIO DE 2006

1. DERECHOS GENERALES Y ESPECIALES

1. En el espacio de su jurisprudencia, cada vez más abundante y comprensiva, la Corte Interamericana se ha ocupado en el examen y la precisión de los derechos y libertades de iniduos y miembros de grupos, conjuntos o comunidades, así como en las correspondientes obligaciones y funciones del Estado en determinadas hipótesis específicas. La referencia a estas últimas ha contribuido a enriquecer apreciablemente la jurisprudencia de la Corte al servicio de los derechos de las personas en el marco de su realidad estricta, que incluye ersas circunstancias y múltiples necesidades y expectativas.

2. Los derechos y las garantías universales, que tienen carácter básico y han sido "pensados" para la generalidad de las personas, deben ser complementados, afinados, precisados con derechos y garantías que operan frente a iniduos pertenecientes a grupos, sectores o comunidades específicos, esto es, que adquieren sentido para la particularidad de algunas o muchas personas, pero no todas. Esto permite ver, tras el diseño genérico del ser humano, miembro de una sociedad uniforme --que puede alzarse en la abstracción, a partir de sujetos homogéneos-- el "caso" o los "casos" de seres humanos de carne y hueso, con perfil característico y exigencias diferenciadas.

3. Ciertamente es tarea del Estado --y esto se halla en su origen y justificación-- preservar los derechos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, concepto de amplio alcance, que por supuesto trasciende las connotaciones territoriales, observando para ello las conductas activas u omisivas que mejor correspondan a esa tutela para favorecer el goce y ejercicio de los derechos. En este sentido, el Estado debe evitar escrupulosamente la desigualdad y la discriminación y proveer el amparo universal de las personas que se hallan bajo su jurisdicción, sin miramiento hacia condiciones iniduales o grupales que pudieran sustraerlos de la protección general o imponerles --de jure o de facto-- gravámenes adicionales o desprotecciones específicas.

2. MEDIOS DE COMPENSACIÓN

4. Ahora bien, es igualmente cierto que incumbe al Estado, cuando la desigualdad de hecho coloca al titular de derechos en situación difícil --que pudiera conducir al absoluto inejercicio de los derechos y las libertades--, proveer los medios de corrección, igualación, compensación o equilibrio que permitan al sujeto acceder a tales derechos, así sea en condiciones relativas, condicionadas e imperfectas, que la tutela del Estado procura aliviar. Esos medios son otras tantas "protecciones" razonables, pertinentes, eficientes, que se dirigen a ensanchar las oportunidades y mejorar el destino, justamente para alcanzar la expansión natural de la persona, no para reducirla o evitarla so pretexto de asistencia y protección.

5. Los factores de (ventaja o) desventaja son muy numerosos. Algunos provienen de  condiciones propias del sujeto --la salud, la edad o el sexo, entre ellas--; otras, de circunstancias sociales --la condición de indígena, extranjero, detenido, por ejemplo. Es obligación del Estado, explayada en tratados y convenciones de erso signo, salir al paso de estas desigualdades, segar la fuente de las discriminaciones y acompañar con eficacia --de la "cuna a la tumba", si es necesario, como rezaba la isa del Estado de bienestar-- el accidentado curso de la existencia, procurando prevenir, moderar y remediar sus contingencias.

3. ESTADO "GARANTE"

6. Con respecto a estas cuestiones se analiza el papel de garante que corresponde al poder público. Dispone el artículo 1 de la Convención Americana que el Estado debe (reconocer), respetar y garantizar los derechos y libertades consagrados en el Pacto de San José. Y sostiene el artículo 2 que aquél debe, por lo mismo, remover los obstáculos que se oponen al curso de esas facultades y adoptar medidas de erso género para ponerlas efectivamente al alcance de todas las personas.

7. En tal virtud, el ejercicio de unos poderes que constituyen la jurisdicción del Estado bajo el que se coloca el iniduo --a título de nacional, ciudadano, residente, refugiado, etcétera-- llevan a establecer la calidad de garante que el propio Estado tiene frente a las personas sobre las que ejerce esa jurisdicción, fijar el alcance y las características del cuidado y la protección específicos que esa calidad entraña y que debe ser examinada frente a las posibilidades reales de autoridad y protección.

8. Quien actúa como garante de algo o de alguien, es decir, quien asume la función de garantizar la protección de ciertos bienes a favor de determinadas personas, adquiere el deber de brindar cuidados a esos bienes y personas, compatibles con la tarea que asume, proveniente de la ley, de un acuerdo de voluntades o de otras fuentes del deber de garantía. El Estado es garante, en general, de quienes se hallan bajo su jurisdicción. El deber de cuidado que le compete transita, conforme a las circunstancias, por las más ersas situaciones: desde la garantía general de paz y seguridad, hasta el preciso deber de cuidado que le concierne en el manejo de servicios públicos de primer orden y la atención a sujetos que no pueden valerse por sí mismos o tienen severamente limitada su capacidad de hacerlo. El deber de cuidado del Estado garante varía, pues, en calidad e intensidad, conforme a las características del bien garantizado y de los titulares de ese bien. En este orden, difícilmente podría haber mayor exigencia que la que se presenta en la prestación de servicios médicos, materia de la sentencia a la que agrego este Voto.

9. El Estado actúa como garante de los derechos y libertades de quien se halla bajo su jurisdicción porque así lo disponen las normas fundamentales internas --señaladamente, la Constitución Política-- y así lo resuelven las disposiciones internacionales que acogen derechos humanos. Ser garante no implica relevar al sujeto en sus decisiones y actuaciones, sino aportar los medios para que pueda decidir y actuar del mejor modo posible, desenvolver sus potencialidades y cumplir su destino. Se garantiza el goce y ejercicio del derecho y la libertad, a través de abstenciones y prestaciones. La función garantista del Estado, que se abrió paso a través de los derechos de primera generación y su consecuente observancia por el Estado --regularmente una observancia negativa--, avanzó un inmenso trecho por medio de los derechos de segunda generación que trajeron consigo la exigencia de promociones y prestaciones públicas.

4. AUTONOMÍA PERSONAL

10. Desde luego, el desenvolvimiento del ser humano no queda sujeto a las iniciativas y cuidados del poder público. Bajo una perspectiva general, aquél posee, retiene y desarrolla, en términos más o menos amplios, la capacidad de conducir su vida, resolver sobre la mejor forma de hacerlo, valerse de medios e instrumentos para este fin, seleccionados y utilizados con autonomía --que es prenda de madurez y condición de libertad-- e incluso resistir o rechazar en forma legítima la injerencia indebida y las agresiones que se le dirigen. Esto exalta la idea de autonomía y desecha tentaciones opresoras, que pudieran ocultarse bajo un supuesto afán de beneficiar al sujeto, establecer su conveniencia y anticipar o iluminar sus decisiones.

5. SUPUESTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN

11. Por otra parte, bajo una perspectiva especial, el Estado asume obligaciones particulares, características --que se identifican con garantías sectoriales, específicas o iniduales, al lado de las universales o genéricas antes mencionadas-- en relación con determinados grupos de personas --o mejor dicho, con personas integrantes de ciertos grupos identificados conforme a hipótesis de vida, necesidad o expectativa que les son propias. En tales supuestos, la condición de garante que tiene el Estado frente a las personas bajo su jurisdicción adopta rasgos peculiares, insoslayables para el poder público y generadores de derechos para el iniduo.

12. Esas peculiaridades en el papel garantizador del Estado o, dicho de otro modo, en su condición de garante del efectivo acceso a derechos y libertades, puede manifestarse al amparo de decisiones políticas de carácter general que pretenden avanzar en el equilibrio entre los integrantes de la sociedad y ganar espacios para la justicia social. Tal ocurre, por ej. , cuando la función garantizadora especial se ejerce a favor de sectores menos provistos de fuerza económica o política, como los trabajadores y los campesinos, los indígenas, los niños y adolescentes, con las correspondientes variantes, muy pronunciadas.

13. Por otra parte, la condición especial de garante del Estado se puede considerar en supuestos específicos derivados de una situación jurídica o una determinación biopsicológica que pone en manos del poder público --por sí o por medios descentralizados y subsidiarios-- una mayor carga de deberes de conducción y/o protección de carácter directo, y en correspondencia determinan en el iniduo una cierta reducción de su esencial autonomía, que abre zonas propicias --y exigentes-- para la actuación inmediata del Estado. A esta categoría heterogénea corresponden los supuestos de privación de libertad que restringen éste y otros derechos --no obstante las proclamaciones en sentido diferente-- con fines de aseguramiento o punición (presos), terapéuticos (enfermos) o educativos (educandos internos). En tales casos varían las características y la  intensidad de la intervención legítima del Estado, y por lo tanto el grado de responsabilidad y autoridad de éste, en forma paralela a la disminución --en virtud de elementos naturales o de mandamientos de autoridad-- de la libertad y capacidad del iniduo para definir, organizar y conducir su propia vida.

6. ENFERMEDAD MENTAL, AUTONOMÍA Y DESVALIMIENTO

14. Parece evidente que la reducción más intensa del autogobierno personal se presenta en los enfermos mentales --existen, por supuesto, ersas categorías de enfermedad, de las que derivan distintas situaciones personales--, frecuentemente sustraídos, cuando se hallan en régimen de internamiento determinado por dolencias severas, a las más elementales decisiones, y confiados --en el seno de una institución dotada de los reglamentos y sujeciones más intensos -- a la autoridad casi absoluta de sus tratantes y custodios. No sucede lo mismo, a pesar de existir notables factores de reducción, en otras hipótesis: ni siquiera en lo que respecta a los infractores, que conservan erso grado de autonomía, más o menos elemental, en función de la lucidez que mantienen y del espacio --a veces muy reducido física, social e institucionalmente-- en el que pueden ejercerla. Con todo, la historia de la autonomía --o mejor, de la heteronomía-- y la sujeción en las prisiones corre paralela a la historia de esos mismos fenómenos en los internados para enfermos mentales, personajes del universo de los excluidos. Van de la mano, en esa crónica oscura, el criminal y el "poseso".

15. En tal virtud, el enfermo mental interno en una institución del Estado suele ser el sujeto peor provisto, el más desvalido, el marginado por partida doble --por la exclusión social en que se le tiene y por la extrañeza que trae consigo la enfermedad que le aqueja--, el menos competente para ejercer una enrarecida autonomía --que en ocasiones carece de rumbo y sentido y puede naufragar en circunstancias de daño y peligro--, y por todo ello suscita una acrecentada condición de garante a cargo del Estado, que se despliega hasta en los menesteres más elementales.

16. La Corte Interamericana ha examinado la intensidad especial de la calidad de garante del Estado con respecto a los pobladores de instituciones en las que se aplica un minucioso régimen de vida, impuesto a ultranza, que pretende abarcar todo el tiempo y casi todos los sucesos de la existencia, como sucede en las prisiones y los reclusorios para niños y adolescentes. En el Caso Ximenes Lopes, el Tribunal explora por primera vez la situación del enfermo mental interno, que se halla bajo la garantía - eservación y relativo ejercicio de derechos inderogables-- del Estado: sea directa, sea a través de la subrogación de un servicio, que en todo caso sustituye las manos que lo proveen, pero no cancela la responsabilidad pública por la prestación eficaz y respetuosa de la lex artis respectiva --que marca los deberes de cuidado en la atención psiquiátrica--, de la ética específica aplicable al trato de los pacientes en general y de los pacientes psiquiátricos en particular, y de la asunción de cargas y respuestas con motivo del desempeño y los resultados del servicio.

17. Si el enfermo mental sufre el más radical abatimiento de la autonomía --en el doble plano del discernimiento crítico y la capacidad de conducción-- y se halla en la mayor dependencia imaginable con respecto al sujeto obligado a su atención  --el agente del Estado, directo o indirecto, principal o subrogado--, deviene el iniduo más requerido de atención entre cuantos se hallan sujetos a la jurisdicción del Estado, y éste asume una posición de garante aún más imperiosa e intensa, comprometedora y completa que la que ejerce en cualesquiera otros desempeños.

7. EL "ENCUENTRO" ENTRE EL ENFERMO MENTAL Y EL ESTADO

18. En tanto existe una responsabilidad más amplia, que solicita una respuesta más completa --integral, absoluta-- cabe esperar del Estado que atiende al paciente psiquiátrico una garantía más extensa, profunda y constante de los derechos del iniduo privado de las condiciones que le permitirían ejercerlos por sí mismo: vida, alimento, salud, relación, por ejemplo. Esta garantía se proyecta en todas las direcciones naturalmente practicables: tanto en abstenciones --v.gr. , respeto a la integridad, abstención de experimentos ilícitos, maltrato-- como en acciones o prestaciones --el suministro de satisfactores que moderen la desgracia y favorezcan, si es posible, la recuperación de la salud o la supresión del dolor y la angustia.

19. Junto a la deplorable condición de las prisiones, advertida y señalada una y otra vez por la Corte Interamericana, surge ahora la pésima condición de algunas --¿cuántas?-- instituciones de tratamiento de enfermos mentales. La resistencia de los afectados, en aquellos casos, suele ser calificada como motín --ciertamente no como inconformidad democrática-- y reprimida con severidad. La protesta, si la hay, por parte de los enfermos mentales, venciendo las brumas de la ausencia o la extrañeza, puede desembocar en un destino acaso peor: la absoluta indiferencia o la aplicación de correctivos "terapéuticos" que constituyen, en el fondo, castigos muy severos o intimidaciones sin sentido. La reacción del prisionero es consecuencia de la "mala entraña"; la del enfermo mental, de la "locura": ésta es, por definición, irracional e inatendible.

20. He subrayado que el encuentro entre el presunto o probable delincuente y el Estado juzgador y ejecutor plantea la región más oscura para el imperio de los derechos humanos: se enfrentan el "crimen" y la "ley"; es previsible el destino del enfrentamiento. Sin embargo, quizás es más densa la penumbra, a propósito de ese imperio, en el encuentro entre el Estado terapeuta y el enfermo mental: chocan la razón y la sinrazón, la cordura y la locura. El final del lance también es predecible.

21. Entre el ser humano privado de razón y el Estado dotado de poder --no apenas la fuerza física del guardián, sino la fuerza científica del tratante-- sólo existe la línea isoria de los derechos humanos y la voluntad del Estado de cumplir la encomienda de garante que le atribuye  la Constitución. La Sentencia se ha referido a algunos aspectos de esta cuestión al mencionar el "desequilibrio intrínseco de poder entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad (que) se multiplica muchas veces en las instituciones psiquiátricas".

22. Cabe suponer  -ro no es necesario hacerlo: el tema se halla extensamente estudiado  y documentado, de tiempo atrás, en muchos medios--las características del encuentro entre el enfermo mental y quienes le rodean, a título de custodios, tratantes y autoridades, cuando aquel se halla en una institución que se pliega a los rasgos de las instituciones totales, minuciosamente reguladas, y entraña la mayor autoridad --técnica, con sus implicaciones fácticas-- del tratante y la menor autonomía del tratado, que por definición carece de  las condiciones de apreciación, deliberación y previsión en las que se funda, razonablemente, el ejercicio de la autonomía personal. De ahí la perentoria necesidad de que el régimen en tales instituciones --y, en general, en el trato entre la institución, el facultativo y el paciente-- se halle sujeta a supervisiones y correctivos que deben operar con fluidez, competencia, constancia y responsabilidad.

8. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

23. En el ámbito del tratamiento psiquiátrico --especialmente el tratamiento institucional, pero también el doméstico o ambulatorio, en el que toman parte importante los allegados al enfermo-- adquieren significado especial el principio de legalidad que debe proyectarse sobre toda forma de detención y el derecho a la seguridad. Hoy día --y desde hace tiempo--, la ley detalla las condiciones para la detención de las personas a partir de una hipótesis de crimen o infracción, y establece los límites y condiciones de la reclusión. Esto forma parte de la legalidad penal, frecuentemente soslayada o distraída.

24. Menos cuidadoso es el régimen destinado a la legitimación del internamiento de enfermos mentales --aun cuando se hayan multiplicado las reglas, principios y declaraciones sobre la materia--, como si la libertad o el cautiverio de éstos, justificados por el tratamiento --noción que se discute en el caso de los presos, pero campea en el de los enfermos--, merecieran menos la tutela del derecho a la libertad personal. Por el contrario, éste sólo podría decaer cuando exista una justificación bastante que lo autorice, anclada precisamente en la ley y no sólo en la opinión o el arbitrio del tratante, el familiar o la autoridad administrativa.

25. Por su condición humana y a despecho de su dolencia, el enfermo mental conserva derechos que sólo es legítimo afectar a través de medidas legalmente previstas y rigurosamente acreditadas, consecuentes con las características del padecimiento y las necesidades del tratamiento, razonables y moderadas en la mayor medida posible, que eviten el sufrimiento y preserven el bienestar. La evolución del delincuente o del menor de edad, que finalmente salieron del imperio de la fuerza --o de la pura benevolencia, en el mejor de los casos-- para ingresar en el del derecho y la razón, investidos de facultades exigibles y garantías accesibles, no se ha presentado con la misma diligencia, si acaso alguna, e intensidad, la que ésta sea, en el ámbito de los pacientes psiquiátricos, mucho más expuestos que aquéllos al imperio del custodio y la decisión del profesional.

9. DELEGACIÓN DE SERVICIOS Y RESPONSABILIDAD ESTATAL

26. Los hechos en los que perdió la vida el señor Ximenes Lopes se produjeron mientras se hallaba sujeto a medidas terapéuticas en una institución médica privada que actuaba, en su caso, por delegación del Estado. La observancia del derecho universal a la protección de la salud, que ha ganado amplio terreno en textos nacionales e internacionales, constituye el marco organizativo del sistema de salud, en el que intervienen agentes públicos y privados sobre los que se ejerce, en erso grado, la supervisión del Estado. A partir de aquí se construyen sendos modelos de tratamiento que atraviesan los ersos espacios del orden administrativo: desde la centralización pública estricta hasta la prestación libre de servicios profesionales.

27. No es mi propósito --ni lo fue el de la Corte en la Sentencia a la que agrego

este Voto-- examinar esos modelos y analizar sus ventajas y desventajas. Es preciso destacar, sin embargo, como lo ha hecho la Sentencia, que cuando el Estado resuelve trasladar a otras manos la prestación de un servicio que naturalmente le corresponde --porque forma parte del acervo de derechos sociales a los que corresponden deberes estatales--, no queda desvinculado en absoluto --es decir, "excluido de su responsabilidad estricta"-- de la atención que se brinda a la persona cuyo cuidado confía a un tercero. La encomienda es pública y la relación entre el Estado que delega y el tratante delegado existe en el marco del orden público. El tratante privado sólo es el brazo del Estado para llevar adelante una acción que corresponde a éste y por la que el propio Estado conserva íntegra responsabilidad; es decir, "responde por ella", sin perjuicio de que la entidad o el sujeto delegados también responsan ante el Estado.

28. Es posible distinguir entre la mera supervisión --que no es, sin embargo, distancia total e indiferencia institucional-- por parte del Estado con respecto a los entes privados, tanto facultativos como empresas médicas, que actúan sobre los usuarios del servicio (pacientes) con apoyo en una relación de derecho privado, aunque reviste interés público o social; y la responsabilidad material que conserva el Estado cuando interviene, por acuerdo de éste y con él, un ente privado que opera en una relación de derecho público con el Estado del que recibe su encargo, relación que trasciende hacia el usuario del servicio convertido en beneficiario de esa relación.

10. RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD

29. En el Caso Ximenes Lopes, el Estado demandado reconoció bajo ersos conceptos los hechos que se le atribuían y las características de éstos. Lo hizo mediante explícitas admisiones de hechos y formuló reconocimiento parcial de responsabilidad internacional. Esta actitud del Estado --que tiene repercusiones sustantivas y procesales-- fue apreciada por la Corte y forma parte de una creciente corriente de entendimiento que favorece la composición entre las partes. Las dimensiones éticas y jurídicas de este comportamiento procesal ameritan reflexión. Fenómenos semejantes, que la Corte ha valorado, se observaron en el mismo período de sesiones en el que se dictó la resolución sobre este litigio, por lo que respecta a los otros dos casos examinados en julio de 2006: Caso de las Masacres de Ituango (Colombia) y Caso Montero Aranguren (Venezuela).

Sergio García Ramírez

Juez

Pablo Saavedra Alessandri

           Secretario

VOTO SEPARADO DEL JUEZ A.A. CANÇADO TRINDADE

1. A través de mi voto vengo a contribuir a la adopción, por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la presente Sentencia en el caso  Ximenes Lopes versus Brasil. Dada la particular relevancia de la materia examinada por la Corte, me veo en la obligación de dejar consignadas, en el presente Voto Separado, mis reflexiones personales sobre lo tratado por la Corte en esta Sentencia, como fundamento de mi posición al respecto. Lo hago, como ya es costumbre en esta Corte, bajo la impiadosa presión del tiempo, sin haber dispuesto más que de algunas horas para la elaboración y presentación de este Voto. A propósito de lo mencionado, abordaré, en el presente Voto Separado, los siguientes puntos: a) la centralidad del sufrimiento de las víctimas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; b) el reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado demandado; c) el derecho de acceso a la justicia lato sensu en la indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana; d) el derecho de acceso a la justicia como derecho a la pronta prestación jurisdiccional; e) la aplicabilidad de los hechos lesivos; y f) la necesidad de ampliación del contenido material del jus cogens.

I. La Centralidad Del Sufrimiento De Las Víctimas En El Derecho Internacional De Los Derechos Humanos.

2. Hay casos de violaciones de derechos humanos que evocan tragedias, revelando la perenne actualidad de estas últimas, como propias de la condición humana. Para recordar dos antecedentes, en mi Voto Separado en el caso Bámaca Velásquez versus Guatemala (mérito, Sentencia del 25.11.2000) ante esta Corte, me sobrevino a la mente la célebre tragedia de Antígona de Sófocles (párrafos 8-9). En mi Voto Separado en el caso Bulacio versus Argentina (mérito y reparaciones, Sentencia del 18.09.2003) me permití hacer referencia a Ajax y a Filoctetes de Sófocles (párrafos 8 y 16), a la desesperación de Hécuba de Eurípides (párrafo 22), a Agamenon de Esquilo (párrafos 26), y a las Euménides (la última obra de la trilogía Orestíada) de Esquilo (párrafo 32).

3. El presente caso Ximenes Lopes versus Brasil es otro caso que contiene ingredientes trágicos que me hacen recordar inmediatamente las imperecibles y tan actuales tragedias griegas. El recuerdo vino a mi mente, por ejemplo, con la declaración testimonial de la hermana de la víctima (Sra. Irene Ximenes Lopes Miranda), durante la audiencia pública sobre el cas d'espèce ante esta Corte, los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005. La mencionada conmovedora declaración de Irene me hizo acordar al personaje Electra, tanto de Sófocles como de Eurípides. La Electra de Eurípides estaba mucho más orientada hacia la justicia probada

[163] , mientras que la Electra de Sófocles se deja abatir, previamente y en un grado mucho mayor, por el dolor ante el anuncio (aunque falso) de la muerte de su hermano.

[163] . Euripides, Electra and Other Plays, London, Penguin, 2004 [reed. ], pp. 131-174.

4. La Electra de Sófocles se descompuso al ver en la urna las cenizas que creía eran de su hermano Orestes (no lo eran), y recordó en desesperación su afecto por él (sin saber que estaba vivo), antes de buscar la justicia privada, como era la práctica habitual en su tiempo. Al tocar dichas cenizas, se lamentó en sollozos:

            "(...) Ahora nada es lo que tengo entre mis manos, mientras que radiante en salud, oh hijo, te envié yo fuera de esta casa! Ojalá hubiera dejado yo la vida antes que te enviara a tierra extraña, ocultándote con mis manos y librándote de la muerte! (...) Ahora fuera del hogar y en otra tierra (...) mal acabaste lejos de tu hermana (...). Cuidado por manos extrañas, reducido vuelves a cenizas en reducida vasija! Ay de mí, desdichada, por todos mis inútiles cuidados de antes, que en torno tuyo prodigué con dulce fatiga! (...) Yo era quien te criaba, yo por tí siempre llamada `hermana'. Pero ahora, contigo muerto, se acaba esto en un sólo día, porque todo lo has arrebatado de golpe, como vendaval, al marcharte (...).

            (...) Muerte me has dado de seguro, oh hermano! Por ello recíbeme tú en esta tu morada, a mí que nada soy tú que no eres nada, para que contigo habite bajo tierra en lo sucesivo, porque también, cuando estabas en la tierra, contigo participaba de las mismas cosas; por eso ahora deseo morir y no dejar tu tumba, pues no veo que los muertos sufran"164] .

[164] . Sófocles, Electra, Madrid, Ed. Clásicas, 1995 [reed. ], pp. 69-70.

5. La suerte de Irene, hermana de Damião Ximenes Lopes, fue peor que la de Electra:  ella también se descompuso al tomar conocimiento de que su hermano, que había dejado la casa y había sido puesto bajo el cuidado de la "previsión" social en una casa de "reposo", allí murió, y del mismo modo recordó su afecto por él:

"(...) Como hermana mayor, en cierto modo yo lo cuidaba, (...) lo acompañaba, lo llevaba a mi casa, lo visitaba. (...) Mi relación con él era la mejor posible, más que de hermana, también un poco de madre.

(...) Yo lo vi cuando ya estaba en el cajón, listo para el entierro. (...) Pude observar varias marcas de tortura. (...) Lo habían golpeado. (...)

[Todo esto] me dejó shockeada, quedé aterrorizada, tuve muchas noches de pesadillas (...). Quedé aterrorizada (...). Sentía un dolor en el pecho, pero no un dolor que lastimaba el corazón, un dolor que desgarraba el alma. (...)

[Lo ocurrido] aún hoy tiene efecto, (...) son seis años de desesperación por justicia. (...) Comencé una gran lucha por justicia (...). Tuve tres años de depresión, (...) viajé mucho en la búsqueda de justicia (...)"[165] .

[165] . Corte Interamericana de Derechos Humanos [CtIADH], Transcripción de la Audiencia Pública del 30.11.2005 y 01.12.2005 en el caso Caso Ximenes Lopes versus Brasil,pp. 23 y 27-28.

6. Irene, decidida y efectivamente, resolvió, al lado de la tumba de su querido hermano, partir con determinación en búsqueda de justicia pública, como es la praxis de su tiempo, de nuestro tiempo, que hasta hoy, con la adopción de la presente Sentencia de la Corte Interamericana, no había encontrado. Como relató ante esta Corte,

"(...) El día del entierro de mi hermano en el cementerio, me arrodillé sobre su cajón y juré que mi alma no se tranquilizaría hasta tanto no hubiese justicia, y ya llevo seis años buscando justicia. (...) Ahora dejé que mi alma se calmara, pero no dejé la muerte de mi hermano impune, yo exijo justicia"[166] .

[166] . Ibid. , p. 28, y sobre la responsabilidad del Estado, cf. p. 32.

La presente Sentencia de la Corte Interamericana, a ser debidamente cumplida por el Estado brasileño, reivindica su sufrimiento y satisface su sed de justicia. Asimismo, revela la importancia de la jurisdicción internacional en nuestros días.

7. La historia de Electra y la de Irene son completamente distintas, ocurridas en épocas separadas por siglos. Sin embargo, tienen en común la tragedia de la condición humana, ante la persistencia de la indiferencia y la crueldad realzadas en el trato de los más vulnerables, así como también la búsqueda desesperada y desesperante de la justicia (antes privada, hoy pública). Develan la insondable presencia de la tragedia en los misterios que rodean a la vida, que algunos han buscado simplificar, caracterizándola como destino. El sufrimiento humano continua siendo irremediablemente una triste marca de la condición humana a lo largo de los siglos. Con particular clarividencia, Sófocles advertía, ya en el siglo V a.C. , en su Edipo Rey[167] , que jamás hay que decir que alguien es feliz hasta el momento en que haya traspasado el límite extremo de la vida libre de dolor.

[167] . En la penetrante frase final - versos 1529-1530.

8. Y la evolución de la justicia privada (de los antiguos griegos) a la justicia pública (de los "modernos" y "postmodernos") parece continuar inacabada, revistiéndose de un carácter ritualista, contaminada por la erosión y la "tercerización" de los servicios públicos y por una justicia meramente formalista. A lo cual se agrega la lamentable transformación de bienes públicos como la salud y la educación en mercaderías. Damião Ximenes Lopes tuvo una muerte violenta al ser confiado a la "previsión" social pública y al ser confinado en una casa de "reposo",la de Guararapes.

9. La muerte violenta del indefenso Damião, que buscaba tratamiento médico, tuvo un efecto devastador en la vida, no sólo de su hermana Irene, sino también de todos los familiares inmediatos. De acuerdo con el relato de Irene ante la Corte, el hermano mellizo de Damião, Cosme, en virtud de la proximidad con el hermano victimado, "entró en estado de shock" al enterarse del fallecimiento de Damião. Inclusive, - agregó Irene- "hasta hoy Cosme no conoce los detalles de la tortura y de la violencia; nosotros los omitimos porque ello le causaría mucho sufrimiento y queríamos preservar su salud"[168] . En otras palabras, fue debidamente preservado de la verdad, lo cual se muestra en determinadas circunstancias necesario, porque la tragedia del conocimiento de la condición humana puede, a veces, tornarse insoportable, principalmente para los más vulnerables o sensibles.

[168] . [CtIADH], Transcripción de la Audiencia Pública. . . , op. cit. supra n. (3), p. 27.

10. La vida de la madre se vio "completamente arruinada", está siempre recordando la muerte de su hijo Damião, "está deprimida hasta hoy y declara que desea morir"[169] . La madre y el padre ya estaban separados, pero habían conservado los lazos familiares de afecto con los hijos; el padre, preso de un "gran sufrimiento" y "deseo de venganza" por la muerte de Damião, buscó "ayuda espiritual" en una iglesia evangélica, lo cual "lo amenizó"[170] . El sufrimiento humano tiene, además, una dimensión intergeneracional, pasando de padres a hijos - como advertido en el libro del Génesis, que pronostica que todos los humanos serán conocedores del bien y del mal (3,5).

[169] . Ibid. , p. 28.

[170] . Ibid. , pp. 28.

11. Las sombras de la existencia humana son retomadas en el libro de Job, donde los opresores dan sus órdenes marcadas por la violencia a los oprimidos (24.2-4.9 y 24.5-8.10-12ab). Al momento de la muerte de Damião, su hermana Irene tenía una hija recién nacida que, como consecuencia de lo ocurrido, dejó de ser amamantada; como señaló Irene ante esta Corte, "debido al shock emocional, pasé semanas sin alimentarla, y mis pechos no producían leche; mi hija se quedó sin alimento natural, tuvo que tomar alimento artificial"[171] . El sufrimiento humano pasa de generación en generación, desde el comienzo hasta el fin de la vida. Como ya lo advertía el Eclesiastés:

"no hay quien consuele las lágrimas de los oprimidos; nadie los apoya contra la violencia de sus opresores" (4,1).

[171] . Ibid. , p. [9].

12. Sófocles bien lo intuyó, en los coros tanto de Antígona como de Edipo Rey: el primero afirmó que

"Thrice happy are they who have

never known disaster!

Once a house is shaken of heaven, disaster

Never leaves it, from generation to generation. (...)

Then pray no more; from suffering that has been

Decreed no man will ever find escape"[172] .

Y el segundo indagó:

"Has any man won for himself

More than the shadow of happiness,

A shadow that swiftly fades away?"[173] .

[172] . Versos 584-587 y 1335-1337.

[173] . Versos 1189-1191. - Textos in: Sophocles, Antigone - Oedipus the King, Electra, Oxford, University Press, 1998 [reed. Oxford World's Classics].

13. Como señaló Edgar Morin en el siglo XX, la propia historia de la cultura humana se yergue sobre actos de crueldad, sin que haya un solo testimonio de la cultura que no lo sea igualmente de actos de barbarie[174] . Lo cual lo llevó a agregar que

            "Como la propia vida, el hombre se desenvuelve en el azar, contiene el azar en si mismo, está hecho para encontrarse con el azar, combatirlo, domesticarlo, escapar a él, fecundarlo, jugar con él, correr el riesgo que supone, aprovechar las oportunidades. . .

            (...) La vida está siempre al borde del desastre. La muerte está en el universo físico-químico en el que la vida corre constantemente el riesgo de perecer, pero en el que se ha formado, tejido, desarrollado. La muerte está en la indeterminación micro-física, pero indeterminación que al mismo tiempo está en la fuente de las mutaciones y las creaciones, de toda creación. La mutación, fuente de la muerte, es también fuente de la vida. Lo desordenado, ese caos subterráneo y permanente, es a la vez lo que crea y lo que destruye.

            (...) La muerte, para el hombre, está en el tejido del mundo, de su ser, de su espíritu, de su pasado, de su futuro".

[174] . E. Morin, El Hombre y la Muerte (1970), 4a. ed. , Barcelona, Ed. Kairós, 2003 [reed. ], p. 53.

14. Sin embargo, a pesar de estar privado de felicidad y abandonado al ocaso (como el Sr. Damião Ximenes Lopes, en el presente caso ante esta Corte, quien, confiado a la "previsión" social en una casa de "reposo", allí encontró la muerte violenta), el ser humano no puede abandonar la lucha por la justicia, mientras mantenga la capacidad de indignación. De otro modo, estará privado no sólo de la felicidad, sino también de la búsqueda del sentido de la vida, aunque tan breve y efímera. Otra lección que puede extraerse de Electra (y también, agrego, de la reacción de Irene Ximenes Lopes), es que "la vida es mucho más cómoda cuando se somete a las peores injusticias y si se olvida de que son injusticias"[175] . Sí, se vuelve más cómoda, pero también completamente sin sentido. De allí la inevitabilidad del sufrimiento ante la crueldad humana.

[175] . Simone Weil, La Fuente Griega, Madrid, Ed. Trotta, 2005 [reed. ], p. 66.

15. En mi Tratado de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, me tomo la libertad de destacar precisamente la proyección del sufrimiento humano en el tiempo y la centralidad de las víctimas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Como allí afirmo, inter alia, con respecto a ese punto,

            "El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al orientarse esencialmente a la condición de las víctimas, ha contribuido en gran medida a restituirles la posición central que hoy ocupan en el mundo del Derecho, -lo cual tiene su razón de ser. La centralidad de las víctimas en el universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, insuficientemente analizada por la doctrina jurídica contemporánea hasta la actualidad, tiene gran relevancia y acarrea consecuencias prácticas. En realidad, es de la propia esencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dado que es en la protección extendida a las víctimas que este último alcanza su plenitud. Pero el rationale de su normativa de protección no se agota en el amparo extendido a las personas ya victimadas. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por su propia existencia, universalmente reconocida en nuestros días, protege a los seres humanos también mediante la prevención de la victimización. El alcance de su corpus juris debe ser, entonces, apreciado también de ese punto de vista. (...)

            El Derecho Internacional de los Derechos Humanos contribuye, así, decisivamente, al proceso de humanización del Derecho Internacional[176] . El tratamiento dado a los seres humanos por parte del poder público ya no es algo extraño al Derecho Internacional. Muy por el contrario, es lo que dice al respecto de éste, porque los derechos de los que son titulares todos los seres humanos emanan directamente del Derecho Internacional. Los iniduos son, efectivamente, sujetos de derecho tanto interno como internacional. Y ocupan una posición central en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sean o no víctimas de violaciones de sus derechos  internacionalmente consagrados"[177] .

[176] . Como señalamos reiteradamente en nuestros Votos Separados en Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como, inter alia, en los casos "Meninos de Rua" (Villagrán Morales y Otros versus Guatemala (Reparaciones, 2001), Blake versus Guatemala (Mérito, 1998, y Reparaciones, 1999), Bámaca Velásquez versus Guatemala (Mérito, 2000, y Reparaciones, 2002), así como también en nuestro Voto Concurrente en el Dictamen de la Corte Interamericana sobre el Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Ámbito de las Garantías del Debido Proceso Legal (1999).

[177] . A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto Alegre, S.A. Fabris Ed. , 2003, pp. 434-436, párrafos 48 y 50.

II. El Reconocimiento de Responsabilidad Internacional del Estado Demandado.

16. En lo referente a las consideraciones previas de la presente Sentencia sobre el caso Ximenes Lopes, no debe pasar desapercibido que la Corte Interamericana valoró el reconocimiento de la responsabilidad internacional por parte del Estado demandado como "una contribución positiva para el desarrollo de este proceso y para la vigencia de los principios que inspiran a la Convención Americana en el Brasil" (par. 80), en particular en lo que se refiere al reconocimiento de la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención (pars. 119 y 122). Con ello cesó la controversia con respecto a determinados actos del caso concreto, aunque la Corte  naturalmente no se hubiese eximido de proceder, como correspondía, a su propia valoración de los hechos.

17. Además, como se desprende de la audiencia pública ante esta Corte del 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, las partes intervinientes demostraron un espíritu constructivo y de cooperación procesal, además de celo y profesionalismo en el envío de documentación a la Corte y en la presentación de sus respectivos argumentos orales. Ello posibilitó que la Corte cumpliera con el deber de prestación jurisdiccional efectiva dentro de un plazo razonable bajo la Convención americana, -en contraste con lo ocurrido en el plano del derecho interno,- lo cual destaca la relevancia de la jurisdicción internacional.

18. Con respecto a la correcta resolución por esta Corte de la cuestión de la excepción preliminar interpuesta por el Estado demandado, no veo la necesidad de reiterar íntegramente mi Voto Concurrente en la anterior Sentencia del 30.11.2005 en el presente caso Ximenes Lopes, sino sólo su último párrafo, en el cual, con respecto a la necesidad de una reflexión más profunda sobre el perfeccionamiento de los procedimientos bajo la Convención Americana y sobre una mejor aclaración del rol reservado a la Comisión bajo la Convención, afirmé:

"Mi posición al respecto es clarísima, y se encuentra registrada en el Proyecto de Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que presenté en nombre de la Corte Interamericana, a los órganos competentes de la Organización de los  Estados Americanos (OEA) en 2001[178] , que consagra el acceso directo de la persona humana a la justicia internacional, la jurisdicción automáticamente obligatoria de la  Corte Interamericana, la jurisdiccionalización del sistema interamericano de protección, y la retención, en el ámbito de éste último, en la actualidad, del rol de fiscal de la Comisión Interamericana" (par. 3).

[178] . A.A. Cançado Trindade, Bases para un Proyecto de Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para Fortalecer Su Mecanismo de Protección, vol. II, 2a. ed. , San José de Costa Rica, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2003, pp. 1-1015.

III. El Derecho de Acceso a la Justicia Lato Sensu en la Indisociabilidad entre los Artículos 25 y 8 de la Convención Americana.

19. A continuación, me tomo la libertad de retomar aquí una de las cuestiones centrales examinadas por la Corte en la presente Sentencia del caso Ximenes Lopes (y tratada en su jurisprudence constante, y en numerosos Votos que he emitido en casos contenciosos sometidos al conocimiento de este Tribunal), es decir, la del acceso a la justicia lato sensu, consustanciado en la indisociabilidad - que hace años afirmo en el seno de esta Corte - entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana. Al respecto, en su reciente y extenso Voto Separado en el caso Massacre de Pueblo Bello versus Colombia (Sentencia del 31.01.2006), abordé, siguiendo una secuencia lógica, el amplio alcance del deber general de garantía (artículo 1.1 de la Convención Americana) y las obligaciones erga omnes de protección (pars. 2-13), el génesis, la ontología y la hermenéutica de los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (pars. 14-21), la irrelevancia de alegar dificultades de derecho interno (pars. 22-23), el derecho a un recurso efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte Interamericana (pars. 24-27); inmediatamente, examiné la indisociabilidad entre el acceso a la justicia (derecho a un recurso efectivo) y las garantías del debido proceso legal (artículos 25 y 8 de la Convención Americana) (pars. 28-34), y concluí que dicha indisociabilidad consagrada en la jurisprudence constante de la Corte hasta el presente (pars. 35-43), constituye "un patrimonio jurídico del sistema interamericano de protección y de los pueblos de nuestra región", razón por la cual me opongo firmemente a cualquier tentativa de desconstruirlo" (par. 33).

20. En el mismo Voto Separado del caso Massacre de Pueblo Bello, sostuve la mencionada indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana como un "avance jurisprudencial intangible" (pars. 44-52)[179] . Luego abordé el derecho de acceso a la justicia lato sensu, observando que

            "En los Informes que presenté, como entonces Presidente de la Corte Interamericana, ante los órganos competentes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), e.g. , los días 19.04.2002 y 16.10.2002, sostuve mi entendimiento en el sentido del amplio alcance del derecho de acceso a la justicia a nivel internacional, del derecho de acceso a la justicia lato sensu[180] . Tal derecho no se reduce al acceso formal, stricto sensu, a la instancia judicial (tanto interna como internacional), sino que comprende, además, el derecho a la prestación jurisdiccional, y encuéntrase subyacente a disposiciones interrelacionadas de la Convención Americana (como los artículos 25 y 8), además de permear el derecho interno de los Estados Partes[181] . El derecho de acceso a la justicia, dotado de contenido jurídico propio, significa, lato sensu, el derecho a obtener justicia. Configúrase, así, en suma, como el derecho a la propia realización de la justicia.

            Uno de los componentes principales de ese derecho es precisamente el acceso directo a un tribunal competente, mediante un recurso efectivo y rápido, y el derecho a ser prontamente oído por dicho tribunal, independiente e imparcial, a niveles tanto nacional como internacional (artículos 25 y 8 de la Convención Americana). Como me permití señalar en una obra reciente, podemos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento jurídico - a niveles tanto nacional como internacional - que efectivamente salvaguarde los derechos fundamentales de la persona humana"[182] (párs. 61-62).

[179] . En el mismo Voto Razonado, también me referí a la superación de las vicisitudes en cuanto al derecho a un recurso efectivo en la construcción jurisprudencial de la Corte Europea de Derechos Humanos (párrs. 53-59).

[180] . Cf. también A.A. Cançado Trindade, "El Derecho de Acceso a la Justicia Internacional y las Condiciones para Su Realización en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", 37 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 53-83; A.A. Cançado Trindade, "Hacia la Consolidación de la Capacidad Jurídica Internacional de los Peticionarios en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos", 37 Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (2003) pp. 13-52.

[181] . En ese sentido, cf. E.A. Alkema, "Access to Justice under the ECHR and Judicial Policy - A Netherlands View", in Afmaelisrit pór Vilhjálmsson,Reykjavík, Bókaútgafa Orators, 2000, pp. 21-37.

[182] . A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, tomo III, Porto Alegre/Brasil, S.A. Fabris Ed. , 2002, cap. XX, p. 524, párr. 187.

21. Finalmente, en el mismo Voto Separado del caso Massacre de Pueblo Bello, me permití reiterar mi entendimiento en el sentido de que el derecho al Derecho constituye un "imperativo del jus cogens":

            "La indisociabilidad que sostengo entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana (supra) conlleva a caracterizar como siendo del dominio del jus cogens el acceso a la justicia entendido como la plena realización de la misma, o sea, como siendo del dominio del jus cogens la intangibilidad de todas las garantías judiciales en el sentido de los artículos 25 y 8 tomados conjuntamente. No puede haber duda de que las garantías fundamentales, comunes al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario[183] , tienen una vocación universal al aplicarse en todas y cualesquier circunstancias, conforman un derecho imperativo (perteneciendo al jus cogens), y acarrean obligaciones erga omnes de protección[184] .

            Posteriormente a su histórica Opinión Consultiva nº 18, sobre la Condición Jurídica y Derechos de los Inmigrantes Indocumentados de 2003, la Corte ya podía y debería haber dado este otro salto cualitativo adelante en su jurisprudencia. Me atrevo a alimentar la esperanza de que la Corte lo hará lo más pronto posible, si realmente sigue adelante en su jurisprudencia de vanguardia, - en lugar de intentar frenarla, - y amplíe el avance logrado con fundamentación y coraje por su referida Opinión Consultiva nº 18 en la línea de la continua expansión del contenido material del jus cogens" (párrs. 64-65).

[183] . E.g. , artículo 75 del Protocolo I (de 1977) a las Convenciones de Ginebra (de 1949) sobre Derecho Internacional Humanitario.

[184] . Cf. , también en ese sentido, e.g. , M. El Kouhene, Les garanties fondamentales de la personne en Droit humanitaire et droits de l'homme, Dordrecht, Nijhoff, 1986, pp. 97, 145, 148, 161 y 241.

22. Para mi particular satisfacción, la Corte Interamericana, en la presente Sentencia sobre el caso Ximenes Lopes, se mantuvo fiel, por unanimidad, a su mejor jurisprudence constante al respecto, reiterando con la mayor claridad su entendimiento de la ineluctable indisociabilidad entre los artículos 25 y 8 de la Convención Americana, tal como se desprende inequívocamente del párrafo 191 de la presente Sentencia, al señalar que "el recurso efectivo del artículo 25 debe tramitarse de acuerdo con las normas del debido proceso legal establecidas en el artículo 8 de la Convención". Además, la Corte recordó que la responsabilidad internacional del Estado por la violación de normas internacionales es distinta de su responsabilidad en el derecho interno (par. 193).

23. Paralelamente a la posición asumida por la Corte al respecto, no puedo dejar de mencionar que, en respuesta a las preguntas que les formulé en la audiencia pública ante esta Corte de los días 30 de noviembre y 1º de diciembre de 2005, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como los representantes de la víctima y sus familiares expresaron que la mejor hermenéutica de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana es la que efectiva y necesariamente los vincula. La CIDH se pronunció en defensa del "conjunto integrado del debido proceso y tutela judicial efectiva del artículo 8.1 y del artículo 25" de la Convención[185] , y los mencionados representantes afirmaron en el mismo sentido que "la lectura más clara de esa normativa dentro del sistema interamericano sería la de que los dos artículos deberían ser analizados en conjunto, incluso porque eso es precisamente lo que hace la mayoría de la jurisprudencia de esta Honorable Corte"[186] .

[185] . CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública. . . , op. cit. supra n. (3), p. 125.

[186] . Ibid. , p. 126.

IV. El Derecho de Acceso a la Justicia como Derecho a la Pronta Prestación Jurisdiccional.

24. El derecho de acceso a la justicia lato sensu presupone el entendimiento de que se trata del derecho a la pronta prestación jurisdiccional. Su fiel observancia no se constató en el presente caso Ximenes Lopes, como se desprende claramente de los propios hechos. Por ejemplo, el 27.03.2000, el representante del Ministerio Público presentó una denuncia penal en la Circunscripción de Sobral contra cuatro personas que supuestamente habían incurrido en las penas del Código Penal brasileño (artículo 136.2) por el delito de maltrato, resultando en la muerte de la víctima (Sr. Damião Ximenes Lopes). Dos meses después, los fiscales del Centro de Apoyo Operativo de los Grupos Socialmente Discriminados de la Procuraduría General de Justicia manifestaban al Fiscal que actuaba en la causa que la ampliación de la denuncia constituía una "imposición institucional y legal"; pese a lo que antecede, sólo el 22.09.2003, al presentarse los alegatos finales, la Fiscalía amplió la denuncia para incluir a otras dos personas.

25. La morosidad en la tramitación de la ampliación de denuncia se prolongó aún más, dado que ésta llegó a manos del Juez de la Circunscripción de Sobral recién el  17.06.2004. Al recibirla, buscó justificar su propio retraso por el "volumen de trabajo propio de la 3ª Nominación de la Circunscripción de Sobral", además del goce de "30 días de vacaciones", sumados a "60 días de licencia médica". O sea, la ampliación de denuncia sólo se recibió 8 meses y 25 días después de haber sido presentada. En esa oportunidad, el mencionado Juez ordenó la citación de los nuevos acusados y la intimación "con máxima urgencia" del asistente de acusación y de los abogados de la defensa para la presentación de sus alegatos finales. O sea, la así llamada "máxima urgencia" lo era para los demás, y no para sí mismo, constituyendo un retrato del ritual de la "justicia" del derecho interno no sólo del Estado demandado ante esta Corte, sino también de tantos otros Estados en distintas latitudes. En aquel momento, el proceso penal delcas d'espèce llevaba más de 4 años y 2 meses sin que siquiera se hubiese dictado sentencia de primera instancia.

26. En la audiencia pública del 30 de noviembre y del 1º de diciembre ante esta  Corte Interamericana sobre el presente caso, les recordé a las partes intervinientes el deber estatal de "prestación jurisdiccional y efectiva dentro de un plazo razonable" bajo la Convención Americana, y señalé la necesidad urgente - como un problema no sólo brasileño, sino de todos los países - de "capacitación de los jueces en materia de derechos humanos, que en este caso fue patente, tanto en esta audiencia como en el examen del expediente del mismo"[187] . Me permito aquí recordar una advertencia, en la misma línea de pensamiento, formulada hace una década y media en un Seminario histórico y pionero, de movilización nacional con respecto a la adhesión del Brasil a la Convención Americana y a los dos Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; en esa oportunidad, el emérito Profesor Washington Peluso Albino de Souza, al referirse a la "sistemática de organización del poder judicial" orientada a la "carrera" y al tipo de "formación" ofrecida por las Facultades de Derecho, con particular lucidez a lo largo de los debates sostuvo que: 

            "Raramente se infunde la necesidad de penetración de la realidad para el conocimiento del Derecho. Se practica el método dogmático formando jueces legalistas por convicción. Entonces, si la ley es alienada de la realidad, la consecuente sentencia no puede dejar de serlo. De esta forma se concreta, con plena seguridad profesional, la injusticia en nombre del Derecho. De ahí el descrédito del ciudadano en la justicia en nuestro país, con adagios comunes, como el de que "es mejor un mal acuerdo que una buena demanda"[188] .

[187] . CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública. . . , op. cit. supra n. (3), pp. 123-124.

[188] . Cit. in: A.A. Cançado Trindade, A Proteção dos Direitos Humanos nos Planos Nacional e Internacional: Perspectivas Brasileiras (Actas del Seminario de Brasília de 1991), Brasília/San José de Costa Rica, IIDH/F. -Naumann-Stiftung, 1992, p. 170 (intervención del Prof. Washington P. Albino de Souza).

V. La Aplicabilidad Directa de la Convención Americana en el  Derecho Interno y las Garantías de No Repetición de Hechos Lesivos.

27. Felizmente hoy los justiciables en el Estado demandado también cuentan con la jurisdicción internacional, para la reivindicación de sus derechos. Tal como señalé en mi discurso de apertura del año judicial de la Corte Europea de Derechos Humanos de 2004, - como invitado de esta última para la mencionada ceremonia en Estrasburgo, - los dos tribunales internacionales de derechos humanos han hecho notables avances en la realización de justicia internacional, de la perspectiva correcta, a saber, la de los justiciables[189] . Ambos contribuyeron decisivamente a la emancipación del ser humano frente a su propio Estado, al establecimiento de un nuevo paradigma en el presente ámbito de protección internacional, y a la  humanización del Derecho Internacional[190] .

[189] . A.A. Cançado Trindade, "Le développement du Droit international des droits de l'homme à travers l'activité et la jurisprudence des Cours européenne et interaméricaine des droits de l'homme", 16 Revue universelle des droits de l'homme (2004) n. 5-8, pp. 177-180; A.A. Cançado Trindade, "The Development of International Human Rights Law by the Operation and the Case-Law of the European and Inter-American Courts of Human Rights", 25 Human Rights Law Journal (2004) n. 5-8, pp. 157-160. Y, para un estudio más amplio, cf. A.A. Cançado Trindade, "Approximations and Convergences in the Case-Law of the European and Inter-American Courts of Human Rights", in Le rayonnement international de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (eds. G. Cohen-Jonathan y J. -F. Flauss), Bruxelles, Nemesis/Bruylant, 2005, pp. 101-138.

[190] . A.A. Cançado Trindade, A Humanização do Direito Internacional, Belo Horizonte, Edit. Del Rey, 2006, pp. 3-409.

28. En un párrafo lapidario de la presente Sentencia, acerca de las medidas de satisfacción de los victimados y de las garantías de no repetición de hechos lesivos (como medidas de reparación no pecuniaria), la Corte advierte que

            "el Estado debe garantizar que en un plazo razonable el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables por los hechos de este caso surta sus debidos efectos, dando aplicabilidad directa en el derecho interno a la normativa de protección de la Convención Americana" (párrafo 244).

29. En la mencionada audiencia pública, en el presente caso, del 30 de noviembre y 1º de diciembre ante esta Corte, en respuesta a una de las preguntas que me permití formular sobre las actuales perspectivas generales al respecto, uno de los testigos expresó que "los constitucionalistas más justos se muestran extremadamente pesimistas con relación al resultado de lo que pueda ocurrir del punto de petrificación del poder judicial brasileño"[191] . Mi pregunta tenía en mente el nuevo párrafo 3 del artículo 5 de la Constitución Federal brasileña[192] . No es mi objetivo aquí examinar dicho dispositivo (tampoco lo merece), sino referirme a él del punto de vista de la Convención Americana, como derecho aplicable al cas d'espèce.

[191] . CtIADH, Transcripción de la Audiencia Pública. . . , op. cit. supra n. (3), p. 98 (declaración del Sr. João Alfredo Teles Melo).

[192] . Consonante con la enmienda constitucional nº 45, del 08.12.2004.

30. Esta nueva disposición busca otorgar, de forma poco feliz, status constitucional, en el ámbito del derecho interno brasileño, sólo a los tratados de derechos humanos que sean aprobados por una mayoría de 3/5 de los miembros tanto de la Cámara de Diputados como del Senado Federal (pasando así a ser equivalentes a enmiendas constitucionales). Mal concebido, mal redactado y mal formulado, representa un lamentable retroceso con relación al modelo abierto consagrado por el párrafo 2 del artículo 5 de la Constitución Federal de 1988, que resultó de una propuesta de mi autoría para la Asamblea Nacional Constituyente, como ha sido históricamente documentado[193] . En lo referente a los tratados anteriormente aprobados, crea un imbroglio muy a gusto de los publicistas estatocéntricos, insensibles a las necesidades de protección del ser humano; con respecto a los tratados por aprobar, genera la posibilidad de una diferenciación muy a gusto de publicistas autistas y miopes, tan poco familiarizados, -así como los parlamentarios que les prestan oídos, - con las conquistas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

[193] . Para un recuento circunstanciado del párrafo 2 del artículo 5 de la Constitución Federal brasileña, con las correspondientes referencias a las fuentes documentológicas, cf. A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. III, Porto Alegre, S.A. Fabris Ed. , 2003, pp. 597-643; A.A. Cançado Trindade, A Proteção Internacional dos Direitos Humanos e o Brasil (1948-1997): As Primeiras Cinco Décadas, 2a. ed. , Brasília, Edit. Universidade de Brasília (Ed. Humanidades), 2000, pp. 1-214; G.R. Bandeira Galindo, Tratados Internacionais de Direitos Humanos e Constituição Brasileira, Belo Horizonte, Edit. Del Rey, 2002; Sílvia M. da Silveira Loureiro, Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos na Constituição, Belo Horizonte, Edit. Del Rey, 2005.

31. Este retroceso provinciano pone en riesgo la interrelación o inisibilidad de los derechos protegidos en el Estado demandado (previstos en los tratados que lo vinculan), amenazándolos de fragmentación o atomización, a favor de los excesos de un formalismo y hermetismo jurídicos contaminados por el oscurantismo. La nueva disposición es vista con complacencia y simpatía por los así llamados "constitucionalistas internacionalistas", que se embanderan en jusinternacionalistas sin llegar a serlo ni de lejos, dado que sólo consiguen vislumbrar el sistema jurídico internacional a través de la óptica de la Constitución Nacional. Ni siquiera está demostrada la constitucionalidad del lamentable párrafo 3 del artículo 5, sin que sea mi intención pronunciarme aquí al respecto; lo que sí afirmo en el presente Voto, -tal como lo afirmé en la conferencia que di el 31/3/2006 en el auditorio repleto del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) en Brasilia, al final de las audiencias públicas ante esta Corte que tuvieron lugar en la histórica Sesión Externa de la misma recientemente realizada en el Brasil,- es que, en la medida en que el nuevo párrafo 3 del artículo 5 de la Constitución Federal brasileña abre la posibilidad de restricciones indebidas en la aplicabilidad directa de la normativa de protección de determinados tratados de derechos humanos en el derecho interno brasileño (pudiendo incluso inviabilizarla), éste se muestra abiertamente incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1.1, 2 y 29).

32. Del punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en general, y de la normativa de la Convención Americana en particular, el nuevo párrafo 3 del artículo 5 de la Constitución Federal brasileña no pasa de una lamentable aberración jurídica. El grave retroceso que representa revela, una vez más, que la lucha por la salvaguarda de los derechos humanos tanto en el plano nacional como internacional, no tiene fin, como en el perenne recomenzar inmortalizado por el mito de Sísifo. Al bajar la montaña para volver a empujar la roca hacia arriba, se toma consciencia de la condición humana, y de la tragedia que la circunda (como lo ilustrado por las historias de Electra y de Irene Ximenes Lopes Miranda).

33. Pero hay que seguir luchando, inclusive para que la justicia pública reaccione inmediatamente y ex officio ante la comisión del ilícito y la victimización, y no movida por el aparente contragusto y a duras penas por los familiares de las víctimas. Hay que seguir luchando, porque, en realidad, no queda otra alternativa:

            "Sisyphe, revenant vers son rocher, contemple cette suite d'actions sans lien qui devient son destin, créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. (...) Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui (...) soulève les rochers. (...) La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un coeur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux"[194] .

[194] . A. Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 168.

34. Los triunfalistas de la reciente inserción del párrafo 3 en el artículo 5 de la Constitución Federal brasileña, rehenes de un derecho formalista y olvidados del Derecho material, no parecen darse cuenta de que, del punto de vista del Derecho Internacional, un tratado como la Convención Americana ratificado por un Estado lo vincula ipso jure, aplicándose de inmediato y directamente, haya éste obtenido aprobación parlamentaria previa por mayoría simple o calificada. Tales disposiciones de orden interno,- o, menos todavía, de interna corporis, - son simples hechos del punto de vista del ordenamiento jurídico internacional, o sea, son, del punto de vista jurídico internacional y de la responsabilidad internacional del Estado, enteramente irrelevantes.

35. La responsabilidad internacional del Estado por violaciones comprobadas de derechos humanos permanece intangible, independientemente de los malabarismos pseudo-jurídicos de ciertos publicistas (como la creación de distintas modalidades de aprobación parlamentaria previa de determinados tratados con pretendidas consecuencias jurídicas, la previsión de requisitos previos para la aplicabilidad directa de tratados humanitarios en el derecho interno, entre otros), que no hacen más que ofrecer subterfugios vacíos a los Estados para intentar librarse de sus compromisos de protección del ser humano en el ámbito de lo contencioso internacional de los derechos humanos. En definitiva, la protección internacional de los derechos humanos constituye una conquista humana irreversible, y no se dejará vencer por melancólicos accidentes del recorrido del género.

36. Como vivimos en un mundo surrealista, si no irracional, ya me había tomado la libertad, en el Memorial que presenté en el panel inaugural de la III Conferencia Nacional de Derechos Humanos en el Congreso Nacional en Brasilia en mayo de 1998, de formular una advertencia contra eventuales y futuras enmiendas constitucionales restrictivas. Transcurrida más de media década, fue lo que exacta y lamentablemente acaba de ocurrir. El formalismo jurídico vacío prevaleció sobre la identidad de propósito entre el derecho público interno y el derecho internacional en lo referente a la protección integral de los derechos inherentes a la persona humana. En mi premonición de 1998, así me referí a los riesgos de futuras restricciones a lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Constitución Federal de 1988:

            "Modificarlo para adaptarlo -mejor dicho, aprisionarlo- a la tesis hermenéutica y positivista de la "constitucionalización" de los tratados, implicaría, a mi modo de ver, un retroceso conceptual en nuestro país en este particular. Hay que ir más allá de la "constitucionalización" estática de los tratados de derechos humanos. Aquí, nuevamente, se impone un cambio fundamental de mentalidad, una mejor comprensión de la materia. No se puede seguir pensando dentro de categorías y esquemas jurídicos construidos hace varias décadas, ante la realidad de un mundo que ya no existe"[195] .

[195] . A.A. Cançado Trindade, "Memorial em Prol de uma Nova Mentalidade quanto à Proteção dos Direitos Humanos nos Planos Internacional e Nacional", 51 Boletim da Sociedade Brasileira de Direito Internacional (1998) pp. 90-91.

37. La garantía de no repetición de violaciones a los derechos humanos, determinada por la Sentencia de la Corte Interamericana en el caso Ximenes Lopes (párrafo 246, supra), pasa necesariamente por la educación y capacitación en materia de derechos humanos. En mi mencionada intervención de 1998 en el Congreso Nacional en Brasilia, agregué que la "nueva mentalidad" que propugnaba "tendrá que manifestarse con mayor fuerza," -enfaticé,- "en el seno de una sociedad más integrada y teñida de un fuerte sentimiento de solidaridad humana, sin la cual poco logra avanzar el Derecho"[196] . De ahí la relevancia de la educación, formal y no formal, en materia de derechos humanos; en este aspecto, se vuelven esenciales la difusión y el mejor conocimiento de la jurisprudencia protectora de los derechos de la persona humana de la Corte Interamericana, cuya aplicabilidad directa se impone en el derecho interno de los Estados Partes.

[196] . Ibid. , p. 94.

VI. La Necesidad de Ampliación del Contenido Material del Jus Cogens.

38. En la presente Sentencia del caso Ximenes Lopes versus Brasil, la Corte Interamericana advirtió que el derecho a la integridad personal, consagrado en la Convención Americana, tiene por "finalidad principal" la "prohibición imperativa de la tortura y penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", sin que se admita, por lo tanto, suspensión en "circunstancia alguna" (par. 126). La Corte ya lo había advertido en su Sentencia (del 18.08.2000) en el caso Cantoral Benavides versus Perú (pars. 95-96). En otras palabras, la mencionada prohibición recae en el ámbito del jus cogens.

39. El hecho de que la víctima directa del presente caso fuera portadora de una deficiencia mental (el primer caso del género ante la Corte) lo reviste de circunstancia agravante. En la presente Sentencia, la Corte reconoce la "protección legal" que requieren las personas particularmente vulnerables, portadoras de deficiencia mental, - como el Sr. Damião Ximenes Lopes, víctima fatal en el cas d'espèce (pars. 103-105), - y advierte que

            "(...) La vulnerabilidad intrínseca de las personas con deficiencias mentales se agrava por el alto grado de intimidad que caracteriza a los tratamientos de las enfermedades psiquiátricas, que vuelve a estas personas más susceptibles a tratamientos abusivos cuando se las somete a internación" (par. 106).

40. Las obligaciones de protección, -más aún en una situación de alta vulnerabilidad de la víctima como la presente,- se revisten del carácter erga omnes (par. 85), abarcando también las relaciones interiniduales, teniendo presente el deber del Estado de prevención y de debido cuidado, principalmente con relación a personas que se encuentran a su cuidado. La salud pública es un bien público, no una mercadería. En mis numerosos escritos y Votos en el seno de esta Corte, vengo expresando hace muchos años mi entendimiento en el sentido de que todas las obligaciones convencionales de protección están revestidas de un carácter erga omnes. Me resulta particularmente difícil escapar de la impresión que me asalta en el sentido de que durante todo ese tiempo tal vez haya escrito y continúe escribiendo para los pájaros. . .

41. Habría apreciado que la Corte se hubiese esmerado más en la fundamentación de sus propios obiter dicta al respecto, pero no hubo tiempo para ello, en virtud del ritmo innecesariamente casi frenético que últimamente se ha impuesto a si misma -contra mi opinión- para tomar decisiones en tiempo record. Como he manifestado reiteradamente a la mayoría de la Corte, me opongo a sacrificar la fundamentación completa y cabal de sus sentencias para dar prioridad a la productividad. Reitero aquí mi entender de que no me considero "agente de producción" (ni tampoco "recurso humano"), y no puedo aceptar que el máximo valor de un Tribunal Internacional sea la productividad, como consecuencia de las deficiencias crónicas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la asignación de recursos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

42. La Corte podría y debería haber dedicado más tiempo a la fundamentación de la antes mencionada prohibición de jus cogens, tal como venía haciéndolo hasta la emisión de su trascendental Opinión nº 18 de 2003 (cf. infra). Al tratarse del primer caso ante esta Corte sobre portadores de deficiencias mentales (par. 123), podría y debería haber profundizado más al respecto. Es preciso recordar que un gran legado de la II Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), - de la cual participé del primero al último minuto, e inclusive en su proceso de preparación,- residió en el conocimiento de la legitimidad de la preocupación de toda la comunidad internacional con las condiciones de vida de la población en todas partes, y en especial de sus segmentos más vulnerables[197] .

[197] . A.A. Cançado Trindade, Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos, vol. I, 2a. ed. , Porto Alegre, S.A. Fabris Ed. , 2003, pp. 39, 91-100 y 242-251.

43. Ahora bien, las personas portadoras de deficiencias (más de 600 millones de personas, o sea, aproximadamente el 10% de la población mundial) integran estos segmentos más vulnerables de la población, y con relación a ellas el principio básico de la igualdad y la no discriminación asume trascendental importancia[198] . La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra Personas Portadoras de Deficiencias de 1999 otorga especial relevancia a este principio, repetidamente invocado tanto en su preámbulo[199] como en su parte operativa (artículos I(2)(a) y (b), II, III(1), IV(1), V(2) y VI(1) y (5)). Sin embargo, en la presente Sentencia, la Corte se refiere a él de un modo, en mi opinión, sólo oblicuo e insatisfactorio (par. 105), cuando, en su propia jurisprudencia, hay elementos preciosos que podrían haber fortalecido su fundamentación.

[198] . Cf. , e.g. , G. Quinn y T. Degener et alii, Derechos Humanos y Discapacidad - Uso Actual y Posibilidades Futuras de los Instrumentos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el Contexto de la Discapacidad, N.Y. /Ginebra, Naciones Unidas (doc. HR/PUB/02/1), 2002, pp. 1-202.

[199] . Consideranda 1, 3 y 5.

44. Así, en su pionera e histórica Opinión Consultiva nº 18 sobre el Status Jurídico y Derechos de los Inmigrantes Indocumentados (del 17/09/2003), internacionalmente aclamada y adelantada en su tiempo, la Corte afirma con acierto que el mencionado principio de la igualdad y no discriminación 

            "impregna toda actuación del poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones, relacionada con el respeto y garantía de los derechos humanos. Dicho principio puede considerarse efectivamente como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, y genera efectos con respecto a terceros, inclusive a particulares.

            (...) Este Tribunal considera que el principio de igualdad (...) y no-discriminación pertenece al jus cogens (...). Hoy día no se admite ningún acto jurídico que entre en conflicto con dicho principio fundamental, no se admiten tratos discriminatorios en perjuicio de ninguna persona (...).

            (...) El incumplimiento de estas obligaciones genera la responsabilidad internacional del Estado, y ésta es tanto más grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas perentorias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos" (pars. 100-101 y 106).

45. Sobre este punto, me tomé el trabajo de emitir, en la antes mencionada Opinión Consultiva nº 18, un extenso Voto Concurrente (pars. 1-89), en defensa de la ampliación del contenido material del jus cogens y del amplio alcance de las correspondientes obligaciones erga omnes de protección. Esta ha sido invariablemente mi posición en el seno de esta Corte, como lo prueban mis Votos Separados en los casos Massacre de Mapiripán versus Colombia (Sentencia del 15.09.2005, pars. 25-29 del Voto), Acosta Calderón versus Ecuador (Sentencia del 24.06.2005, par. 7 del Voto), Yatama versus Nicaragua (Sentencia del 23.06.2005, pars. 6-8 del Voto), Comunidad Moiwana versus Surinam (Sentencia del 15.06.2005, par. 30 del Voto), Caesar versus Trinidad y Tobago (Sentencia del 11.03.2005, pars. 85-92 del Voto), Massacre de Plan de Sánchez versus Guatemala (mérito, Sentencia del 29.04.2004, pars. 29-33 del Voto; y reparaciones, Sentencia del 19.11.2004, pars. 5-6 del Voto), Tibi versus Ecuador (Sentencia del 07.09.2004, pars. 26-35 del Voto), Hermanos Gómez Paquiyauri versus Perú (Sentencia del 08.07.2004, pars. 37-44 del Voto), Myrna Mack Chang versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2003, par. 29 del Voto), Hilaire, Constantine y Benjamin y Otros versus Trinidad y Tobago (excepciones preliminares, Sentencias del 01.09.2001, par. 38 de los Votos; y mérito, Sentencia del 21.06.2002, par. 16 del Voto), Trujillo Oroza versus Bolivia (Sentencia del 27.02.2002, par. 18 del Voto), "Meninos de Rua" (Villagrán Morales y Otros) versus Guatemala (reparaciones, Sentencia del 26.05.2001, par. 36 del Voto), Bámaca Velásquez versus Guatemala (Sentencia del 25.11.2000, par. 27 del Voto), Las Palmeras versus Colombia (excepciones preliminares, Sentencia del 04.02.2000, par. 6 del Voto); y Blake versus Guatemala (excepciones preliminares, Sentencia del 02.07.1996, pars. 11 y 14 del Voto; y mérito, Sentencia del 24.01.1998, pars. 23-30 del Voto; y reparaciones, Sentencia del 22.01.1999, par. 39-42 del Voto); y, además de eso, según lo corroborado en mis Votos Concurrentes en los casos Maritza Urrutia versus Guatemala (Sentencia del 27.11.2003, par. 5-10 del Voto), Barrios Altos versus Perú (Sentencia del 14.03.2001, par. 11 del Voto), así como también por mi  Voto Disidente en el caso Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador (excepciones preliminares, Sentencia del 23.11.2004, pars. 32 y 39-43), más otros numerosos Votos míos en medidas cautelares de protección ordenadas por esta Corte[200] .

[200] . Casos Crianças e Adolescentes Privados de Liberdade no Complexo do Tatuapé da FEBEM versus Brasil (del 30.11.2005, pars. 24-26 de mi Voto Concurrente); Prisiones de Mendoza versus Argentina (del 18.06.2005, pars. 7-20 de mi Voto Concurrente); Pueblo Indígena de Sarayaku versus Ecuador (del 06.07.2004, par. 8 de mi Voto Concurrente; y del 17.06.2005, pars. 20-26 de mi Voto Concurrente); Comunidades de Jiguamiandó y de Curbaradó versus Colombia (del 15.03.2005, pars. 8-10 de mi Voto Concurrente); Comunidad de Paz de San José de Apartadó versus Colombia (del 15.03.2005, pars. 8-10 de mi Voto Concurrente); Emisora de Televisión`Globovisión' versus Venezuela (del 04.09.2004, par. 13 de mi Voto Concurrente; Prisión de Urso Branco versus Brasil (del 07.07.2004, par. 8 de mi Voto Concurrente); y Pueblo Indígena Kankuamo versus Colombia (del 05.07.2004, par. 10 de mi Voto Concurrente).

46. Entonces pienso que la Corte podría y debería haberse apoyado en su jurisprudencia más avanzada sobre la materia en análisis en la presente Sentencia del caso Ximenes Lopes. Tal vez lo habría hecho se hubiera dado más tiempo para deliberar. Como dice el famoso adagio, la prisa es enemiga de la perfección. Inclusive, hasta principios de 2004 la Corte Interamericana venía siendo uno de los tribunales internacionales que más estaba contribuyendo para la evolución del contenido material del jus cogens, seguida por el Tribunal Penal Internacional ad hoc para la Ex-Yugoslavia. Por alguna razón que escapa a mi comprensión, últimamente parece haberse refrenado en su construcción doctrinario-jurisprudencial al respecto.

47. En mi opinión, en la presente Sentencia del caso Ximenes Lopes, al determinar las violaciones no sólo de los artículos 4 y 5 de a Convención (reconocidas por el propio Estado), sino también de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, debería haber ido más allá con respecto a estos últimos, extendiendo el dominio del jus cogens también al derecho de acceso a la justicia lato sensu, estando allí comprendidas las garantías del debido proceso legal. En ese sentido me he pronunciado en el seno de esta Corte en los últimos dos años, por ejemplo, inter alia, de lo fundamentado en mis Votos Separados en los casos López Álvarez versus Honduras (Sentencia del 01.02.2006, pars. 53-55 del Voto), Massacre de Pueblo Bello versus Colombia (Sentencia del 31.01.2006, pars. 63-65 del Voto), Baldeón García versus Perú (Sentencia del 06.04.2006, par. 10 del Voto), y Comunidad Indígena Sawhoyamaxa versus Paraguay (Sentencia del 29.03.2006, par. 36 del Voto). Espero que la Corte tenga el valor de dar en breve este nuevo salto cualitativo en su construcción jurisprudencial, ya que no lo hizo en la presente Sentencia en el caso Ximenes Lopes. A partir del día en que lo haga -espero que lo antes posible- estará contribuyendo para que se vuelva más difícil repetir historias como las de Electrae Irene en medio de la impunidad.

Antônio Augusto Cançado Trindade

Juez

Pablo Saavedra Alessandri

Secretario